Edurne Uriarte Santillán
La constitución de 1857 generó una doble
ruptura en la forma de gobierno de
México: la de la consolidación del
republicanismo en el poder ejecutivo […] y
la de su radicalización en el poder judicial […].
Los constituyentes hicieron de la
Suprema Corte de Justicia un poder “popular” […]
Israel Arroyo
Desde que la magistrada Norma Piña inició su presidencia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hemos presenciado una visible confrontación entre poderes, principalmente a través de diversas acciones de inconstitucionalidad sobre decretos y reformas legales del Ejecutivo y el Congreso. Parte de este proceso lo tomamos como excusa para mirar lo que hemos llamado un «duelo de estrategias». Un duelo vaquero, como caballeros del viejo oeste; una lucha legal que oculta batallas políticas, y que coloca a la Corte en la mira de la ciudadanía sobre su papel real.
Batallas jurídicas como esta, suelen mirarse desde el llamado lawfare —que se refiere a una guerra o un abuso de las leyes de parte de una fuerza política, para afectar a otra, bajo una aparente legalidad—. Dicho término se utiliza no solo en México sino en diferentes países donde poderes, sobre todo de la derecha, buscan afectar a gobiernos de izquierda legítimamente electos. Sin embargo, es posible agregar que los poderes, en tanto sujetos políticos del Estado, siempre tienen etapas de tensión y también es necesario reconocer cómo interactúan.
Más que en el sentido del lawfare, en las dos entregas que preceden este texto vimos un poco del contexto de las batallas presentes, incluyendo el papel de los medios de comunicación, tanto actuales como en la segunda mitad del siglo XIX. Para esta tercera y última entrega, a partir también de la entrevista realizada con el doctor Israel Arroyo, tomaremos la historia de la Corte y la política de la segunda mitad del siglo XIX.
El entorno político decimonónico
Es sencillo para la ciudadanía aceptar que el presidente o los legisladores cumplan con un papel político, pero es extraño aceptar que los magistrados también ejercen un papel político detrás de su toga defensora de la Constitución. Que nos resulte ajena la acción política del Poder Judicial es resultado de una fabricación sobre su papel e imagen como exclusivos defensores constitucionales y no como posibles actores políticos. En realidad, son auténticos estrategas, auténticos gatilleros políticos. La reflexión en torno a la SCJN aumenta cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nos invita a pensar que los ministros deberían ser elegidos por voto popular.
Este último argumento —que la ciudadanía elija a sus magistrados—, parecía un completo disparate cuando AMLO lo enunció por primera vez. Lo cierto es que, desde mediados del siglo XIX, y por más de cincuenta años, el proceso de selección incluyó el voto popular. De acuerdo con Israel Arroyo, fue un proceso radical, ya que, a ningún otro gobierno de la época —incluido el estadounidense—, se le ocurrió. Si bien esto aconteció, y acontece, en algunos estados de México y Estados Unidos, a nivel federal solo nuestro país optó por un procedimiento así.
El periodo que investiga el doctor Arroyo parte de la reforma de 1857, en que se funda —desde su perspectiva— nuestro actual sistema presidencialista. Un momento convulso, posterior a las guerras con Estados Unidos y previo a la intervención francesa; es el tiempo de las Leyes de Reforma, tiempo que AMLO llama «la segunda transformación de la vida pública de México».
Como vimos en la entrega pasada, en este periodo no existieron los partidos ni el sistema como los conocemos. Los políticos creaban clubes o se asociaban a ellos para un breve proceso de lo que actualmente entendemos como campaña. Estos clubes, en muchos casos, creaban periódicos para hacer política, esto es, promover sus ideas y difundir propuestas para que los ciudadanos los conocieran y eligieran. Las asociaciones de este tipo ayudaban a los candidatos a acceder a puestos del Congreso y de la Corte, pero, una vez ahí, el vínculo club-candidato no era tan determinante como lo es hoy entre candidatos y partidos.
Nuestro sistema, comenta Israel, viene de un modelo presidencial con hábitos parlamentarios. Por ejemplo, durante la segunda mitad del XIX, el presidente elegía a su gabinete, pero tenía que negociar con el Congreso. Israel lo cuenta de la siguiente manera: «Se dice que Juárez era más inteligente porque sabía elegir a su gabinete; sí, pero cuando las cosas se le complicaban en el Congreso, una manera de ponderar la fuerza de ese Congreso era elegir a aquellos individuos en su gabinete para disminuir la tensión. […] En muchos momentos en que gobierna Juárez se establece esa relación con el congreso». Es decir, para tratar con cuidado las relaciones con el legislativo, una posibilidad era integrar al gabinete a miembros opositores. Una medida, una estrategia política muy recurrida en aquel tiempo y que aún persiste en nuestro sistema legal.
