Edurne Uriarte Santillán
Rompeviento TV
28/11/2023
En el silencio de la violencia habita su dificultad para nombrarla y genera un ruido difícil de ordenar. Aunque implica muchas palabras —acoso, agresión, abuso, dominación, control— ninguna es la misma, y todas son formas de una misma acción, siempre en contextos de poder. La violencia se ejerce en primera, segunda y tercera persona; en singular y plural. Existe en todos los entornos humanos posibles: la familia, la amistad, el amor, el trabajo.
Actualmente nombramos la violencia de género que, por su relevancia, priorizamos sobre otras. Sin embargo, al darle voz a unas, silenciamos otras como la violencia institucional. ¿Qué es o quién la ejerce? ¿De qué manera las instituciones actúan con violencia? Estas y muchas preguntas más surgen cuando aterrizamos en casos específicos, como el que describimos en este texto. Maltrato físico y verbal, abuso de autoridad, acoso, humillación e intimidación figuran entre los señalamientos hacia el director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU), de la Secretaría de Cultura federal, Jesús Antonio Rodríguez Aguirre.
El presente relato se compone de testimonios, así como del material ya publicado sobre el caso en diferentes medios y algunos documentos institucionales. Comparto las referencias al final.
La descripción del caso en la DGCPIU
La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU) es una de las direcciones más grandes de la Secretaría de Cultura. Tiene como objetivo el diseño de políticas con sentido social a fin de preservar, fortalecer y desarrollar las expresiones de arte y cultura de los pueblos originarios, y las poblaciones mestiza y afrodescendiente. Para ello, tiene a su cargo 22 Unidades Regionales, oficinas estatales adicionales, así como el Museo Nacional de Culturas Populares y el Centro de Información y Documentación “Alberto Beltrán”.
A esta dependencia llegó Jesús Antonio Rodríguez Aguirre para ocupar el cargo de director general. El funcionario parecía una adecuada elección, ya que cuenta con estudios de posgrado, tiene formación artística y, además, había trabajado en la función pública previamente, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y, entre 2019 y 2021, estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Alas y Raíces. Si bien no tenía un perfil enfocado en pueblos indígenas, suponía experiencia institucional y, posiblemente, sensibilidad hacia el nuevo cargo.
Sin embargo —como indican los testimonios—, prácticamente desde su llegada fue notoria su dificultad para la planeación y el trato con el personal. En poco tiempo, se enfrentaron a una persona que daba señales contrarias a lo que se espera de un puesto de ese nivel. En las cuatro denuncias se revela a una persona con poca experiencia técnica para la gestión, análisis y negociación para atender la complejidad de una de las unidades administrativas más grandes de la Secretaría. Incluso, comenta una de las entrevistadas que solicitó guardar el anonimato, «daba la impresión de que nunca había estado ante una responsabilidad de esta magnitud, como estar al frente de la segunda dirección más grande de la Secretaría de Cultura. Estamos hablando de una dirección general con mucho personal a cargo; en la carrera política, es la antesala a una subsecretaría de Estado».
De esta manera, diversos funcionarios de la DGCPIU denunciaron tanto en el Órgano Interno de Control como en el Comité de Ética a finales de 2022 y durante 2023. En ellas se leen acusaciones como las siguientes: comportamiento pasivo-agresivo; intimidación (principalmente hacia mujeres); abuso de autoridad; amenazas selectivas; burlas y humillaciones públicas; discriminación laboral y de género; faltas de respeto por agresión verbal, gritos y expresiones que denigran y disminuyen a las personas. Del mismo modo, en el trabajo predominan su falta de claridad al dar instrucciones, contraindicaciones e incluso duplicar funciones (contratando nuevo personal); así como la sobresaturación de actividades o anular a las personas, al socavar sus tareas y responsabilidades.
La dificultad para hacer frente a una situación, que solo iba en aumento, derivó en la primera de tres denuncias individuales, presentada por Tatiana Maillard. La jefa de Difusión de la DGCPIU llevó su caso ante el Comité de Ética el 23 de octubre de 2022. «Todo empezó —narra Tatiana— cuando, en las juntas, Rodríguez Aguirre solicitaba determinadas tareas al área de Difusión, que debían presentarse a la semana siguiente. Cuando se le entregaba lo que había solicitado, se burlaba, decía que eso no era lo que había pedido y daba una instrucción contraria. Este comportamiento se repitió durante varias semanas».
