Nadia Vera, Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa fueron asesinadas y asesinado el 31 de julio de 2015, sin que, hasta el momento, 7 años después, se haya esclarecido el crimen. No se conoce el móvil de los asesinatos, ni se tiene el arma homicida, tampoco se cuenta con una secuencia de hechos coherente y sólida; las personas detenidas, Daniel Pacheco, César Omar Martínez y Abraham Torres (liberado posteriormente) aseguran que fueron torturados para declararse culpables. Pese a las declaraciones de que las investigaciones irían hasta las últimas consecuencias, lo cierto es que 7 años después, la impunidad es la única verdad irrefutable.
Las hipótesis en torno a los asesinatos de la Narvarte del 31 de julio de 2015 son eso, hipótesis, que no han sido demostradas y, por ende, el caso no puede darse por concluido. Se habló de que el móvil fue el robo, sin embargo, es poco creíble que por 6 mil pesos (monto supuestamente sustraído) hayan asesinado a 5 personas y que no se haya explicado porqué dejaron objetos valiosos. También se dijo que había un alijo de droga que los supuestos asesinos habían ido a recoger, sin que se haya explicado y demostrado por qué y cómo ocurrieron los hechos. En fin, hipótesis o “líneas de investigación” hay muchas (8), incluso contrastantes entre ellas, sin que se haya demostrado con evidencias ninguna, ni por supuesto se hayan consignado a las personas responsables del crimen. Es más, ni siquiera se ha investigado a todas las personas involucradas, que de acuerdo a los videos que registraron a los autos utilizados por los asesinos, fueron al menos 5.
Al parecer no hay mucho más que añadir sobre el llamado por la prensa “multihomicidio de la Narvarte”. No hay mucho más que decir, salvo que la impunidad es el manto con el que se protege a los culpables que, si no han sido investigados, es porque quien está en la obligación de investigarlos, la Fiscalía de la Ciudad de México, o forma parte de la red de complicidades que encubre a los asesinos o la cobardía la tiene pasmada; de cualquier forma y más allá de las rotundas declaraciones, de los compromisos asumidos con las familias de las personas asesinadas, de las promesas incumplidas y los ofrecimientos por quebrantar, la única verdad es la impunidad. Y detrás de la impunidad, complicidad y cobardía.
Como muchas personas lo hemos sostenido desde hace 7 años, la investigación de los asesinatos forzosamente debe apuntar hacia Veracruz y en particular, hacia el trabajo periodístico de Rubén Espinosa. No olvidemos que eran tiempos oscuros en los que la delincuencia organizada, encabezada por el entonces gobernador Javier Duarte, hacía y deshacía a su antojo en Veracruz. Secuestros, extorsiones, asesinatos, feminicidios, robos y los narcos paseándose a su antojo por las principales calles de la capital, y de otras ciudades veracruzanas, eran el pan de todos los días. En ese escenario de campo fértil para la delincuencia, las protestas políticas fueron reprimidas con brutalidad, baste recordar la noche del 13 de septiembre de 2013 en la que maestros, estudiantes, trabajadores y personas que transitaban por el centro de la ciudad fueron golpeados y desalojados del plantón en la Plaza Lerdo de Xalapa. Ese contexto de represión política es clave para explicar el activismo de Nadia Vera y el periodismo de Rubén Espinosa, sin embargo, no ha sido tomado en cuenta en las investigaciones. Recordemos que Nadia y Rubén denunciaron públicamente que temían por sus vidas y responsabilizaron a Javier Duarte de su seguridad. En ese contexto, la “línea de investigación” que apunta hacia Duarte de Ochoa, es absolutamente ineludible, más todavía cuando con el paso del tiempo se ha demostrado que en Veracruz la Secretaría de Seguridad Pública era el centro neurálgico desde el que se coordinaron y ejecutaron asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones y vaya usted a saber cuántos otros delitos.
Sin embargo, lo cierto es que la “línea de investigación” veracruzana ha sido una mera simulación para cubrir el expediente, pero sin la intención de llegar al fondo de los motivos por los cuales Rubén fue amenazado y por los que se vio obligado a abandonar la ciudad de Xalapa, donde residía y desarrollaba la mayor parte de su trabajo. Y como lo he sostenido desde hace 7 años, la “línea de investigación" relacionada con el trabajo periodístico de Rubén en Veracruz debe, obligadamente, incluir la cobertura que dio al atentado cometido en contra de 7 estudiantes de la Universidad Veracruzana que fueron brutalmente golpeados por un comando parapoliciaco el 5 de junio de 2015. Como ha sido demostrado, el grupo de estudiantes había sido infiltrado por una mujer policía quién dio el pitazo para el ataque; es decir, la brutal golpiza fue ordenada, organizada y ejecutada por la misma policía.
La falaz investigación se limitó a formular una serie de preguntas a algunos funcionarios del gobierno de Duarte, entre ellos al entonces secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, con la intención de cubrir el expediente, exonerarlo de toda responsabilidad y cerrar el caso cuanto antes. Hasta donde sabemos, la “línea de investigación” veracruzana no estableció ningún lazo entre los asesinatos del 31 de julio y la golpiza del 5 de junio, lo que resulta inexplicablemente extraño puesto que el hilo conductor entre ambos eventos fue, precisamente, Rubén Espinoza y su trabajo como fotorreportero. El punto lo abordé hace unas semanas en este mismo espacio: https://www.rompeviento.tv/5-de-junio-y-31-de-julio-7-anos-de-impunidad/
De igual forma, resulta extraño e injustificable, que se hayan excluido de las investigaciones a las empresas de seguridad de Bermúdez Zurita en la Ciudad de México, alguna por cierto muy cerca del domicilio donde ocurrieron los asesinatos. Una investigación con tantas ausencias, omisiones, simulaciones, filtraciones, yerros y violación al debido proceso aviva la sospecha de que estamos ante una densa red de complicidades cuyos alcances son insospechados, o ante una Fiscalía capitalina inmovilizada por la cobardía, o ante una mezcla de ambos: connivencia y miedo.
La exigencia de verdad y justicia es irrenunciable. El cambio de gobierno en la ciudad de México y la esperanza que en su momento significó Claudia Sheinbaum no significó ningún avance en las investigaciones. Como lo han evidenciado los familiares de las víctimas, sus abogados, Artículo 19 y en general las personas que han seguido el caso, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha presentado avance alguno, ni tampoco hay signos de que haya la mínima coordinación con la Fiscalía del estado de Veracruz. Desde luego, el argumento de la autonomía de la Fiscalía es relevante y obra en descargo de las autoridades de la Ciudad de México y de Veracruz, pero no menos importante es la voluntad política que se necesita para exigir resultados de las investigaciones, esclarecer los hechos, arribar a la verdad y castigar a los culpables materiales e intelectuales.
Y precisamente la falta de voluntad política de las autoridades de la Ciudad de México y del estado de Veracruz, entidades gobernadas por Morena, es la que da cabida a la conjetura de que hay personas a las que se les protege, ¿quiénes son? ¿Por qué la protección? ¿Qué compromisos se han establecido para impedir que se esclarezcan los asesinatos de la Narvarte? Preguntas que exigen respuestas, no simulaciones.
La falta de voluntad política aviva la sospecha de que antes que la verdad y la justicia, están las complicidades y la cobardía.
