En el proceso que llevó a la extinción de los fideicomisos y fondos para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación se abrió una discusión muy interesante en el parlamento abierto convocado por la Cámara de Diputados. Debo reconocer que yo fui uno de los ingenuos que pensó que los diagnósticos, las críticas, las perspectivas y propuestas que con amplitud y fundamentos expuso la comunidad científica serían retomadas, analizadas y tomadas en consideración por las y los legisladores, sin embargo y como se puede constatar en el diario de debates, nada de esto ocurrió. La mayoría morenista se hizo presente y, desechando las muchas voces críticas, aprobó prácticamente sin análisis ni discusión la extinción de fideicomisos y fondos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El argumento de fondo para fundamentar su votación fue que los fideicomisos eran una fuente de corrupción y que, con su extinción, los recursos llegarían directamente a la comunidad científica. Lo cierto es que los señalamientos de corrupción no han dado lugar a denuncias y procesos judiciales para castigar a los culpables (si los hubo), los aproximadamente 25 mmdp de los fondos y fideicomisos no están reflejados en el presupuesto 2021 del CONACYT, los recursos no han fluido con la transparencia y celeridad como se prometió, los Centros Públicos de Investigación subsisten con grandes y graves penurias (lo mismo que las universidades públicas) y en general, los supuestos beneficios que tendría la extinción no se han expresado, por el contrario, estamos ante el riesgo de una involución en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país.
La referencia a la desaparición de los fondos y fideicomisos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico obedece a que estamos ante la posibilidad de que la historia se repita con el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación: mucho parlamento abierto, mucho “escuchar” a la comunidad científica, pero, en esencia, se trata de una mera simulación y no de un diálogo para la construcción de consensos (https://issuu.com/pajaropolitico/docs/anteproyecto_ley_de_ciencia_y_tecnolog_a.) Estamos ante la nada lejana posibilidad de que la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se imponga a rajatabla, sin que la comunidad cientifica y académica sea realmente tomada en consideración. De nada sirven decenas de foros y consultas si las críticas y propuestas de las comunidades centíficas y académicas no van a ser recuperadas en la iniciativa de ley.
Las críticas de la comunidad científica al anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación son muchas y bien fundamentadas, en particular, por la red ProcienciaMx (https://prociencia.mx); a riesgo de esquematizar en exceso, señalo algunas de las críticas más significativas, en el entendido de que se trata de una lectura personal:
- Es una iniciativa centralista y vertical, toda vez que establece que la ciencia es una política de Estado y que la agenda en la materia la define el Consejo de Estado, integrado por funcionarios del gobierno federal (titulares de las secretarías) con una participación muy acotada de la comunidad científica, quien tendría representantes regionales (sin saber cuántas y cuáles son las regiones en que se dividiría el país) con voz, pero sin voto. Las universidades públicas y los Centros Públicos de Investigación no estarían representados en el Consejo de Estado.
- La propuesta es excluyente por cuanto no hay participación en el Consejo de Estado de los gobiernos estatales, mucho menos de los municipales. Tampoco participan los posibles agentes de la innovación: empresas, agrupamientos regionales (gobiernos municipales, centros de investigación, particulares, agencias internacionales, etc.).
- Se vulnera la autonomía universitaria y la libertad de investigación, ya que la agenda estratégica de ciencia y tecnología sería definida por el Consejo de Estado, es decir, por el gobierno federal. En este sentido, más que una agenda de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, se trata de una agenda del gobierno federal, ya que están ausentes otros órganos del Estado, como los gobiernos estatales y municipales e inclusive las mismas universidades públicas y los Centros Públicos de Investigación.
- El financiamiento a la producción de conocimientos científicos está definido por la agenda estratégica de ciencia y tecnología, con lo que se ratifica que la libertad de investigación está acotada a los lineamientos y las prioridades definidos por el gobierno federal; en este sentido, el financiamiento a la investigación científica no responde a una política de Estado, sino a los criterios establecidos esencialmente por el gobierno federal. Asimismo, la propuesta de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación deja de lado el objetivo de asignar un presupuesto creciente y progresivo para alcanzar el 1% del PIB destinado a la ciencia (la investigación científica), la tecnología y la innovación.
- El Anteproyecto de Ley parte de concepciones fundamentalmente ideológicas, añejas y rebasadas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Hay un diagnóstico implícito que separa la ciencia “neoliberal” de la ciencia “del pueblo”, por lo que en la perspectiva de la 4T es necesario transformar (e incluso, derruir) las estructuras heredadas del neoliberalismo, incluidas obviamente, las científicas y tecnológicas. Asimismo, se parte de una noción de innovación propia de los años setenta u ochenta del siglo pasado, lo que implica desconocer las orientaciones que rigen en el mundo contemporáneo y, por ende, se corre el riesgo de profundizar el rezago de México en materia de desarrollo tecnológico e innovación.