Con el fin de evitar que esa situación ocurriera nuevamente, Tatiana solicitó una junta con el director y con el equipo de Difusión. «El equipo —continúa— estaba integrado por otras dos compañeras prestadoras de servicios profesionales. Yo quería que todas escucháramos sus solicitudes y no hubiera forma de que, nuevamente, se desdijera de sus propias órdenes en una próxima junta. Pero, para mi sorpresa, el director se reunió con las dos compañeras sin que yo estuviera presente. Cuando supe de esta situación, traté de hablar con Rodríguez Aguirre para preguntarle por qué me había excluido de una reunión que yo misma había solicitado. Me respondió que él no tenía que darme explicaciones y que, si yo quería una cita, hablara con su secretaria».
Las compañeras de Tatiana le relataron lo sucedido, cito: «me comentaron que, en esa junta, Rodríguez Aguirre solicitó a las trabajadoras que se expresaran de manera negativa de mi desempeño. Al no ocurrir lo que deseaba, Rodríguez Aguirre comenzó a gritarles, a mostrarse agresivo con ellas, a denostar su trabajo y a amenazarlas con no renovarles su contrato». Los testimonios detallados de este comportamiento, agrega la jefa de Difusión, los tiene tanto el Comité de Ética como el Órgano Interno de Control.
Muy lejos de una solución, Rodríguez Aguirre se negó en varias ocasiones a recibir a las integrantes del equipo de Difusión. Después de este episodio, continúa Tatiana, «buscamos presentarle diversas estrategias de trabajo. En el testimonio que una de las entonces trabajadoras del área presentó ante el Comité de Ética, escribió: “Me queda claro que lo que le importaba era tenernos en un régimen de terror y no en un régimen laboral”. Por ejemplo, el director se negó a firmar los reportes de actividades que las dos trabajadoras debían entregar mes con mes, para el cobro de sus honorarios, pues el director consideraba que su trabajo no había sido “satisfactorio”. Ambas renunciaron semanas después».
Además, el director contrató, en agosto de 2022, a una persona que duplicaba las funciones de Tatiana Maillard y le daba indicaciones para que dejaran de dirigirse a ella. «Rodríguez Aguirre contrató a esta persona que cobró 35 mil al mes para hacer mi trabajo, una persona que desconocía procesos de comunicación social de la Secretaría de Cultura, y le pagó para hacer nada; intentó hacerme renunciar —comenta—; me privó de mis actividades y responsabilidades».
Después de la denuncia de Tatiana aparecieron dos más, individuales, en enero y febrero de 2023; todas solicitando la implementación de medidas de protección por acoso y hostigamiento laboral; una petición en el marco del Manual de atención a denuncias, del Comité de Ética de la Secretaría de Cultura. Sin aún respuesta o solución a estos trámites, el 4 de octubre de este año se sumó una cuarta denuncia; en esta ocasión, colectiva, con 41 firmas que, al momento de esta publicación, ya suma 46. Además, los primeros casos se denunciaron públicamente, en marzo, en varios medios de comunicación que dieron seguimiento en octubre, cuando ocurrió la denuncia colectiva.
En oposición a estos señalamientos, el aún director de Culturas Populares ha expresado públicamente, por medio de una carta de réplica a Animal Político, así como en una publicación de la cuenta abierta de Facebook “Frino Ab”, que él no ha sido notificado de ningún procedimiento oficial y que lo que ocurre es una campaña de difamación y calumnia en su contra. Si bien toda persona tiene derecho a la libre defensa, llaman la atención estas declaraciones frente a los diversos movimientos de personal y las renuncias y los contratos no renovados.
Ante la postura de Rodríguez Aguirre, Tatiana señala: «Sí lo han exhortado. El Comité de Ética ya ha hecho de su conocimiento estas denuncias. Su publicación en Facebook va para el aplauso y respaldo de sus amigos, que no trabajan con él ni lo padecen. Las denuncias en su contra por violencia laboral existen y su comportamiento se conoce desde que laboraba en Alas y Raíces. Se sabe que denuesta el trabajo, que habla mal de otros a sus espaldas para dañarlos; que dice que está abierto al diálogo, pero se niega a tener una junta laboral, mientras busca invisibilizar y aislar a las y los trabajadores de manera selectiva».
El señalamiento sobre Alas y Raíces lo confirma Luis Manuel Amador, quien trabajó con él como editor (contratado por honorarios) en la Coordinación de Difusión y Contenidos. «En mi caso todo inició cuando, delante de los subdirectores, me pidió unas cotizaciones y, cuando se las entregué, me acusó de “huachicolero”. En ese momento le respondí que no iba a permitir que insinuara algo tan grave y me faltara al respeto, y me sacó de la reunión. La realidad es que yo le entregué una cotización de proveedores con quienes teníamos contacto; pero, como con las publicaciones, él quería imponer a sus amigos. Todo era verbal. En una ocasión me pidió que hiciéramos un libro de un conocido suyo. Yo le di por su lado, pero no me quise prestar a eso. Para resolverlo, armé un comité editorial, con gente que él mismo terminó aprobando y, por supuesto, fue ese mismo comité el que rechazó sus propuestas, lo que finalmente él tomó como afrenta y la cargó con todo contra mí».
