Preocupaciones internacionales por mayor impunidad

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Michael W. Chamberlin/Rompeviento TV

16 de febrero de 2021

Existen dos condiciones para que persistan en nuestro país los niveles de violencia a los que nos han acostumbrado, al menos desde el sexenio de Felipe Calderón: la corrupción y la impunidad, pero de estas dos, la principal es la impunidad. Sin investigaciones y sanciones a responsables de la corrupción y de graves delitos y violaciones a derechos humanos cometidos a gran escala todos los días (desapariciones, ejecuciones, feminicidios, trata, tortura, desplazamiento forzado, entre otros), se garantiza su continuidad.

Si uno mira los hechos de Camargo, Tamaulipas, en 2021, no sorprende la similitud con San Fernando por una sencilla razón: la falta de rendición de cuentas de los responsables lo único que produce es la repetición de los hechos. Camargo es un ejemplo de muchos en Tamaulipas, y ese estado es un ejemplo entre muchos en el país.

Acteal, Aguas Blancas, Allende, Apatzingán, Ayotzinapa, Bavispe, Cadereyta, Camargo, Coatzacoalcos, Colinas de Santa Fe, Creel, Nochixtlán, Nuevo Laredo, Piedras Negras, San Fernando, Tanhuato, estos nombres, entre muchos otros más, nos remiten a agravios y a impunidad. ¿Cuántos más?, ¿hasta cuándo?

Según el Índice Global de Impunidad, México ocupa el primer lugar en impunidad en el continente americano y el lugar 60 de 69 países a nivel mundial. Se denuncian 11 de cada 100 delitos y de estos sólo se abre carpeta de investigación en 7.6, es decir, la cifra negra es de 92.4 %. Sólo en 6.6 % de los delitos habrá ejercicio de la acción penal, lo que significa que de cada 1000 delitos, sólo 8 llegarán a proceso. Cuando la posibilidad de ser imputado (ya no digamos castigado) es de .8 %, la justicia no es incentivo para dejar de delinquir.

Estos datos son actuales, pero no son muy diferentes a los que hemos tenido desde el inicio de la guerra contra las drogas. La incapacidad de la procuración de justicia ha obligado a la creación de organismos extraordinarios: la falta de protección por parte de las procuradurías o fiscalías a personas defensoras y periodistas obligó a la creación de un Mecanismo Federal de Protección; la falta de búsqueda de las personas desaparecidas obligó a la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y un sistema nacional de búsqueda; la falta de resultados medidos en sentencias obligó a la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a un sistema nacional de reparación de víctimas (que sin programas de reparación administrativa no hacen ninguna diferencia porque siguen dependiendo de las sentencias que llegan a cuenta gotas); en fin, una carrera sin fin para atender lo que las procuradurías no han hecho. Aun así, la persistente falta de resultados en materia de justicia sólo va sumando víctimas y elevando los delitos cometidos, complicando las tareas de estos órganos extraordinarios que en los hechos terminan administrando los efectos del horror, que de otra manera podrían tener una acción complementaria de mayor incidencia positiva en la vida de las víctimas. No obstante, la actual Fiscalía General de la República pretende desligarse de estos órganos.

Dada la ineficacia de la procuración de justicia, se buscó que, al otorgarle autonomía a la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, se le dotará de instrumentos de efectividad y transparencia en una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que fue resultado de debates intensos y propuestas en parlamento abierto desde 2016. Sin embargo, en octubre del año pasado la fracción de MORENA en el Senado presentó una iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República. Las reacciones no se hicieron esperar.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que la iniciativa: “implica un retroceso en la administración de justicia, así como a la colaboración interinstitucional propia de un Estado de derecho al afectar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición…”; la Comisión Nacional de Búsqueda en un comunicado agregó que es “un rechazo a la colaboración institucional y un incorrecto entendimiento de lo que significa la autonomía”. Hubo otros muchos más pronunciamientos de rechazo y preocupación por la iniciativa de organismos civiles, públicos y empresariales, entre otros.

