Mucho se ha escrito acerca de la anticonstitucional adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional. Oponerse a tal aberración es una obligación para quienes nos identificamos con un proyecto social de izquierda, democrático, plural y que apunte al fortalecimiento de las autonomías en todas sus expresiones. Desde esta perspectiva no hay, no puede haber, justificación alguna para sustentar la pertinencia de que la GN quede bajo control del Ejército, aunque varias ciudades del país estén bajo el asedio del crimen organizado y sus acciones terroristas. La evidente fragilidad de las instituciones de seguridad pública y ciudadana (policíacas, judiciales, preventivas) no puede ser el argumento de peso para profundizar la militarización del país, iniciada por Felipe Calderón, por el contrario, precisamente esa lasitud y corrosión de las estructuras de prevención y sanción del delito debería ser el mejor estímulo para dar un giro en la “estrategia” seguida hasta ahora. Una estrategia a todas luces fallida que ha de debilitado tanto a la sociedad como a las mismas fuerzas armadas, obligadas a ejercer tareas que no son las suyas y para las que no están preparadas. Y atención: esto no significa no acudir a las fuerzas armadas para hacer frente a situaciones y escenarios coyunturales de violencia, pero de eso a establecer que el Ejército sea el responsable de la GN, y por ende de la seguridad de las personas que habitamos este país, hay una gran diferencia.
De igual manera, no existen argumentos suficientes para sostener la conveniencia de que el Ejército y la Marina se hagan responsables de diferentes tareas de orden civil: gestión de puertos y aduanas, construcción de obras de infraestructura, reparto de vacunas y libros o administración de trenes. El argumento de la corrupción como criterio para desplazar a organizaciones civiles por militares es importante, sin duda, pero no suficiente para que el país se tiña de verde olivo porque significa que el barrido de las corruptas escaleras institucionales o no ha llegado ni al segundo escalón, o de plano no hay capacidad para acabar con la corrupción. Y como no hay voluntad o capacidad, o ambas, entonces mejor que el Ejército se haga cargo.
La transferencia de responsabilidades civiles a manos militares significa renunciar a la democracia. Así, sin medias tintas ni atenuantes: que el Ejército se haga cargo de la GN y de las muchas otras funciones que se le han asignado, es un sesgo autoritario y representa un enorme riesgo para la democracia; democracia que, por cierto, a duras penas y con enormes sacrificios hemos podido construir en nuestro país. Una democracia aún joven, endeble, llena de contradicciones y hasta sinsentidos, muy acotada a las elecciones y con enormes rezagos en cuanto a participación ciudadana y construcción de autonomías se refiere. Con frecuencia se deja de lado que el Ejército, antes que “pueblo uniformado” (y armado) es una institución total.
La noción de institución total se la debemos a Erving Goffman, cuyo libro Internados* es un clásico y referente obligado para la sociología y los estudiosos de las institucionales. Goffman define a la institución total como un “lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”. Ejemplos de instituciones totales hay muchos, los más reconocidos como tales son los hospitales psiquiátricos, las cárceles, los conventos y monasterios, y, cito a Goffman “ciertas instituciones deliberadamente destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral, y que solo se justifican por estos fundamentos instrumentales: los cuarteles, los barcos, las escuelas de internos, los campos de trabajo…” Como podemos ver, el Ejército entra en esta caracterización de Goffman de institución total. Y en tanto institución total, el Ejército es unicidad, estabilidad, orden, jerarquía, subordinación, acatamiento. En otras palabras, el Ejército tiende a anular las diferencias, esencia misma de la democracia.
En una institución total se anula la diferencia en aras de la estabilidad que da la repetición de actividades y rutinas. No hay sobresaltos ni imprevistos puesto que las actividades son reiterativas, lo que estabiliza al sistema. El Ejército es una institución sumamente estable precisamente por la disciplina y el acatamiento de órdenes que posibilita la construcción de rutinas; no hay cabida a disensos y discrepancias, ni siquiera a consultas de opinión.
Por otra parte, las instituciones totales anulan la diferencia en tanto inhiben o proscriben las utopías, es decir, el tiempo di-ferido. Si el imaginario está del lado del proyecto y del sueño por construir, la institución total está del lado del presente, del aquí y del ahora, de la actividad pragmática, reiterativa y obligada, despojada de toda perspectiva por venir. Si toda democracia tiene el germen de lo posible, de lo que aún no es, pero podría ser, la institución total, como lo es el Ejército, anula esa posibilidad de futuro. Para la institución total no existe el tiempo di-ferido, esto es, anula la diferencia del proyecto implicado en toda democracia.
La institución total es reacia a la diferencia de sujetos individualizados, esto es, de personas con identidad propia, con autonomía de decisión. Para la institución total la norma y la disciplina están por encima de las reivindicaciones individuales de pensamiento, de identidad sexual, de ideología, de sentido estético o de creencias religiosas. En la institución total priva la estandarización expresada en el control del cuerpo, las emociones y la psique, de allí su vocación por la disciplina y los uniformes. No es necesario insistir mucho que el Ejército, como institución total, está en las antípodas de la democracia.
Finalmente, la institución total es enemiga de la diferencia por cuanto impone una mirada unívoca y cerrada de lo que es real, es decir, impone su realidad y niega la posibilidad de que haya otras perspectivas de realidad. Para la institución total cualquier puesta en duda de su plana, estandarizada, homogénea y disciplinada realidad, es motivo de amonestación o castigo. En una institución total, como lo es el Ejército, la diferencia, esencia misma de la democracia, no tiene la mínima posibilidad de existencia.
Admitir la injerencia del Ejército en actividades que corresponden a los civiles es aceptar, por una parte, la incapacidad de resolver a través de las instituciones democráticas los muchos problemas que tenemos; por otra parte, significa abrir las puertas para que una institución total, el Ejército, tenga manga ancha en las decisiones que como colectivo nos competen. Y eso es abrir las puertas al totalitarismo. No podemos ni debemos aceptarlo.
* Goffman, E. (2001). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu Editores
