Son ya siete años de impunidad y represión. El próximo domingo 5 de junio se cumplen siete años de la brutal golpiza a estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) por parte de fuerzas parapoliciacas. El ataque ocurrió en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, hoy en prisión, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa; la participación de la policía, que en esa época dirigía Arturo Bermúdez Zurita (hoy asesor en materia de seguridad en el estado de Morelos), quedó en evidencia al demostrarse que el grupo de activistas estaba infiltrado por una mujer integrante de la Secretaría de Seguridad Pública: fue ella la que dio el pitazo para que los policías atacaran a los jóvenes. A pesar de las evidencias y los testimonios, las supuestas “investigaciones” no vincularon a Bermúdez Zurita ni a Duarte de Ochoa con el delito cometido en contra de integrantes de la comunidad UV.
Es evidente que no hay ningún interés por parte de las autoridades estatales en investigar el ataque, ni mucho menos, en dar con los culpables. Se entiende que no hubiese interés alguno durante el gobierno de Duarte (al ser responsable del ataque), ni en el de Miguel Ángel Yunes Linares cuyo mini mandato (de 2 años) estuvo caracterizado por la proliferación de las bandas delincuenciales y la actuación por consigna de los entonces fiscales, Luis Ángel Bravo Contreras (acusado de desaparición forzada de personas) y de Jorge Winckler Ortiz (prófugo); sin embargo, llama la atención que en el mandato del actual gobernador, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, tampoco haya voluntad alguna para dar con los responsables del ataque. Las expectativas favorables tejidas en torno a Cuitláhuac García Jiménez y su compromiso con los derechos humanos y la justicia se han disipado por completo. El de Cuitláhuac, al menos en materia de derechos humanos, es un gobierno más que en muy poco, sino es que en nada, difiere de los anteriores del PAN y del PRI.
Desde hace siete años he sostenido la posibilidad de que el ataque del 5 de junio a los estudiantes de la UV esté relacionado con el asesinato de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mile Martín, Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz, ocurrido el 31 de julio de 2015. Las razones por las que considero que los asesinatos de la Narvarte y la golpiza del 5 de junio están relacionados son dos: en primer lugar, Rubén Espinosa fue el primero en llegar a la vivienda en la que ocurrió el ataque: sus fotografías son testimonio de ello. ¿Qué más vio Rubén? ¿Identificó a alguno de los agresores? La segunda razón es porque Rubén Espinosa salió huyendo de Xalapa un día después de que la comunidad de la UV protestó en las calles de Xalapa por la golpiza a nuestros compañeros y compañeras; fue una protesta plagada de “orejas”, policías de civil y uniformados y sujeta a provocaciones y amenazas continuas. Lo sé porque estuve allí. La protesta fue el día 9 de junio, Rubén (como lo dijo en Rompeviento TV) salió de Xalapa el día 10. A él, a Nadia, a Alejandra, a Mile y a Jesenia, les asesinaron el 31 de julio.
Quizás no hay relación alguna entre el ataque del 5 de junio y los asesinatos de la Narvarte, pero mientras no se aclaren ambos delitos a través de investigaciones profesionales, rigurosas y a cabalidad, la sospecha de que hay un lazo es inevitable y, sobre todo, fundada en hechos.
No obstante y pese a las evidencias, es poco probable que a siete años de distancia se esclarezcan tanto el ataque del 5 de junio como los asesinatos del 31 de julio de 2015. Es improbable por una razón muy sencilla: no hay voluntad política de que se conozca la verdad. Y si no hay voluntad política es por dos razones: i) porque la verdad no da votos y; ii) porque más allá de los discursos y las promesas, las instituciones policiacas y de justicia son las mismas y operan bajo los mismos códigos, las mismas reglas no escritas, las mismas complicidades.
Por cuanto a la primera razón, es muy claro que en la ecuación electoral suma más votos (o se pierden menos) el atole con el dedo en materia de derechos humanos que las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y la consignación de los culpables. No estoy especulando, me atengo a los hechos: no hay nadie consignado por el ataque del 5 de junio, nadie, ninguna persona, y los señalados como culpables del crimen de la Narvarte han dicho que sus confesiones fueron extraídas bajo tortura. Es decir, ambos crímenes están impunes.
Habida cuenta de que no hay, ni ha habido, voluntad política para llegar a la verdad, la segunda razón para tal “omisión” (para decirlo suavemente) es altamente preocupante: las fuerzas que operaron los delitos referidos siguen vigentes e imponiendo su voluntad y sus intereses, tanto en Veracruz como en la Ciudad de México e incluso, en el gobierno federal. Esto significa que la llegada del morenista Cuitláhuac García Jiménez al gobierno de Veracruz no significó un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, al menos eso se colige por los detenidos que han muerto bajo la custodia policiaca (3 personas fallecidas en año y medio en el cuartel de San José, en Xalapa) y por la represión ejercida en contra de ciudadanos que protestan.
La más reciente represión ocurrió hace apenas unos días, el viernes 27 de mayo, cuando moto repartidores protestaban en Xalapa y fueron duramente golpeados, robados y vejados por policías estatales. En la protesta, los elementos de la Secretaría de Seguridad golpearon también a reporteros que cubrían los acontecimientos. Aquí la nota: https://veracruz.lasillarota.com/estados/policias-detienen-a-repartidores-y-golpean-a-periodistas-en-xalapa/653961.
Ambos delitos, la golpiza a los estudiantes de la UV del 5 de junio y los asesinatos de la Narvarte del 31 de julio de 2015 permanecen en la impunidad y tal vez lo peor y más preocupante es que quizás los responsables siguen en funciones. Por estas evidencias podemos señalar que en materia de derechos humanos e impartición de justicia los gobiernos emanados de Morena no han significado un cambio sustancial con respecto a sus antecesores del Prian. La impunidad y la represión siguen campeando.
