Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 14 de diciembre de 2021
Esta semana supimos de una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, por el delito de desaparición de personas en el caso La Aurora, una cueva a un costado de la academia de policía de Veracruz en la que encontraron 30 cadáveres, pero en la que sólo dieron cuenta de seis. De acuerdo a testigos la orden de ocultar los cuerpos vino del propio gobernador por el escándalo nacional que destapó “la relación policía-delincuencia organizada de su gobierno”.
Por estos hechos fueron vinculados a proceso en 2018 Luis Ángel Bravo, en su momento Fiscal General de Justicia, y Arturo Bermúdez Zurita, jefe de la policía estatal; Roberto Meza, exdirector de la Fuerza Civil, un grupo de élite de la Policía Estatal creado por Duarte, junto con 13 policías más; Rosario Zamora González, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, por contribuir en el ocultamiento de los cuerpos en la barranca de La Aurora, un delito considerado menor (no obstante es uno de los elementos del delito de desaparición forzada) y siguen hoy su proceso en libertad.
De acuerdo a la actual Fiscalía General del Estado el “modus operandi” del cuerpo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Arturo Bermúdez, detenían a sospechosos de ser miembros del cartel de Los Zetas a quienes “desaparecían” sin dejar huella alguna. De acuerdo con testigos en la investigación FEADPD/ZCX/011/2017, “en la barranca de La Aurora policías de (esta) Secretaría dejaban los cuerpos sin vida de personas detenidas y torturadas en el interior de la academia de policía” que se encuentra muy cerca de allí; hombres y mujeres, incluso menores de edad, del municipio de Xalapa, Emiliano Zapata, Banderilla, Naolinco y Jilotepec, bajo la única sospecha de ser integrantes de Los Zetas.
Se trata del primer caso de un servidor público de su nivel, acusado de este delito. Javier Duarte fue detenido en Guatemala el 15 de abril del 2017 por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero el gobierno entonces de Peña Nieto no incluyó otros delitos como la desaparición de personas. Recientemente el gobierno de Guatemala realizó una excepción en su Tratado de Extradición lo que permitiría que fuera juzgado por desaparición, por lo que se emitió una orden de aprehensión a solicitud de la Fiscalía General de Veracruz, no obstante ahora es combatida por Duarte por medio de un amparo.
Pero La Aurora no es el único caso en el que hay señalamientos de participación de la policía estatal bajo el mando de Zurita en el gobierno de Duarte. Denuncias similares existen en Tierra Blanca, donde las víctimas habrían sido “asesinadas en el rancho El Limón, predio dedicado a la tortura, robo de combustible y automóviles. Allí fueron exhumados miles de restos humanos que fueron quemados”. Del caso existe un pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada donde expresamente recomienda que se robustezca la investigación para investigar al exsecretario de Seguridad con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita (Acciones Urgentes 289/2016 a 292/2016 del CED).
Fue también con Duarte que, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, diversas personas fueron desaparecidas al ser detenidas por elementos estatales en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC). El 11 y 12 de mayo de 2015, durante la implementación del OBC, al menos cinco personas desaparecieron a diferentes horas y en distintos puntos de la ciudad de Coatzacoalcos. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015, también durante la aplicación de este operativo, al menos 30 personas fueron desaparecidas –nuevamente en distintas horas y lugares de la ciudad– de acuerdo con medios locales. En algunas de estas desapariciones existen testigos, fotografías o videos.
El 26 de mayo de 2014, Javier Duarte anunció la puesta en marcha “del operativo de seguridad más importante de la región sur del estado, denominado Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC)”. Este tuvo como principal objetivo la prevención y sanción de diversos delitos en los municipios de Coatzacoalcos y alrededores; su implementación dependió de la coordinación de los tres niveles de gobierno con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Estatal y la Policía Federal.
Coatzacoalcos, de acuerdo con el mismo estudio, es un territorio de disputa entre carteles por la diversificación de las actividades delictivas que les reportan utilidades y que incluyen el robo de hidrocarburos, la extorsión, el asalto, el robo, el secuestro y tráfico de migrantes, la prostitución, el tráfico de armas y la piratería. Por otro lado, Coatzacoalcos es un puerto clave en la ruta marítima del robo de combustible, de lo cual se tiene registro al menos desde el año 2013. La importancia de Coatzacoalcos para el crimen organizado y por tanto su disputa, se resume en dos hechos, por un lado que haya entrado en la lista de ciudades más peligrosas del mundo en 2018 y, que el mismo año, en el contexto electoral, haya sido declarada por la consultora Etellekt junto con el municipio vecino de Las Choapas, como los de mayor riesgo por ataques o atentados del crimen organizado contra políticos y candidatos a diferentes cargos de elección popular.
Si el objetivo del OBC con Duarte fue la “prevención y sanción de delitos”, sin duda la actuación de la policía fue más cercana a la de los propios cárteles: acabar con el enemigo para el control de las actividades delictivas descritas más arriba (recordemos que Duarte y su esposa fueron acusados de diversos delitos). En esto es similar al patrón encontrado en Coahuila.
Recientemente El Universal en un largo reportaje firmado por Iñigo Arredondo, se señala que “(e)l escuadrón de élite de Coahuila creado para combatir a Los Zetas trafica armas, drogas, personas, extorsiona, secuestra, tortura y asesina de forma sistemática” y lo acusan de ser “un cartel”. El reportaje rescata testimonios de víctimas y de propios policías estatales, que denuncian no sólo las torturas y desapariciones cometidas por los agentes estatales, también señalan cómo estos controlan el trasiego de droga hacia la frontera en Piedras Negras. Un dato interesante es que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, convocó a conferencia de prensa a responder al reportaje y no negó los hechos, sólo señaló que estos correspondían a administraciones pasadas.
Sin dejar de señalar que existen testimonios y casos documentados por las ONGs locales, citadas en el mismo artículo, que señalan que estas prácticas de la policía estatal de Coahuila (que ha cambiado constantemente de nombre pero no de estructura) continúa, las similitudes en la actuación de ambas corporaciones policiacas estatales en un momento histórico donde el poderío del cartel de Los Zetas tanto en Coahuila como en Veracruz (pasando por Nuevo León y Tamaulipas), cedió a sus contrarios con la participación de las autoridades en turno, arrojan patrones de criminalidad al más alto nivel del Estado mexicano donde es posible que estén involucradas también autoridades del orden federal, si miramos las vinculaciones que como en Coatzacoalcos, pero también en Coahuila, como señalaron en su momento los juicios de Texas contra los Zetas (sistematizados por la Universidad de Texas en Austin), tuvieron de manera conjunta las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Estos patrones y muchos más que no caben en esta columna, apuntan a delitos de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma, que han sido documentados por diversos periodistas, 17 de ellos asesinados en Veracruz en el sexenio de Duarte, y por las organizaciones de la sociedad civil a partir de testimonios de las personas violentadas y victimizadas por el crimen y la autoridad. Quisiéramos ver que, en el juicio a Duarte por desaparición forzada, como en su momento se hizo en contra de los militares argentinos, chilenos o alemanes, se juzgue con esa perspectiva. Desafortunadamente, no estamos preparados aún para eso.
