El pasado 22 de abril Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación de la Presidencia de la República, publicó el siguiente tuit en su cuenta personal: “En democracia no debe haber intocables: ni el presidente, ni la Corte, ni el INE. Todas las instituciones y políticas aplicadas deben estar bajo el escrutinio público. Todo puede estar a debate informado. Los gobernantes, los políticos y jueces deben asumir sus responsabilidades”.
Creo que nadie puede estar en desacuerdo con esa afirmación porque, en efecto, el escrutinio público es crucial en una democracia: es necesario para fundamentar juicios y opiniones. Sin embargo, esa plausible idea está en evidente contradicción con lo expresado hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El presidente dijo del INAI: “es un cero a la izquierda. No sirve para nada. Lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la fiscalía anticorrupción. Crearon todos esos organismos, pero Salinas modificó la ley para que la corrupción no se considerará delito grave. Crearon lo contrario supuestamente para combatir la corrupción. Una tomadura de pelo, un disparate”.
Dos cuestiones fundamentales: el INAI es precisamente una de las instituciones útiles para someter al escrutinio público a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los organismos desconcentrados, las instituciones autónomas, entre otros ámbitos del poder. Desaparecer al INAI, como lo expresó el presidente, va en contrapelo del escrutinio público del que habla el vocero presidencial Ramírez Cuevas. Segunda consideración: el INAI no tiene como función combatir la corrupción, no tiene atribuciones para tal efecto, de tal forma que exigirle cumplir con esa actividad significa desconocer sus alcances y limitaciones; significa desconocer qué es el INAI y su importantísimo papel en la develación de casos de opacidad y corrupción muy sonados en años anteriores: Odebretch, la Estafa Maestra, la Casa Blanca, la Masacre de San Fernando, entre otros.
Sugiero tomarle la palabra a Jesús Ramírez Cuevas: coloquemos en la mira del escrutinio varios asuntos de interés público.
Iniciemos con la exigencia a la Secretaría de la Defensa Nacional para que transparente los gastos del general Luis Cresencio Sandoval González, su familia e invitados a Nueva York, Roma, Florencia, Venecia, Milán, Pisa, Denver, Colorado Springs, entre otras ciudades. El reportaje de Ignacio Rodríguez Reyna, realizado a partir del análisis de miles de correos electrónicos de la SEDENA salidos a la luz por el hackeo del grupo conocido como Guacamaya, deja sembradas muchas dudas en el aire que, sería ideal, fuesen despejadas a la brevedad. El reportaje, en efecto, no da pruebas de los gastos del general, su comitiva, invitados y familiares, pero de acuerdo con la información de los correos electrónicos es dable conjeturar que los desplazamientos, itinerarios, hospedajes y comidas no fueron precisamente ajustados a la política de austeridad proclamada por el presidente y la 4T. Para evitar conjeturas e interpretaciones sesgadas, lo más saludable es que la SEDENA transparente y fundamente esos gastos.
Por cierto, cuestionado por los gastos del general, el presidente López Obrador soltó un exabrupto “¿y qué, cuál es el problema?”; el problema, señor presidente, es que de confirmarse los datos del reportaje se estarían ejerciendo recursos públicos para actividades privadas, además, en un esquema de lujos y excesos por completo ajeno a las orientaciones de su gobierno. El escrutinio público es incómodo, ni modo, y por cierto, es irrenunciable. Y pues ya de paso, que la SEDENA informe con qué objetivos y bajo qué licitaciones contrató 3 mil 800 vuelos internacionales con Aeroméxico a un costo de 85 millones de pesos. Por el escrutinio público, como bien dijo Jesús Ramírez Cuevas.
Y bajo el mismo ejercicio del escrutinio público, la SEDENA está obligada a entregar toda la información relacionada a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, algo que, a pesar de los llamados del presidente, se ha negado a cumplir. El argumento de la seguridad nacional es insostenible, ridículo y mentiroso. La seguridad nacional no puede estar comprometida por 43 personas desaparecidas; en todo caso, lo que sí puede estar comprometida es la legitimidad del ejército por la posible comisión de delitos.
Por el ejercicio del escrutinio público, la misma SEDENA está en la obligación de explicar, y de aportar la documentación que soporte sus dichos, sobre el espionaje con el malware Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos. No es suficiente con negar el espionaje, cuando hay evidencias de lo contrario en el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), del periodista Ricardo Raphael y del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos. De la misma manera y bajo el escrutinio público, la SEDENA debe demostrar las órdenes judiciales que le autorizan a realizar tareas de inteligencia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; si no existen esas órdenes emitidas por un juez, se trata de espionaje y es ilegal.
Y bajo el escrutinio público están las ejecuciones cometidas por militares en Nuevo Laredo en febrero y por la Guardia Nacional en abril de este año. Estos asesinatos de población desarmada deben ser esclarecidos en su totalidad y los militares responsables, tropa y mandos, sometidos a la justica civil. En el ejercicio del escrutinio público, las instituciones están en la obligación de sujetarse a la ley.
Tiene toda la razón Jesús Ramírez Cuevas al decir que todas las instituciones y políticas aplicadas deben estar bajo el escrutinio público. Qué bueno que lo dijo. Sería ideal que el gobierno federal fuera consecuente con ello, a lo que no parece estar dispuesto.
Además de la SEDENA, hay otras dependencias cuyas funciones y actividades están bajo el escrutinio público. Por dar algunos ejemplos:
Segalmex y el fraude cometido por más de 11 mil millones de pesos, casi el doble de la Estafa Maestra. Se entiende que las investigaciones en curso de la Fiscalía General de la República impiden ventilar a la opinión pública los documentos que evidencian el desfalco, pero abonaría mucho a la transparencia y a las propias indagatorias que en lugar de exonerar a priori al director de la empresa, Ignacio Ovalle Fernández, se le separara de la función pública.
El escrutinio público de cientos, de miles de personas, exige que toda la documentación del llamado tren Maya se transparente: proyectos, contratos, licitaciones, manifestaciones de impacto ambiental, costos, etapas y características de la ejecución de la obra, entre muchos otros aspectos. Bajo el criterio de someter al escrutinio público a todas las instituciones es imprescindible que se fundamente con toda precisión por qué el ejército ha iniciado la construcción de un hotel en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, los fundamentos legales, las manifestaciones de impacto ambiental, las proyecciones financieras, entre otros aspectos. También sería interesante, y relevante, que en aras del escrutinio público y la transparencia se explicara en detalle por qué el tren maya, concebido para no tirar ni un árbol, según dijo el presidente, ha derrumbado más de 3.4 millones de árboles, según Fonatur y 10 millones, de acuerdo a grupos ambientalistas.
En fin, son innumerables las exigencias que el escrutinio público puede, y debe, presentar ante las instituciones políticas y de la administración pública del país. Vamos a tomarle la palabra a Jesús Ramírez Cuevas.
