Alejandro Saldaña Rosas
Las evidencias del espionaje del ejército son contundentes, si alguien no las acepta supongo que es por conveniencia política, cercanía con los militares o ceguera ideológica. No lo sé. Lo cierto es que el reportaje de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) “Ejército Espía” ha colocado la atención de las actividades de los militares bajo el escrutinio público, algo que en la historia del país no ha sido frecuente, pero que resulta ineludible en aras de, en efecto, transformar a México. Dejar que los militares hagan y deshagan a su antojo bajo el argumento de su lealtad a las instituciones y al país, es una actitud de inaceptable sumisión y altísimo riesgo. Si usted no conoce el reportaje, “Ejército Espía”, por favor véalo y juzgue por usted mismo, por usted misma; la siguiente liga da acceso al reportaje y los documentos que lo sustentan https://ejercitoespia.r3d.mx/
Hasta el momento de escribir este texto (domingo 12/03) no he leído ningún trabajo que, con argumentos y evidencias, eche abajo el reportaje de R3D, ninguno. Si usted conoce algún análisis serio que ponga en entredicho la investigación que da lugar a “Ejército Espía” le pido por favor lo comparta. Si existe un trabajo que demuestre que en el reportaje en cuestión se dicen mentiras completas o verdades a medias, por favor avise, sería de enorme valía para la discusión pública. Asumo que no lo hay y no lo hay porque, en esencia y hasta que no se demuestre lo contrario, el reportaje dice la verdad: el ejército espía ilegalmente. Y lo hace porque sus ejecuciones han quedado al descubierto.
El reportaje de R3D alude al asesinato de jóvenes en Nuevo Laredo en el mes de junio de 2020 y al espionaje de personas y periodistas que documentaron que no se trató de un enfrentamiento, sino de ejecuciones por parte de los militares. Hace apenas unos días, el 26 de febrero, nuevamente el ejército atacó a 6 jóvenes, 5 de los cuales perdieron la vida, nuevamente Nuevo Laredo fue el escenario de las ejecuciones. A la luz de las evidencias de los sucesos en 2020 como lo acontecido en 2023, estamos ante una actuación sistemática de violación a los derechos humanos por parte del ejército. Argumentar que se trataba de peligrosos delincuentes, cosa que no ha sido demostrada, no obsta para que se trate de ejecuciones extrajudiciales contra civiles que, como ha quedado en claro, estaban desarmados.
El espionaje habría sido realizado con el software Pegasus, ese que las fuentes oficiales dicen que no se ha comprado, pero que los documentos apuntan en otra dirección: Pegasus ha sido adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Citizen Lab de la Universidad de Toronto intervino para evaluar que el software espía Pegasus había sido infiltrado en los teléfonos de Raymundo Ramos Vázquez (defensor de derechos humanos, señalado, sin comprobar, que es parte de un grupo delincuencial), el periodista Ricardo Raphael y otro periodista más (anónimo). Si bien Citizen Lab reconoce la infiltración, pero no la fuente de la misma, por los documentos trascendidos en los Guacamaya Leaks se puede establecer que el origen del espionaje fue la Secretaría de la Defensa Nacional. El reportaje de R3D lo deja en claro y, como señalé anteriormente, hasta el momento no se ha desmentido la información aportada en su investigación.
A pesar de las evidencias, de los relatos de los sobrevivientes, de las imágenes de video, de los documentos filtrados por Guacamaya Leaks (que, por cierto, no han sido desmentidos) y de la intervención del Citizen Lab, el oficialismo, sus simpatizantes, seguidores y paleros se empeñan en justificar el espionaje militar bajo los argumentos más pueriles. Defienden lo indefendible al alero de tres argumentos fundamentales (concedamos que lo son):
- Cuestionan a los medios que sacaron a la luz el reportaje que evidencia el espionaje, es decir, atacan al mensajero, no al mensaje, sin criticar el contenido de la investigación periodística.
- Argumentan que el del ejército es trabajo de inteligencia, no de espionaje, esto es, pretenden justificar un acto ilegal encuadrándolo en un marco legal; además, se esgrime que no hay otra forma de hacer frente al crimen organizado.
- Afirman que se trata de ataques en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de transformación, es decir, aunque pueden o no aceptar el espionaje, minimizan la ilegal actuación del ejército por las altas miras de la 4T.
Analicemos brevemente estos tres argumentos.
