Michael W Chamberlin
Rompeviento.TV a 13 de diciembre de 2022
La democracia es algo más que el gobierno de las mayorías. De hecho, la democracia se define mejor como la forma de gobierno en donde hay diálogo y acuerdo para alcanzar consensos o, en su defecto, mayorías surgidas de la deliberación sobre el bien común. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se basa en la creencia de la misma dignidad y derecho que tiene cada persona de participar y decidir. Tal acto de fe se plasma en el principio jurídico de “una persona un voto” y las reglas del sistema deberían garantizar esa fidelidad.
Sin el respeto a la persona humana y sin capacidad de diálogo, lo que llamamos democracia no es más que la imposición de normas y reglas del más fuerte sobre el más débil. Ejemplos sobran de desastrosas decisiones tomadas por las mayorías cuando usan su poder para imponerse sobre las minorías.
Los derechos humanos, dice el filosofo jurista Luigi Ferrajoli, son la ley del más débil, porque son precisamente el límite a las decisiones de las mayorías; son al mismo tiempo el contenido de la democracia y su razón de ser. No existe actitud más contraria a la democracia que tratar de anular al otro o la otra para imponer una visión o eliminar la crítica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) en un pronunciamiento conjunto el pasado 9 de diciembre, día internacional de las defensoras y los defensores de derechos humanos, han instado a los países de la región “a reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que las personas defensoras de derechos humanos ejercen en la garantía de la democracia y el Estado de derecho dentro de la sociedad (…).”
Antes, la relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH había registrado los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos que, sólo entre mayo y agosto de este año sumaron 81 en seis países de la región, incluyendo México; y en 2022, al menos 37 periodistas fueron asesinados en diez países de la región, según señala en un comunicado la Relatoría de Libertad de Expresión del mismo órgano, la cifra más alta desde 1998. El asesinato es la anulación del otro o la otra en su forma más extrema.
En el pronunciamiento conjunto la CIDH y la ONU señalan su preocupación por un incremento de discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar y/o silenciar la labor de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región (…), en particular, en contra de quienes muestran discrepancia con las autoridades, denuncian la corrupción y la impunidad, defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, defienden el medio ambiente, o exponen la falta de acceso a una justicia independiente, incluyendo a periodistas y personas funcionarias estatales que publican e investigan casos de corrupción, respectivamente. La CIDH y la OACNUDH, destacan los riesgos diferenciados y efectos desproporcionados que estos discursos ocasionan por la discriminación basada en género, particularmente cuando se trata de mujeres defensoras.
Hacen un llamado a los Estados para que las autoridades se abstengan de realizar acciones o pronunciamientos oficiales que afecten la legitimidad de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos; así como de participar en campañas de difamación o de estigmatizar a personas defensoras y el trabajo que éstas realizan.
Como apunta la relatoría de libertad de expresión de la CIDH en su comunicado citado más arriba: “no hay nada más permisivo a la repetición de las violencias (…) que la ausencia de una reacción institucional contundente y nada más alentador y tranquilizante para las personas que ejercen violencia que la impunidad de los crímenes (…)”.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. En este contexto es preocupante la serie de ataques cometidos en contra de la oficina en México de la organización de derechos humanos, Artículo 19. Más aún, que hayan iniciado después de las diversas descalificaciones del presidente López Obrador en 2021 desde su conferencia mañanera, según señalan.
Cuando normalizamos la descalificación de quien parece o piensa diferente, particularmente cuando viene de la autoridad, no sólo generamos condiciones para los ataques, los actos de intimidación, la intolerancia y los asesinatos, también muere la posibilidad de la convivencia democrática. Es por ello que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas son termómetros de la democracia.
La manera más eficaz de acabar con la violencia es empezar con uno mismo. Revisemos nuestras actitudes de descalificación y anulación del otro o la otra, nuestra capacidad de escucha y tolerancia. En democracia, lo único intolerable es la intolerancia.
Con esta contribución me despido por lo que resta del año. Agradezco a los lectores su atención a esta columna, y les deseo paz y bienestar para el cierre de este año y el que viene. Regresamos en enero 2023.
