Federico Anaya Gallardo
El 21 y 22 de Mayo de 2019 se celebró en la ciudad de México la segunda conferencia internacional organizada por el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, adonde el anfitrión fue el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana-Ciudad de México. Entre los expositores estuvo Mariano Sánchez-Talanquer, que entonces estaba en el CIDE y hoy en el Colegio de México (Colmex). El investigador nos compartió los resultados de una investigación en archivo acerca los Cuerpos de Defensas Rurales (CDRs).
Los CDRs están reglados en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, cuyo artículo 53 (composición de la SEDENA) nos dice en su segundo párrafo que esa secretaría militar “está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de los Servicios, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de Educación Militar”. En 1970, en su libro El Ejército Mexicano, otro investigador del Colmex, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, señaló que en 1941 había 58mil ejidatarios en esos cuerpos, con 28mil caballos. El ejército regular era probablemente de la misma dimensión. Tres lustros años más tarde (1986) había 120mil campesinos encuadrados como defensas rurales (40mil infantes y 80mil de caballería). En 1970 el Ejército regular contaba con 70mil hombres.
Según Lozoya Legorreta, la unidad básica de las defensas rurales era un pelotón de 11 campesinos de entre 18 y 50 años propuestos por su ejido al comandante de zona militar para luchar “contra maleantes, abigeos y narcotraficantes” (El Ejército, p.112). Según Sánchez-Talanquer, una comunicación de 1952 del general-secretario (Gilberto R. Limón Ramos) al presidente (Ruiz Cortines) señalaba que estos campesinos armados eran un gran ahorro para el Fisco, puesto que eran voluntarios y realizaban funciones de policía rural dándole a la autoridad militar noticia sobre abigeos, ladrones y otros problemas que afectasen el orden público. Dentro del Ejército regular había críticas contra los rurales, pues no eran disciplinados, ni buenos combatientes, tenían propensión a las venganzas y podían abusar del poder que contaban en sus microrregiones... pero aún estas voces críticas reconocían la ventaja de contar con estos pelotones diseminados por toda la geografía nacional. Colaboraban eficazmente en la solución de conflictos agrarios, proveían de escoltas a funcionarios e inspectores, daban seguridad, combatían incendios, reforestaban, colaboraban en campañas médicas.
Sánchez-Talanquer encontró que había cuerpos de defensa rural en 1,700 localidades, cubriendo el 36% de los municipios del país. El investigador encontró que las localidades con defensas rurales se concentraban en el centro y sur del país, especialmente en Michoacán, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz. Las defensas rurales de Oaxaca, Jalisco y Guanajuato estaban más dispersas, pero eran numerosas. En Chiapas y la península yucateca había pocas localidades con rurales. Igual de escasas eran en el norte, a partir de una línea imaginaria que une Mazatlán (Sinaloa) y Tampico (Tamaulipas). Arriba de esa línea los rurales eran comunes en el centro de Durango, la Comarca Lagunera y el área de Tula, Ocampo y Mante en Tamaulipas –las áreas de movimientos populares y agraristas.
Sánchez-Talanquer encontró que la presencia histórica de defensas rurales coincidía con el actual subdesarrollo de aparatos de seguridad y justicia a nivel local. También descubrió que el mapa de las defensas rurales coincidía con el de las fuerzas de autodefensa contemporáneas. Estos dos elementos le causaban grave preocupación al Académico. En lo personal, a mí me reconfortan.
Hace años vengo diciéndole a mis camaradas de la sociedad civil que la militarización de las policías mexicanas no es un fenómeno reciente, posterior a la crisis del régimen presidencialista en los 1990s. Las funciones de los cuerpos de defensa rural siempre fueron policiales y estos campesinos armados siempre estuvieron encuadrados dentro del Ejército. ¿Se puede pensar mayor militarización de la función de policía?