El modus operandi es el mismo, afirma Luis Manuel Amador: «Se empezó a reunir con mi equipo de trabajo, sin mí —relata—, y luego me exigía rendir cuentas de actividades que no me había notificado o deliberadamente me ocultaba». Luis Manuel desconoce si hay denuncias formales en la anterior dependencia; sin embargo, sabe de otros testimonios cercanos y similares que ocurrieron en Alas y Raíces.
La denuncia de violencia sobre una autoridad: una acción imposible
Denunciar parece una acción imposible. Si miramos la siguiente tabla, podemos observar los tiempos que toman estos procesos y cómo, durante el mismo, los funcionarios denunciados continúan con sus actividades con absoluta libertad.
El caso no solo existe, está compuesto por gente con experiencia en la función pública y, principalmente, en las áreas a las que han sido asignadas. Así, tenemos perfiles con los
estudios y la experiencia necesaria para sus funciones. Por otro lado, estos funcionarios son contratados de cuatro maneras distintas: personal operativo de confianza, personal del servicio público de carrera, personal de base sindicalizado y contratación por honorarios.
Ni los derechos laborales ni su trayectoria han sido elementos para que la institución medie de mejor manera. Tenemos el caso de Tatiana que, por tener una plaza de servicio de carrera profesional, ha podido contener y evitar que la «retiren» de manera injustificada; o bien, el caso de una de las denunciantes, una secretaria con 40 años de trayectoria y que también tuvo que reubicarse para evitar la violencia del director y la inacción institucional.
«Renunciar» a una persona, como dijo Tatiana, significa no renovar un contrato o solicitarle a alguien que renuncie. Este es un derecho en ciertos niveles de dirección. Nada de esto es importante cuando, en la estructura jerárquica, ciertos niveles tienen la atribución de impedir la continuidad del trabajo de una persona. No contratar nuevamente está lejos de ser solo una atribución de ciertos puestos; en este contexto, es una acción que escapa al Código de Ética y a cualquier derecho del personal de la función pública.
Para Tatiana, frente al intento de ser removida y ante la permanente actitud de violencia y hostilidad en la oficina, no quedó más remedio que aceptar un cambio temporal en otra dirección. Ella no quería, pues lo consideraba una injusticia; sostenerse era una forma de fuerza para señalar que Rodríguez Aguirre no debía seguir en esa posición. «Esto nunca había ocurrido en toda la historia de la DGCPIU», concluye.
En estos momentos, tan solo en el caso que nos ocupa —mientras el director permanece en su puesto sin modificación alguna—, hay nueve personas despedidas, «renunciadas» o no recontratadas. Dicho ejercicio sin duda debe revisarse, ya que se presta a numerosos abusos de autoridad. En este sentido, agrega la denunciante que eligió no dar su nombre «ya no contrataron a nueve personas, sin contar con una directora de área que contrató y no duró más que una semana; esa persona renunció también por el trato del director general. Solo la vimos abandonar su oficina intempestivamente y ya no regresó».
Esta misma persona nos deja la siguiente reflexión: «creo que un problema es que se concibe la jerarquía institucional como atribuciones de todo tipo de los jefes, y que ejercen sus atribuciones como un poder vertical incuestionable, sin contrapesos institucionales. Los jefes no tienen ninguna cualidad que les otorgue un poder sin límite sobre los demás. Sin embargo, pueden hacer lo que deseen “porque es su atribución” contratar, despedir, humillar, acosar, etcétera. No hay mecanismos de control ni de supervisión. Se establece una suerte de “cotos privados”, donde nadie, ni sus superiores jerárquicos supervisan lo que hacen. Todos guardan silencio. No importa que violenten los derechos de las personas, se guarda silencio. Y no hay órganos internos que den seguimiento real a las denuncias con consecuencias para el funcionario violentador».
Así, se abre un cuestionamiento importante a nivel institucional acerca de cómo abordar la ética —es decir, la conducción pertinente y aceptada dentro de la dependencia— frente al proceder jerárquico, cuya verticalidad pasa por encima de cualquier derecho o principio ético y laboral, produciendo distintas formas de violencia institucional, tanto de personas específicas como de un sistema que produce silencio e impunidad frente a numerosas injusticias. Desde la propia organización laboral, las autoridades están facultadas para la impunidad y el personal está completamente expuesto ante cualquier denuncia laboral. Denunciar es, efectivamente, una acción imposible.
La problemática institucional de la violencia
La violencia institucional, de acuerdo con Inmujeres, «es ejercida por agentes del Estado; puede realizarse a través de normas, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en detrimento de una persona o grupos de personas. La violencia institucional se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación».