Desde el Congreso, a diferencia de nuestro tiempo, ser legislador no era redituable, «estabas por causas», comenta Israel, no por sueldos o cuotas partidistas; era importante el proyecto que presentaban con causas específicas. La mirada que Israel comparte habla de un tiempo en que los clubes fueron un mecanismo para evitar que las elecciones fuesen demasiado azarosas, era un intento de control que nunca lograron como ahora lo hacen los partidos. Así, en las boletas se podían encontrar, y llegar a ganar, periodistas nacionales, miembros de un gabinete o de clubes de un distrito o municipio. Es decir, desde la política local que ganaba en su distrito se podía aspirar a la política nacional porque nadie controlaba esa política local.
La efervescencia de los clubes fue central en la vida política de México hasta casi la primera mitad del siglo XX; no se pueden entender los procesos electorales ni los personajes de los tres poderes sin ellos. Con la información previa, podemos señalar que aquel periodo decimonónico era un tiempo activo políticamente y el ciudadano era un sujeto presente e interesado por la vida pública. Un ciudadano que, si bien en muchos casos pertenecía a las esferas o élites políticas, económicas y sociales, podía sorprender y escalar desde otros sectores de la sociedad.
Por otro lado, hay un debate entre especialistas del periodo, sobre el papel de la ciudadanía. Entre las lecturas historiográficas —es decir, de las teorías y reconstrucciones documentadas de los historiadores—, la de Israel apunta a la mirada de una sociedad viva y activa políticamente. Por ejemplo, la política en los estados era importante y los candidatos de aquellos clubes podían alcanzar una diputación federal; en este sentido, no estaba todo tan centralizado. Otro caso es el de las mujeres que, aunque no podían acceder al voto, hay diversos casos de activismo femenino. Parte de la novedad historiográfica actual, nos comenta Israel, está en conocer a mayor detalle la actividad política del periodo a partir del análisis profundo de las papeletas electorales; desde ahí, menciona, se empieza a obtener más información sobre la dinámica electoral y política de ese pasado mexicano.
Aun cuando no eran tantos los ciudadanos que participaban, la actividad no debe subestimarse, ya que, como comenta Israel, los estudios de las actas revelan conflictos importantes sobre los votos, así como las argumentaciones sobre posibles fraudes. Este era el contexto político de elección de los magistrados, en un entorno donde la Corte se jugaba también su posición frente a los otros dos poderes.
La Suprema Corte y el voto popular
El sistema de elección mexicano originalmente contempló el voto popular, entre 1857 y 1917. Con las interrupciones del periodo de Reforma y la intervención francesa, Israel nos comenta que este fue un método que permaneció por más de cincuenta años y, desde esa lectura, el planteamiento actual del presidente está lejos de ser un disparate. Ahora bien, lo interesante —señala el historiador— está en analizar si es pertinente o no para nuestro tiempo.
Israel comenta que el método en México tiene como origen el voto popular. Es radical, desde su punto de vista, porque en nuestro país se planteó el sistema directo también para los magistrados de la Corte. Ahora bien, lo primero para analizar su pertinencia sería definir qué estamos entendiendo por «voto popular». Como él mismo explica en la entrevista, en el caso de Estados Unidos, las elecciones presidenciales y del congreso se realizan a través de un voto que no es directo, pero que sin duda es popular.
Por otro lado, en México existieron al menos dos métodos de elección de los magistrados: vía las legislaturas de los estados (en el caso de la legislación de 1824) o bien, bajo el método extraordinario de participación del Congreso, cuando no se lograba la mayoría calificada. Este segundo método se conservó y aplicó como cláusula extraordinaria a partir del número de votos efectivos, no nominales, para la elección del presidente y los magistrados.
Para el debate presente, Israel comenta que AMLO inicia bien la discusión cuando cita el libro La constitución de 1857 y sus críticos, de Daniel Cossío Villegas. Lo correcto de citar a Cossío Villegas, indica Israel, es que, entre otros elementos, él deseaba demostrar que los ciudadanos designaban bien a sus candidatos, ya que los elegidos eran, cito, «una plétora de personajes, periodistas de primera línea o exmiembros del gabinete». Lo anterior rompe con el argumento, el estigma, de que los ciudadanos no saben elegir y no van a escoger a las personas adecuadas. De esta manera tenemos al menos tres elementos del doctor Arroyo: uno, la definición del voto popular; dos, el método extraordinario, con intervención del Congreso; y tres, que los ciudadanos pueden elegir buenos candidatos.