La cuestión central en este tema es el control del territorio. El Estado mexicano, a través de su fuerza armada, consolidó la alianza social que legitimó al régimen postrevolucionario. Esto le permitía tener ojos y oídos en muchas regiones. Nota, lectora, que estamos hablando de política social pura y dura: control social implica control militar y esto asegura la seguridad pública. Es reveladora la notable presencia de caballerías en las defensas rurales. Antes del gran pacto cardenista de los 1930s-1940s, el Ejército modernizado por Obregón y Calles sufrió fuertes descalabros ante los rebeldes cristeros (1926-1929) porque no contaba con suficiente tropa montada. La balanza se equilibró cuando Saturnino Cedillo movilizó a las colonias campesino-militares de San Luis Potosí. Por supuesto, la política es siempre contradictoria y diez años después (1938), el cedillismo creyó que igual podría movilizarse contra el gobierno federal. El problema es que el Estado cardenista había replicado la fórmula de alianza campesino-militar a nivel nacional. (Detalle interesante: en el mapa de Sánchez-Talanquer no hay cuerpos de defensa rural en el territorio cedillista. Eso nos indica el tamaño de la derrota de los potosinos.)
Ahora bien, ¿los campesinos en las defensas rurales son militares? La actual Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea nos da pistas interesantes. Su artículo 118 dice que “al personal militar profesional encuadrado en los Cuerpos de Defensas Rurales se les considerará para todos los efectos legales, en igualdad de condiciones que el encuadrado en Unidades del activo”. Es decir, son militares. Por lo mismo, el artículo 117 advierte que serán “mandados por militares profesionales”. Pero (siempre hay un pero), el artículo 119 aclara que “los mandos en los Cuerpos de Defensas Rurales que no se cubran con personal profesional del Ejército, lo serán con personal de rurales elegidos por los componentes de la Unidad”. ¿La propia unidad de defensas rurales? Si esto es así, resulta que cuando el Ejército profesional no sea capaz de proveer mandos suficientes a los rurales, estos mismos designan a sus mandos. Cualquier parecido con las guardias nacionales de los liberales radicales del siglo XIX, adonde la tropa elegía democráticamente a sus capitanes, es sólo una coincidencia.
Este tipo de normas son sabias porque –mientras exista un pacto socio-político amplio entre el campesinado y el Estado nacional– permiten que los contingentes populares armados multipliquen el control territorial y ejerzan una sana autonomía. El problema es cuando se rompe el pacto socio-político. Sánchez-Talanquer documentó cómo las defensas rurales se usaron para reprimir el jaramillismo en el Morelos de principios de los 1960’s. También se les movilizó contra la insurgencia en Chihuahua y en Guerrero. Pero, ya desatada la Guerra Sucia, Sánchez-Talanquer descubre que las defensas rurales guerrerenses tuvieron una “relación permeable” con la guerrilla. Algunos cuadros participaron en la represión pero otros se solidarizaron con los insurgentes.
Esto explica por qué el Estado mexicano abandonó el modelo de defensas rurales. Sánchez-Talanquer reportó que durante la Guerra Sucia había 100mil defensas rurales mientras el Ejército contaba con sólo 65mil efectivos. En 1986 los rurales habían aumentado a 120mil (20% más) y los regulares a 105mil (77% más). En 2010, las defensas rurales sólo tenían 17,400 efectivos (85% menos) mientras el Ejército regular tendría 200mil (90% más).
Esta sería una de las herencias menos reconocidas de la Guerra Sucia: al romperse el vínculo socio-político entre Ejército y campesinado se perdió el control territorial. Los vacíos se llenan. Los municipios y regiones que por décadas no habían tenido necesidad de policías se quedaron sin nada. Cuando muchos de los mil vacíos se llenaron con crimen organizado, el Ejército regular –pese a su expansión– no pudo cubrir esa “red de agujeros”. En los lugares adonde el Pueblo tenía experiencia militar eventualmente las comunidades tomaron las riendas creando Autodefensas. Pero estas surgen espontáneamente, sin el pacto socio-político que afianzaba a las viejas defensas rurales.
Todo lo anterior explicaría la obsesión territorial del proyecto obradorista de Guardia Nacional. Se están construyendo 300 cuarteles a lo largo de la República y se supone que al final de este sexenio tendremos 170mil guardias nacionales. El problema reside en cuál será la relación socio-política de esas 300 guarniciones con las regiones en que se ubican. Parecería obvio que no estamos reclutando a las hijas e hijos de cada región –lo cual aseguraría la identidad entre las sociedades civiles concretas y sus guardias nacionales (al modo de las defensas rurales de antaño).
La mesa de periodistas de Momentum se quejó hace poco de que no tenemos estudios serios acerca del programa de seguridad obradorista. ¿Alguien sabe algo de la territorialización de la Guardia Nacional?