- En esta tesitura, estructuras como el Padrón Nacional de Posgrados y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), deben ser “refundados”. Sobre el tema, hace unos días circuló en las redes sociales un documento (al parecer emanado del CONACYT) en el que se delinean los ejes de la “refundación” del SNI; sin entrar al análisis del documento, lo que llama la atención es que las y los integrantes del SNI no han sido consultados, ni escuchados, para trazar los ejes de la tal “refundación” (lo que ello signifique), por lo que nuevamente estamos ante procesos totalmente alejados del diálogo y los consensos, pero muy cercanos a la imposición y el autoritarismo. Se ha anunciado ya que las personas integrantes del SNI adscritas a instituciones privadas, en el año 2022 dejarán de recibir el estímulo económico correspondiente a su nombramiento, lo que evidencia una profunda ignorancia del CONACYT (y del gobierno federal) sobre los procesos de producción del conocimiento científico que se dan con base en redes horizontales y heterogéneas, independientes de la institución de adscripción de sus integrantes. Esto significa que eliminar el estímulo del SNI a las personas adscritas a una institución privada (vaya usted a saber bajo qué argumentos) es un duro golpe a la producción de conocimientos en el país y, por lo tanto, al endeble sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. De la misma manera, los cambios propuestos para “refundar” al SNI pueden significar una baja en los ingresos de las y los investigadores, toda vez que se establece que “el apoyo se otorgará a quienes no reciben remuneraciones adicionales a su sueldo”; de ser el caso, quienes están en programas de productividad académica deberán elegir entre el estímulo del SNI o el de productividad, es decir, deberán renunciar a uno de ellos, con la consiguiente merma en sus ingresos.
Hasta aquí algunas de las críticas que la comunidad científica ha hecho al Anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Ahora bien, hay al menos dos ángulos del problema, relacionados entre sí, que me parecen altamente preocupantes:
- En primer lugar, que más allá de las grandilocuentes declaraciones (escritas y verbales) es evidente que para la actual administración federal la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no constituyen factores clave para romper el ancestral bucle de reproducción de la pobreza, ni para construir cadenas productivas de alto valor agregado, tampoco para consolidar la democracia, atender los rezagos en salud o educación, mitigar el cambio climático o formar a nuevas generaciones de científicas y científicos. En otras palabras, y de acuerdo a la asignación presupuestal y al “diálogo” con la comunidad científica y académica, a la 4T la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, le interesan muy poco. Quizás este desdén está asociado con la representación de las científicas y los científicos construida desde el gobierno federal y que, desgraciadamente, se ha convertido en una idea ampliamente difundida a través de las redes sociales: se concibe a la comunidad científica como un sector privilegiado que, durante años, ha abusado de esta condición.
- Sin negar que algunos directivos hayan incurrido en actos de corrupción, en excesos y abuso de sus cargos, la mayor parte de la comunidad científica y académica del país está muy lejos de ser un sector social privilegiado; por ello, es de enorme relevancia que las violaciones a la normatividad institucional deriven en denuncias y en procesos judiciales para castigar a los responsables de actos de corrupción, de excesos y abusos, pero lo que no se vale es que paguen justos por pecadores. La comunidad científica no es un sector privilegiado sino trabajadores y trabajadoras de la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología; por supuesto, si comparamos los ingresos de este sector con los de la mayoría de la población mexicana, los salarios de las personas con altos niveles académicos son sin duda más elevados, pero están muy lejos de las percepciones de muchos ejecutivos de empresas; ahora bien, si la comparación la hacemos con pares de otros países, los ingresos de las y los científicos mexicanos son similares o por debajo de la media internacional. Además, las condiciones para la investigación son muy diferentes: mientras en nuestro país la precariedad es el signo distintivo, en otros países los recursos fluyen con mucha más abundancia y celeridad. La construcción de las capacidades institucionales para la investigación científica ha sido una tarea colectiva que ha llevado muchos años y que ahora, a la luz del evidente desprecio hacia la comunidad científica, están en riesgo. Representar a la comunidad científica como un sector social que ha gozado de prebendas y privilegios ha dado como resultado que se popularice un muy peligroso anti intelectualismo que se traduce en un desprecio por quienes dedican su vida a la ciencia, al arte, a la tecnología, a la cultura, al conocimiento.
En este escenario, no se avizora que el Anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vaya a ser sujeto de un amplio y constructivo diálogo entre las comunidades científicas, el CONACYT, las universidades públicas y privadas, los gobiernos de los estados y los municipios, el sector empresarial y en general por todos los actores implicados en la producción, distribución y uso del conocimiento; por el contrario, todo indica que el anteproyecto de ley será impuesto, luego de un diálogo simulado, por el gobierno federal. De ser el caso, un periodo de oscuridad se avista en el horizonte del país.