Esta forma de violencia ha sido enunciada desde los años noventa, tras la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” de las Naciones Unidas. De esta manera, y en oposición a los señalamientos públicos de Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, el personal de esta Dirección General podría estar ante una situación laboral abusiva, en que las propuestas del actual director no consideran las condiciones y derechos humanos y laborales de los funcionarios. Pero, del mismo modo, la institución misma contribuye a reproducir esquemas jerárquicos que validan el abuso del poder.
De este modo, es relevante no solo el actuar posible del funcionario sino de la propia institución, ya que, mientras hay gente que ha sido removida o no contratada, el director puede manifestar que ni siquiera ha sido notificado, desde su lugar de jerarquía. De esta manera, no se trata solo de una posible coyuntura de violencia ejercida por un funcionario de Estado, la reunión de eventos y elementos nos permite observar la incapacidad institucional, pese a todo protocolo, de resolver las denuncias del personal. Además, el Comité de Ética no cuenta con elementos para sancionar más allá de una recomendación. Es vital discutir estas denuncias abiertamente y responder ante ellas para que todos los funcionarios, sea cual sea su contratación laboral, reciban los beneficios de los derechos humanos y laborales.
Los protocolos de actuación y prevención a la violencia no son suficientes cuando el actuante posee un grado de poder que le permite desatender toda crítica hacia su toma de decisiones y sus consecuencias. Y puede porque la institución facilita abusos de autoridad y mecanismos de violencia institucionalizada. Este caso es un llamado para prevenir, sancionar y transformar a las instituciones de la misma manera en que se pretende terminar con la corrupción, «barriendo las escaleras de arriba hacia abajo». Al atender las causas de estas problemáticas, al romper el silencio de manera legal y protegida, se evita que estos casos terminen como escarnio y señalamiento público, sin otra alternativa frente a las numerosas injusticias que existen y para evitar que se vuelvan a cometer.
Fuentes
- 06/09/2021. Celia Montero. “Violencia institucional: ¿qué es y cómo se refleja?” En La Vanguardia. Portal digital: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210906/7696070/violencia-institucional-que-como-refleja.html
- 27/03/2023. Juan Carlos Talavera. “Señalan acoso laboral en dirección de Culturas Populares; acusan a 'Frino'”. En Excélsior. Portal digital:
- 29/03/2023. Eréndira Aquino. “Trabajadoras denuncian por violencia de género al director de Culturas Populares; Secretaría de Cultura investiga los casos”. En Animal Político. Portal digital:
- 07/10/2023. Eréndira Aquino. “41 trabajadores firman carta para que se investigue al director de Culturas Populares por violencia de género y corrupción”. En Animal Político. Portal digital: https://www.animalpolitico.com/politica/culturas-populares-director-violencia-de-genero-corrupcion (en este texto se encuentra la réplica de José Antonio Rodríguez Aguirre)
- 20/10/2023. Redacción. “45 trabajadores denuncian al Director de Culturas Populares por abuso laboral y amenazas”. En Aristegui Noticias. Portal digital:
- Glosario. “Violencia Institucional”:
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/violencia-institucional
- Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura. En línea:
https://www.gob.mx/cultura/documentos/codigo-de-etica-y-conducta-de-la-secretaria-de-cultura
- Diccionario panhispánico del español jurídico. “violencia institucional”. En línea:
Enrique castrllanos
Es una tristeza ver 3ste tpo de publicaciones en las que solo se habla de unas cuantas personas, una de ellas Paola Castellanos que tiene más de 20 quejas en el OIC, y que violento durante año y medio los derechos de los trabajadores, que durante todo el 2022 el Director la protegió por encima de los trabajadores.
Ojo, los más de 300 trabajadores pedimos ser escuchados y no solo 4 o 5vpersonas que, casualmente alguna de ellas conocen a Frino de hace años y habían trabajado con él y no hubo problema hasta que les exigió trabajo.
Pedimos que investiguen al director, pero también a estas personas, quienes se jactan de decir que a ellas no les haran nada porque las llevo Omar Monroy, porque Lizardo Mijangos las protege, lo único que están ocasionando es que está Dirección General este en el ojo del huracán, parece que lo que buscan es que la borren.
Contamos con toda la evidencia documental de las denuncias que se han ingresado al OIC, así como información solicitada al INAI, dónde se puede visualizar que las compañeras defraudaron el erario durante más de un año y cuando les piden cuentas o les piden realicen su trabajo, lo llaman violencia.
Si se investiga y castiga a uno, que sea a todos y más a aquellas denuncias que ya tienen más de un año.
Ojalá escuchen las das voces, no solo 4