Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó el pasado 6 de junio un proyecto de ley general para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, que contempla la creación de un Protocolo Nacional de Investigación. Dicho proyecto lo entregó a la Comisión Permanente, en el marco de la colaboración entre Poderes. El problema está en que el Judicial es el encargado de interpretar las leyes que se crean en el Legislativo. Es decir: al presentar Zaldívar esta iniciativa no sólo se pierde la objetividad en aplicar esa ley. También hay un conflicto de interés y una intromisión en las labores de otro Poder.
Además de estos cuestionamientos éticos y legales, varias colectivas feministas han criticado el proyecto de Zaldívar no sólo por ser redundante con la legislación ya existente, sino porque no logra terminar con el problema real (omisión y negligencia de las autoridades) ni realiza un análisis integral a nivel estatal. Las colectivas han dicho que no se requiere de una norma con estas características, pues para eso existen las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la de Víctimas. Otra crítica es que el proyecto presentado por el ministro es punitivo: se centra en el aumento de penas como si esa fuera la solución al problema estructural de la violencia contra las mujeres.
En México, sólo uno de cada diez casos de homicidios dolosos contra hombres y mujeres se esclarecen. No se gana nada con crear marcos legales si en la aplicación de la ley hay omisiones, fallos e impunidad. En la realidad judicial, la autoridad no investiga. Más bien ejerce violencia contra las víctimas, las cuestiona y revictimiza. Esta sí es la responsabilidad del Poder Judicial: la eficacia en las investigaciones y la resolución de los casos.
Otro agujero en la propuesta del ministro es que omite la participación de actores conocedores de la violencia de género: colectivas feministas, académicas, organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia y familiares de las víctimas. Se trata, pues, de un proyecto articulado por él, muy patriarcal, que no consulta a quienes tienen más experiencia en el tratamiento de las violencias.
El desconocimiento que tiene Zaldívar del feminicidio se puede ver en la docuserie producida por la SCJN, El Caníbal de Atizapán. En su discurso del 6 de junio —además de repetir lo que ya todos tenemos claro: que en México se producen entre 10 y 11 feminicidios diarios y que la vida de las niñas y mujeres mexicanas está en permanente peligro—, el ministro se refirió a la docuserie y presumió su “enorme éxito” de audiencia, al llegar a 27.6 millones de personas. Para Zaldívar, que la SCJN haya financiado la docuserie partió de un objetivo: “generar una reflexión, de conmocionar a la sociedad y de hacer entender que la única manera de avanzar es con una alianza entre las autoridades y la sociedad”.
Que El Caníbal haya sido producida por la Corte es realismo mágico. Primero, porque el Poder Judicial se ha involucrado en la creación de un contenido de entretenimiento con un fin “pedagógico”, situación que aleja a la SCJN de las labores que se le han asignado por ley. Y segundo, porque la docuserie aborda el feminicidio desde una perspectiva equivocada: centrada en el victimario y no en las víctimas, exponiendo el asesinato de mujeres en una suerte de entretenimiento muy a la true crime, donde los guionistas suelen personificar al feminicida como un sujeto atractivo, psicópata, cuya historia familiar y pasado lo orillan a matar mujeres. En el caso de El Caníbal, se patologiza al asesino y se espectaculariza al feminicidio, presentándolo como un hecho aislado, un hecho delictivo individual, no como una situación estructural, no como un producto social.
El feminicidio no es un acto único ni particular. No se trata de un acto irracional sino del desenlace de un continuum de violencia previa, como escribe la socióloga Esther Pineda. Es decir: el asesinato es el último paso en una ejecución constante de distintos tipos de violencia sobre la víctima: simbólicas, verbales, económicas y físicas.
El feminicidio es el “extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico”, reflexionan las activistas estadounidenses Jane Caputi y Diana Russell en uno de los artículos que escribieron a cuatro manos. Los asesinos de mujeres no son sujetos únicos que padecen una patología psiquiátrica o que tienen historias extraordinarias de abuso infantil (los hay, pero son una minoría). La mayor parte de los asesinos de mujeres son “esposos, amantes, padres, conocidos y extraños que no son producto de alguna extraña desviación. Son feminicidas, la forma más extrema de terrorismo sexista motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad”.
Una de las principales formas en que se manifiesta este tipo de crímenes es a través del feminicidio íntimo. Es decir, en el contexto de una relación de pareja: novios, amantes, esposos, etcétera. Hombres, pues, con los que la víctima mantenía una relación de carácter sexo-afectiva. Por algo la casa es el lugar más letal para las mujeres que viven en familias nucleares, dice la académica y criminóloga Jill Radford.
Para Pineda, estos hombres asesinan a las mujeres cuando ellas dan muestras de independencia, autonomía y empoderamiento, cuando desafían o cuestionan el mandato masculino, cuando retoman o inician estudios o trabajo, cuando frecuentan amigas o familiares, cuando toman conciencia de las violencias que viven en el hogar, cuando planean separarse o han expresado su deseo de terminar una relación o cuando se niegan a reanudar el vínculo que habían terminado previamente. En otras palabras: las mujeres que representan la mayor amenaza para la masculinidad son aquellas que afirman su independencia, cualquier resistencia al control masculino puede incitar o provocar la violencia, como dice Radford.
Tanto el proyecto de ley como la docuserie El Caníbal no están atendiendo a las principales causas del feminicidio. Lo asumen como un homicidio hacia un género en particular, despolitizando las razones estructurales que llevan a esta problemática. Aumentar las penas no tiene sentido. Buscar una reparación cuando la mujer ya está muerta no es eficaz. Lo lógico sería intentar detener las violencias previas al asesinato. Pareciera que el ministro Zaldívar se trepa al carro del progresismo, particularmente al de la causa feminista, en un momento donde debe definir su lugar político. No olvidemos que en diciembre se termina su mandato en la Corte y posiblemente esté delineando su futuro. Más que promover iniciativas de ley, que están fuera de su alcance legal, Zaldívar debería preocuparse por el Poder Judicial en su conjunto, al que le debemos, en gran medida, la tremenda impunidad en los feminicidios y demás delitos.
Fuentes consultadas
Caputi, J y Russell D. “Feminicidio: sexismo terrorista contra las mujeres”. Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. pp. 53-73.
Pineda, Esther. Cultura feminicida: el riesgo de ser mujer en América Latina. Prometeo Libros, 2019.
___________ . “Organización, movilización y acción familiar y feminista ante el feminicidio en América Latina”. Anuari del Conflicte Social, no. 10, 2021. Disponible en: https://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/ACS2020.10.5/32970
Radford, Jill. “Introducción”. Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. pp. 33-53.
__________ . “Matanza de mujeres: ¿Licencia para matar? La muerte de Jane Asher”. Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. pp. 489-515.
