Michael W. Chamberlin
RompeVientoTV a 29 de noviembre de 2022
El presidente ha optado por la confrontación como estrategia política de tal manera que quienes se oponen a sus propuestas no son demócratas; son conservadores, hipócritas, etc. Esta estrategia provoca que el debate se reduzca a las filias y las fobias de y hacia los actores políticos, resaltan los resentimientos y las revanchas en lugar de los análisis sustantivos, las descalificaciones en lugar del diálogo democrático y las mentiras o medias verdades (las fake news) en lugar de los hechos y los datos duros. Nos urge alejarnos de esa ficticia dicotomía e insistir en la construcción de una tercera vía basada en el diálogo democrático, los derechos humanos y la evidencia.
Hay una relación directa entre democracia y derechos humanos. La distribución del poder puede hacer la diferencia entre un régimen de libertades y uno autoritario. A mayor horizontalidad más democracia, a mayor concentración del poder hay más probabilidad de abusos, impunidad y corrupción.
México tiene una democracia secuestrada por un régimen de partidos que NO rinden cuentas a sus votantes. Es una democracia débil que gira en torno a los partidos y no a los ciudadanos, cuyos únicos contrapesos son: la alternancia electoral, la oposición en los Congresos y una institución electoral que se sostiene más o menos equidistante en el acuerdo de los propios partidos. ¿Es suficiente? NO.
Como dicen los zapatistas, nuestro régimen de representación tiene más de régimen de suplantación. La participación ciudadana se limita a las elecciones, los candidatos son definidos por los partidos y éstos rigen las decisiones que toman una vez electos. Los puestos de elección se vuelven patrimonio de los partidos.
Sin rendición de cuentas, los partidos usan ese monopolio que tienen sobre el poder político para lucrar con el mejor postor, al grado de que hoy vivimos bajo un co-gobierno de partidos y crimen organizado, bajo la ley de “plata o plomo”. Ese es el régimen, ninguno se salva. Los ciudadanos vivimos a la deriva de las decisiones (u omisiones) de los partidos que gobiernan.
¿Hace falta una reforma? Sí, pero para tener una mejor democracia esa reforma debe procurar un poder más horizontal. Para que el centro de la democracia sean los ciudadanos y no los partidos, los políticos deben rendir cuentas a sus votantes y, en su caso, a la justicia (aquí hablo un poco de cómo es esto).
Los partidos que quieren mantener sus privilegios seguramente estarán en contra de tener que rendir cuentas y buscarán que las cosas se mantengan como hasta ahora, pero la propuesta de reforma electoral de López Obrador tampoco apunta a una mayor democracia; al contrario, busca una mayor centralización del poder en el ejecutivo federal y una mayor centralidad de los partidos (acá un análisis muy completo) muy en consonancia con su vocación militarista.
La democracia es la habilitación del poder de la gente para decidir sobre los asuntos que les conciernen. Una reforma política deberá ampliar las libertades y la autonomía desde lo local, facilitando, por ejemplo, que las comunidades indígenas controlen sus territorios y sus prioridades en materia de desarrollo. Las consultas deben ser para cada comunidad un ejercicio cotidiano y no un macro despliegue derrochista e infructuoso, inalcanzable para hace efectivo el derecho a participar en las decisiones públicas y ser partícipe de los resultados de esa decisión.
Si es cierto que “primero los pobres” entonces hay que reconocerlos sujetos políticos y no objetos de las políticas, y entonces crear las condiciones para que puedan decidir sobre su futuro en las esferas individual y colectiva. Ningún gobierno hasta ahora ha tenido esa vocación democrática.
Se dice que sin derechos humanos no hay democracia, pero también es cierto que sin una democracia seria no hay derechos humanos. Discutamos cómo distribuir el poder de manera horizontal; qué habilitaciones, contrapesos y límites habría que regular; cómo empoderamos a las minorías para construir acuerdos y consensos, alejándonos de los mayoriteos; cómo habilitamos el parlamento y nos alejamos de los pensamientos únicos. Equilibremos las balanzas de la desigualdad política y se ajustarán las sociales y las económicas. Hagamos, como señala Roberto Gargarella, “el derecho como una conversación entre iguales”.
