Michael W. Chamberlin
15 de marzo de 2023
A Samir Flores, a cuatro años de su asesinato, a su esposa, sus hijas
y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua
¡Qué se vayan todos! Esta fue la demanda ciudadana en Argentina en el 2001 ante la incapacidad de la clase política de gobernar para las mayorías. Una crisis de democracia recorre hoy día el continente y México no es la excepción.
El juicio de García Luna sólo ha hecho más visible lo que todo mundo ya sabía: la enorme corrupción y colusión entre autoridades y grupos criminales. De lo que no se dice nada es de las miles de personas desaparecidas y asesinadas como consecuencia de esta colusión. Muy lejos se ve la posibilidad de llevar a juicio a Calderón o al propio García Luna por delitos de lesa humanidad, que permita resarcirles a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a medidas de no repetición.
¡Qué se vayan todos! Igual que el PRI, el PAN no ha mostrado capacidad de autocrítica y ambos siguen sin entender que fueron sus fechorías la causa de su repudio en el 2018. En coalición o solos, lucran con la impunidad en la que viven y no representan ninguna alternativa que no sea la de volver al régimen de corrupción y privilegios que representan. No hay en la oposición ningún partido que signifique una oportunidad para la paz, la justicia y los derechos humanos. Basta ver al MC en Jalisco, al Verde en Chiapas, al PRD en Guerrero; con los mismos modos, cortados con las mismas tijeras de la impunidad, la corrupción y los privilegios de los primeros.
El mensaje que mandó la ciudadanía en 2018 fue un “¡Ya basta!” a ese régimen de partidos. Muchos votamos por Obrador cansados de la violencia y esperamos un proceso de cambio profundo en el país que fortaleciera a las instituciones, empezando por las de justicia; desmilitarizara la seguridad pública; incidiera en las causas estructurales de la pobreza y la discriminación; que nos llevara, ahora sí, a un proceso de justicia transicional como el que no tuvimos en el cambio de régimen en el año 2000, con comisiones independientes de la verdad y juicios a los grandes responsables; ultimadamente, a un proceso de reforma del Estado donde hubiera rendición de cuentas, inclusión y piso parejo. Nada de esto ocurrió.
¡Qué se vayan todos! Morena no es más que una nueva oligarquía dispuesta a desplazar del poder a la anterior usando las mismas recetas para tener los mismos privilegios. Lejos de ampliar el acceso a la salud, eliminó el precario seguro popular y ahora no hay ni medicinas; argumentando austeridad, desfondó a las instituciones impidiéndoles hacer sus más elementales funciones; impulsó aún más los macroproyectos, incrementando en consecuencia los desplazamientos forzados en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, y dejó intocadas las concesiones mineras. Mantiene a un ineficaz fiscal general y desatiende a las víctimas negándoles sus derechos a la verdad, a la justicia y a los apoyos para volver a caminar solas; llena las cárceles de pobres imponiendo la prisión preventiva oficiosa; mantiene las estructuras de corrupción e impunidad y aumenta año con año las desapariciones y asesinatos, particularmente de defensores de derechos humanos y periodistas; profundiza la militarización a otras esferas de la vida civil y otorga a los militares un margen de autonomía económica que acrecienta su poder político.
Por si fuera poco, ataca la autonomía del Instituto Nacional Electoral para otorgarle más margen de impunidad a las cúpulas de los partidos políticos. Con el llamado Plan B, el INE no podría sancionar candidatos como a Salgado Macedonio o quitarle el registro a los partidos como se lo está pidiendo Mario Delgado para el PAN, tampoco podría impedir que Alito Moreno se auto reelija como lo pretendió recientemente, entre otras muchas cosas. Los partidos de oposición dicen no estar de acuerdo, pero en el fondo estarían felices de fortalecer su corporativismo tanto como volver a tener el poder.
El INE puede y debe modificarse para hacerlo más eficaz como órgano autónomo, ciudadano e imparcial, pero la reforma impuesta por Morena busca desmantelarlo para quitarse los contrapesos que evitan la acumulación de poder. No es posible tener mejores consejeros por imposición del poder mayoritario en lugar del consenso. Un poder discrecional de estas dimensiones, sin contrapesos, que además imponga consejeros (acaso ministros de justicia), junto con un ejército empoderado, apunta a un intento de poder absoluto.
¡Qué se vayan todos! No podemos ignorar que la clase política que, con diferentes siglas y colores, nos ha gobernado por tanto tiempo, tienen en común demasiadas prerrogativas y una ausencia de mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Como si se tratara de una casta superior ponen y quitan, impunemente imponen intereses particulares antes que el bien común, deciden sin consultar y sin conocer afectando la vida de millones. Su sed de poder y dinero los ha corrompido y en no pocos lugares, por gusto o por amenaza, cogobiernan con el crimen organizado.
¡Qué se vayan todos! Esa casta debe desaparecer, le hace daño al país y le hace daño a los partidos como entidades de interés público. Estos deben reconocer su responsabilidad en el desfondamiento del Estado de derecho y deben hacer un pacto de reconciliación sometiéndose a la justicia y a nuevas reglas de rendición de cuentas y de participación política ciudadana, universal, horizontal, diferenciada y de poder local. La ciudadanía necesita construir un frente que los obligue; y si no pueden: ¡qué se vayan todos! para iniciar algo nuevo.
