En otra ocasión en este mismo espacio me ocupé del Ejército como institución total (https://www.rompeviento.tv/el-ejercito-una-institucion-total/), por lo que no voy a insistir en los argumentos. Simplemente añado que la aquiescencia para que la Guardia Nacional (GN) formalice su dependencia operativa y administrativa del Ejército no es un dato menor: habla de la amplia aceptación del autoritarismo en grandes sectores de la sociedad mexicana. Hay indicios de que el autoritarismo está mucho más acendrado de lo que muchas personas quisiéramos, pero no queda más remedio que aceptarlo y hacerle frente, en los frentes que sean.
Es común escuchar, y leer, expresiones como “si no es la Guardia Nacional, ¿entonces quién?”; o bien, “qué propones si no es la Guardia Nacional”? “El Ejército y la Marina son instituciones confiables”, y otras por el estilo. Confiar la seguridad ciudadana a las fuerzas armadas es un signo de confianza en que las medidas radicales, e inclusive violatorias de los derechos humanos, son la vía para transitar hacia un país en paz. De ninguna manera. Una institución total, como lo es el Ejército, no puede ser garante de la democracia -que implica aceptación del disenso y las diferencias-, ni paladín de los derechos humanos. Quién así lo crea, y así lo defienda, o está en un error, o miente aviesamente. Más grave aún si la GN, al pasar administrativamente al Ejército, se acoge también al fuero militar y no al civil. Extremadamente grave, me atrevo a afirmar, porque no habría forma de juzgar a los militares que incurrieran, que están incurriendo, en violaciones a los derechos humanos. La militarización de la seguridad ciudadana es un retroceso democrático de gran calado cuyas consecuencias más negativas se verán en los próximos años. Al tiempo.
Las simpatías hacia las fuerzas armadas quizás haya que explicarlas por el autoritarismo que acusamos en México y cuyos signos se aprecian en diversos ámbitos de la sociedad y de la vida pública. Sin duda que es parte de la herencia autoritaria del PRI y de la muy parca transición democrática ocurrida a inicios del presente siglo, pero el fenómeno lo podemos ver a la inversa: es el muy añejo autoritarismo el que explica al PRI. De cualquier forma, es claro que hubo una mutua relación de beneficio: la sociedad depositó en el PRI, y en particular en el presidente de la República, la respuesta a todos sus problemas y la solución a todos sus males. Del otro lado, la minusvaloración ciudadana permitió al PRI (y luego al PAN y ahora a MORENA) configurarse como instituciones políticas portavoces, conductoras y realizadoras de las necesidades y expectativas populares, o al menos de ciertos sectores sociales.
El juego democrático de pesos y contrapesos ha sido insuficiente para cerrar la puerta al autoritarismo, que se nos ha colado hasta por las ventanas. Han sido muchas décadas de una relación esencialmente subordinada entre gobernantes y gobernados, al punto de considerar incluso normal que, desde presidentes municipales, regidores, gobernadores, secretarios de estado o el propio presidente de la República se hayan enriquecido con el cargo esquilmando las finanzas públicas. Y qué decir de los líderes sindicales, campesinos, de transportistas, de tianguistas, de comerciantes o de cualquier otro sector, que han engrosado escandalosamente sus fortunas a costa de las cuotas de sus agremiados y de emprender turbios negocios al amparo del poder político. Con tal de recibir “apoyos”, una de las expresiones más nítidas del autoritarismo, el corporativismo, se ha vuelto común en el escenario político nacional. Y la 4T, hay que decirlo, si bien ha emprendido acciones para modificar esa relación de fuerzas, también se ha beneficiado de ella.
Así, podemos decir que la otra cara del autoritarismo son las subjetividades agradecidas por los “apoyos recibidos” (en su caso), anulando u opacando a los sujetos de derecho que exigen lo que les corresponde, precisamente, por derecho, llámese agua potable, becas, pensiones, despensas, caminos, drenaje, escuelas, u otros.
Con justa razón se puede argumentar que no existen razones fundadas para sustentar que el autoritarismo en México persiste, sobre todo porque hay partidos políticos de oposición, libertad de expresión y de prensa como nunca se había visto, libertad de asociación, respeto a los derechos humanos (si bien más declarativo que eficaz), elecciones en condiciones más o menos de equidad y libertad, y en general, un conjunto de condiciones democráticas que son imposibles de negar y que, en efecto, desdicen la hipótesis del autoritarismo político en nuestro país.
Sin embargo, detrás de la democracia política, en el imaginario anida un autoritarismo que atraviesa a prácticamente a toda la sociedad mexicana. Me refiero a un autoritarismo presente de mil y una formas en la cotidianidad del país y que se expresa, con toda fuerza, en los intentos de normar, es decir, de disciplinar, los cuerpos de las personas. Es un autoritarismo que refleja la violencia internalizada que vuelve tolerable, e inclusive deseable, la censura y la violación de los derechos de las personas.
Va desde el control machista del vestir y el actuar de las mujeres que incluso justifica la violencia en contra de ellas precisamente por “como iba vestida”. Incluye, desde luego, la censura y los ataques en contra de las personas de la diversidad sexual y sus expresiones estéticas, verbales, amorosas y políticas. Pasa también, qué duda cabe, por el trato condescendiente y saturado de eufemismos a las personas viejas: los “abuelitos” y “abuelitas”, los “adultos en plenitud”, las personas de la “tercera edad”, entre otras expresiones que, con algodones y miradas de impostada ternura, denigran.
Y ni qué decir de los controles corporales en escuelas de todos los niveles en las que se acepta de facto la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) se ha pronunciado al respecto en estos términos: los “Derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad deben ser respetados en escuelas”. En sus redes sociales, el CONAPRED ha insistido en el respeto al libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes: “El regreso a clases presenciales ha tenido restricciones a los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes por dejarse crecer su cabello o pintárselo de algún color. 📢Hacemos un llamado a respetarlos”.
A pesar de los llamados del CONAPRED, sorprende la enorme cantidad de comentarios vertidos en redes sociales avalando la imposición de códigos de vestimenta y de cabello en las escuelas. Códigos, por cierto, apegados a rancios estereotipos de género que reproducen desigualdades y violencias. Lo peor de todo es que la violencia autoritaria está completamente normalizada, internalizada, asumida incluso como necesaria para que niñas, niños y adolescentes tengan “orden y disciplina”. Esa violencia internalizada no es constitutiva de sujetos de derecho, sino de subjetividades agradecidas, y desde luego violentas, que prefieren estrechar el marco de derechos y libertades a cambio de certidumbres ancladas en prejuicios y en la confianza en instituciones totales, como el Ejército. Por eso, de la defensa de los uniformes, las faldas para las niñas y el casquete corto para los hombres y justificar la militarización de la seguridad ciudadana no hay más que un mínimo paso. Se trata, en ambas circunstancias, de medidas autoritarias que brotan a partir de la violencia internalizada, la violencia subjetiva, la violencia normalizada. Y por esa vía, ni la paz, ni la democracia, ni la libertad, tienen cabida.