- El trabajo de investigación periodística de la Red en Defensa de los Derechos Digitales fue dado a conocer, entre otros medios, por Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias. Sería absurdo desconocer que estos medios, como en general todos, carecen de una agenda y responden a perspectivas e intereses bien identificables. Para decirlo claramente: Proceso, Animal Político y Aristegui son medios que sistemáticamente han criticado las acciones del presidente López Obrador, su equipo de trabajo y en general han sido muy críticos del desempeño de la 4T, inclusive sin ponderar los positivos de la administración. Si usted quiere, son medios antiobradoristas y su agenda no permite dudas. Bien, incluso aceptando que son medios con agenda anti 4T, eso no desmerece en nada la investigación de R3D, ni la desmiente, vamos, en mi opinión ni siquiera la pone en entredicho. Acusar a estos medios de conservadores y estar en contra de la “transformación”, sin desmentir el contenido del reportaje, solamente expresa que el trabajo de investigación de R3D caló, y muy hondo, en las estructuras del poder de la 4T.
- Se afirma que la actuación del ejército fue apegada a derecho, que el trabajo de inteligencia no es espionaje y que, si acaso se incurrió en acciones al margen de la ley, se justifican porque el crimen organizado es poderoso y no hay que ver por los derechos humanos de los sicarios. El primer argumento, fue inteligencia y no espionaje, cierra los ojos a las evidencias: el ejército espió con el software Pegasus en una acción que nada tiene que ver con la inteligencia puesto que no hubo una orden judicial para intervenir los teléfonos de varias personas. La infiltración telefónica es uno de los recursos de la inteligencia militar, sin duda, pero hacerlo al margen de la ley es un delito. No hay más. Inclusive, en el reportaje de R3D sustentado en documentos oficiales de la SEDENA, trascendidos en los Guacamaya Leaks, se evidencia a un organismo del ejército que no está contemplado en su estructura ni en ninguna ley: el Centro Militar de Inteligencia. Es obvio, pero hay que decirlo: una cosa es el Centro Nacional de Inteligencia, estructura perfectamente legal al cargo del general en retiro Audomaro Martínez Zapata, y otra muy diferente es el ilegal Centro Militar de Inteligencia.
Por cuanto a que es legítimo, aunque no sea legal, atacar a los cárteles con toda la fuerza del Estado, es un argumento muy débil que por sí mismo se viene abajo: la fuerza del Estado es su apego a la ley, no la transgresión de la misma. El uso de las armas es prerrogativa del Estado de derecho, usarlas al margen de la ley es delincuencia. Espiar ilegalmente a alguien (si usted quiere, al peor de los delincuentes) debilita al ejército (lo expone, como ha sido el caso) y, por ende, al Estado. En efecto, el narco es fuerte pero el Estado y sus instituciones (el ejército entre ellas) lo son más, por lo que actuar en la ilegalidad favorece a los delincuentes, no a las autoridades. Por otra parte, justificar las acciones ilegales del ejército nos coloca en ruta directa hacia el autoritarismo y el terrorismo de Estado.
- Sería ingenuo negar que los medios que difundieron la investigación de R3D carecen de agenda y que el “ataque” (suponiendo que lo sea) a López Obrador es parte de ella. Yo no creo que sea un ataque, pero vamos, aceptemos que lo es. ¿Eso en qué niega el contenido del reportaje? ¿Son mentiras? Si son mentiras, calumnias o difamaciones, es muy fácil demostrarlo cosa que, por cierto, los obradoristas se están tardando mucho en hacer.
Por supuesto que los medios corporativos y los “periodistas” chayoteros van a llevar agua a su molino por las evidentes ilegalidades del ejército, o por cualquier otro desliz de la 4T, pero eso refuerza la necesidad de que una administración que pretende transformar al país trabaje en pleno apego a la ley. Y si la ley no nos parece, o no nos conviene, entonces hay que cambiarla por la vía política, no por la fuerza, a menos que se apueste por la vía armada para la transformación. Y esa no es la opción de la 4T, como lo han manifestado en muchas ocasiones.
No hay forma de defender el espionaje del ejército mexicano. Como ha quedado en evidencia, fue espionaje, no inteligencia. Lo más grave sería que el espionaje no haya cesado.
Al momento de terminar estas líneas, en varias ciudades del país militares, ex militares y sus familias, marchan en protesta por lo que consideran injusticias cometidas en contra de soldados que, dicen, cumplieron con su deber. Peligroso, muy peligroso. Refuerza la importancia de que las acciones del ejército en contra de la delincuencia se apeguen a derecho.