Quiero resaltar, de entre ellos, la carta dirigida al presidente López Obrador el 21 de enero pasado, por varios expertos y mecanismos especiales de la ONU, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos; el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y el Relator Especial sobre los Derechos de los Migrantes, expresando preocupación por la iniciativa dado que contraviene varias obligaciones de México en materia de derechos humanos.

Las preocupaciones no son menores. La iniciativa pretende que la nueva Fiscalía se retire del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas; se retire del Sistema Nacional de Búsqueda de personas Desaparecidas; se retire de la Comisión Intersecretarial para la Trata de Personas y elimine el programa de protección a víctimas y testigos de trata; se retire del Sistema Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres; y se retire del Mecanismo de Apoyo en el Exterior que asiste a víctimas migrantes.

Pero no solo eso, la iniciativa afecta los derechos de las víctimas al eliminar la obligación de los fiscales de elaborar planes de investigación de manera coordinada con las víctimas, de mantener informadas a las victimas de las etapas de la investigación y garantizar su participación en las diligencias que se propongan; de permitir el acceso a las víctimas a todos los registros; el derecho a presentar peritajes independientes; el derecho a ser protegidas si están en riesgo; la vulneración del resguardo de la información genética para fines distintos de la identificación; el acceso a un traductor o interprete; y el derecho a solicitar la atracción de casos que estén comprometidos en el ámbito local; en casos de desaparición, la obligación de emitir inmediatamente órdenes de búsqueda en cuanto saben de una noticia o denuncia de desaparición; elimina, además, la obligación de la fiscalía de asesorar a las víctimas migrantes sobre sus derechos.

En el ámbito organizativo de la Fiscalía, elimina los principios para el nombramiento de él o la fiscal: transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, igualdad y no discriminación, y el requisito de buena reputación; elimina la autonomía en la actuación de los servidores de la Fiscalía y los subordina al Fiscal General; elimina los requisitos de mérito, transparencia y publicidad en la designación de titulares de las fiscalías especializadas; elimina el consejo ciudadano (nunca nombrado), y la obligación de un plan de persecución penal aprobados por el Senado; finalmente, elimina la posibilidad de llevar a cabo investigaciones multidisciplinarias para fenómenos delictivos complejos como los de delincuencia organizada (o de macro criminalidad), particularmente ligados a graves violaciones a derechos humanos. El fiscal Gertz Manero se mostró siempre reticente a estas disposiciones de la ley orgánica que ahora la propuesta elimina.

Muchos de estos derechos fueron conquistas de las víctimas organizadas, acompañadas por organismos de la sociedad civil con la finalidad de ganarle terreno a la impunidad y generar procesos de derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a medidas de no repetición. Son derechos reconocidos en el ámbito internacional y compromisos del Estado mexicano, pero son, antes que nada, rabia hecha propuesta, una oportunidad para la justicia transicional, que sin embargo es otra vez relegada.

La justicia cuando es eficaz tiene un efecto pedagógico al mandar un mensaje de intolerancia a la impunidad que irradia a la sociedad, repara a las víctimas y evita la comisión de nuevos delitos. No se puede encontrar a los desaparecidos de ayer si hoy siguen desapareciendo. Seguirá habiendo Camargos si no resolvemos San Fernando. La impunidad tiene el efecto pedagógico contrario. La justicia no es la única herramienta, pero es la mejor para acabar con la violencia.

El presidente López obrador ha repetido cientos de veces que en su gobierno no habrá corrupción ni impunidad, pero esto significa crear las herramientas y los incentivos de política, social, sí, pero también de política criminal, hoy ausente. Erradicar la impunidad más allá de buenos deseos debe ser un compromiso de Estado. Esperemos que el presidente en esta ocasión escuche a los expertos de Naciones Unidas y acepte su asesoría técnica. Esperemos que el legislativo atienda las necesidades del país y no las directrices de los partidos.

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