Sin embargo, en el balance histórico de cómo se designaron los magistrados, ninguno de ellos llegó por voto popular porque ninguno logró la mayoría absoluta, con la excepción de José María Iglesias, en 1873, elegido presidente de la Corte. De esta manera, como no se lograba el mínimo necesario de votos, se activaba el método extraordinario y el Congreso elegía entre los candidatos más votados.
Ahora bien, si el método al final fue indirecto en todo el periodo, los congresistas elegían entre los candidatos que habían obtenido los mayores números en la elección ciudadana; en palabras de Israel «el voto popular participa para cerrar el listado, en ese sentido es correcto decir que participa, pero en los hechos, como no obtienen esta legitimidad de la mayoría absoluta de los electores, pues entonces nunca se eligió por voto popular». Lo anterior es una novedad de la historiografía mexicana y, como mencionamos, es parte de las investigaciones novedosas de los procesos electorales del siglo XIX.
Por otro lado, en ese momento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) era vicepresidente de facto cuando faltaba el presidente. Esta posición le daba un manejo y politización a la Corte que en las modificaciones legales posteriores se corrigió. Fue un periodo muy activo políticamente para la Corte, ya que, además, en este periodo, detentó un poder que no tuvo antes de 1857. Es en esta lucha entre poderes que nace su función de administrar el control constitucional.
Debido al enorme poder que adquirió, posteriormente se generaron otros métodos para «despresurizar la maximización política» como, por ejemplo, eliminar que el presidente de la Corte actuara como vicepresidente, situación que se ajustó durante el porfiriato. De esta manera, cuando la Corte empieza a jugar políticamente, es conveniente contener ese poder, afirma el doctor Arroyo. Al mismo tiempo, es adecuado que la Corte dirima controversias de derechos individuales y constitucionales, así como conflictos entre los poderes públicos.
Aunque el ideal constitucional de las últimas décadas del XIX era que la Corte tuviese como función el cuidado de la Carta Magna, la realidad es que la Corte y los magistrados siempre hacen política, ya que «ese elemento jurisdiccional siempre es político», comenta el historiador y agrega que sería ingenuo pensar lo contrario. En este sentido, Israel retoma testimonios como el del ministro José Ramón Cossío que afirma que la Corte «debe ser de contrapeso, que debe ser de defensa de las minorías […] Me extraña que él diga cosas así, no, la Suprema Corte de Justicia, su principal función es constitucional. Si las mayorías quieren defenderse, y tienen razón, la SCJN tiene que defenderlas; si las minorías quieren defenderse, y tienen razón, la SCJN tiene que defenderlas, pero lo que tiene que defender es la constitucionalidad [estos testimonios…] son muestras de una politización excesiva que no le está haciendo bien a la SCJ». En este sentido, es un error hacer de la Corte un actor de contrapesos.
De esta manera, concluimos nuestra conversación señalando que la Corte es siempre un actor político; al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, tiene sus objetivos en la creación y conservación del Estado y debemos vigilar también en este caso. Además, que es pertinente cuestionarnos la normalidad de nuestras instituciones y recurrir a nuestra historia para encontrar alternativas y experiencias de nuestros predecesores. Finalmente, llama la atención que en una sociedad tan activa como la del XIX, no se lograran los votos necesarios para la elección de magistrados. Lo anterior genera inquietudes para nuestro pasado y nuestro presente político electoral. Si desean escuchar la entrevista, que queda en las referencias, al final de la misma encontrarán algunas sugerencias de lecturas sobre los temas trabajados en estas tres entregas.
Referencias
- Israel Arroyo (2021) Juárez y sus gabinetes: republicanismo y división de poderes, Cámara de Diputados. Disponible en línea: https://atarrayahistoria.com/2021/02/24/arroyo-israel/
- Edurne Uriarte. Duelo de estrategias, parte 1. Rompeviento TV. En línea:
https://www.rompeviento.tv/duelo-de-estrategias-parte-1/
- Edurne Uriarte. Duelo de estrategias, parte 2. Rompeviento TV. En línea:
- Entrevista con el doctor Israel Arroyo:
Parte 1: https://youtu.be/xbNZDJztfHE
Parte 2: https://youtu.be/gK45JSYMwEs
