A reserva de conocer el desenlace de las denuncias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ex funcionarios, funcionarias y colaboradores del CONACYT y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (el Foro, en adelante) por los delitos de peculado, uso indebido de recursos, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada, se impone el debate de las condiciones en las que se desarrolla la investigación en ciencia y tecnología, la formación de nuevas generaciones de personas dedicadas a estas actividades, la incorporación de la investigación en el desarrollo del país y, en general, la reflexión y el análisis sobre el papel de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación en México. La discusión es pertinente por cuanto el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se encuentra detenido, al parecer, y por lo que se aprecia no hay mucha voluntad en que sea discutido ampliamente por las comunidades académicas y científicas del país.
Por cierto, no deja de ser interesante, por decir lo menos, que hayan sido precisamente algunas personas del Foro, denunciadas ante la Fiscalía, quienes se pronunciaron por un amplio debate en torno a la iniciativa de ley sobre las condiciones para la investigación científica en el país. Gabriela Dutrénit señaló: “Creo que la discusión que tenemos en estos momentos en México nos ha dado para reflexionar sobre cómo avanzar, cómo pensar en un cambio en la legislación, en una legislación que genere mejores condiciones para la ciencia mexicana”. Como hemos visto en días pasados, las denuncias presentadas por la FGR han alentado una ola de acusaciones, sin fundamento legal alguno, en contra de las personas del Foro, en lo particular, y en general, en contra de la comunidad científica del país. Si el objetivo de las acusaciones de la Fiscalía fue generar un clima de animadversión en contra del quehacer científico que intimidara la discusión, no cabe duda que lo cumplió con creces. No obstante y como lo comenté en una entrega anterior: “... mientras no se demuestre lo contrario, las 31 personas señaladas por la actual administración del CONACYT son inocentes. Y lo son no por ser científicos y científicas, sino porque son ciudadanas y ciudadanos con derechos, como usted y como yo, a quienes no se les ha demostrado que cometieron los delitos por los que se les acusa”.
La reciente discusión sobre la política de ciencia y tecnología en el país se ha centrado en una falsa premisa: la pugna entre el modelo anterior “neoliberal”, corrupto por antonomasia, frente a la honestidad del actual modelo, el de la “4T”. Al menos, eso se colige de cientos, de miles de comentarios en las redes sociales. Dejemos que sean las autoridades judiciales las que determinen si quienes desempeñaron papeles preponderantes en la conducción de la política científica del país en años anteriores cometieron los delitos de los que se les señala; esto no significa claudicar a la reflexión y el debate, por el contrario, se trata de animarlo colocando algunos ejes que, a mi juicio, son fundamentales.
En primer lugar, es preciso reconocer que las instituciones académicas del país, en particular las universidades públicas, acusan asimetrías estructurales que en nada favorecen el desarrollo de la ciencia, las tecnologías, las humanidades y la innovación. Tenemos, por una parte, miles de profesores y profesoras con pésimos salarios, exceso de carga académica y, en general, condiciones laborales precarizadas. Sobre estos profesores y profesoras recae la mayor parte del trabajo docente de las universidades públicas del país. Por otra parte, proporcionalmente hay muy pocas personas dedicadas a la investigación científica y humanista: el Sistema Nacional de Investigadores consta de alrededor de 38 mil integrantes. En un país de cerca de 130 millones de habitantes, 38 mil investigadores e investigadoras son muy pocos. Para hacer de la ciencia, las tecnologías, las humanidades y la innovación una verdadera palanca del desarrollo del país se requiere duplicar, triplicar el número de investigadores e investigadoras, así como incrementar sustancialmente el presupuesto destinado a este sector.
La política de ciencia, humanidades, tecnologías e innovación está obligada a establecer mecanismos para superar esta asimetría, lo que requiere, al menos, presupuesto para ampliar las plazas académicas de tiempo completo en las universidades; programas para identificar a jóvenes talentos que puedan desarrollar su carrera como investigadores; suficientes programas de posgrado y becas para formar a estos cuadros; becas y estímulos para estudios de posgrado en el extranjero; y, obviamente, programas de contratación y plazas en las instituciones de educación superior. Cualquier iniciativa en materia de ciencia, tecnologías, humanidades e innovación que no apunte a superar estas enormes asimetrías, abonará a ellas y, por consiguiente, a la desigualdad social. Sin embargo, en lugar de superar las asimetrías mediante la mejora de las condiciones del trabajo académico y científico, pareciera que la 4T se empeña en igualarlas a través de la precarización del sector científico, por ejemplo, mediante la eliminación de las cátedras CONACYT y el despido de más de 200 investigadores e investigadoras.
En segundo lugar, es necesario discutir las políticas en materia de vinculación con el sector productivo. En los últimos días y a la luz de las denuncias en contra de integrantes del Foro, se ha cuestionado la transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. Bien, si esta política es ilegal, errónea, incorrecta, éticamente indefendible o como se le quiera caracterizar, es imprescindible establecer cómo se concibe la vinculación con el sector privado, y, al mismo tiempo, definir cómo se entiende la innovación (si es que hay interés en impulsarla) y quiénes son los agentes de ella. Esta discusión no es, no puede ser, privativa del gobierno, debe convocar a la comunidad científica, a representantes del sector empresarial, del sector social, de los pueblos originarios, de minorías sociales, de organizaciones feministas, de organizaciones en defensa del medio ambiente, entre otros actores. Por supuesto, es indefendible la subordinación del trabajo científico a los intereses del capital, en particular de las poderosas trasnacionales (como Monsanto), por lo mismo, es pertinente discutir a qué empresas sí es legal y ético transferir recursos para la innovación y a cuáles no. O bien, establecer con toda claridad que no habrá recursos para las empresas, independientemente de su tipo, giro y tamaño.
Un tercer eje de discusión es el financiamiento. Toda vez que los fideicomisos y fondos para la investigación científica fueron eliminados (con lo que se cerraron las puertas a la posibilidad de atraer recursos foráneos), es pertinente debatir sobre las fuentes de financiamiento para el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la innovación y las tecnologías; este debate no es ocioso, banal o meramente académico, por el contrario, se trata de una discusión necesaria para establecer la inserción de este sector en los ámbitos sociales, productivos, ambientales, culturales, etc. del país. Actualmente, y pese al incremento estimado para 2022, el presupuesto para ciencia y tecnología representa apenas el .2 % del PIB. En un muy interesante artículo de Carlos Iván Moreno y Diego Cedillo en la revista Nexos se señala que: “En suma, lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone para 2022 es que, de cada 100 pesos disponibles para gasto programable, se destinen 16.8 en la función educativa. De estos, 2.9 pesos serían para educación superior y posgrado, y apenas un peso para CTI.” Si de cada 100 pesos 1 se destina a ciencia, tecnología e innovación, y por otra parte se han eliminado los fondos y fideicomisos para la investigación y se ha cuestionado la participación de la iniciativa privada en este sector, no parece que la 4T tenga a la ciencia y la tecnología como una de sus prioridades, por el contrario. Al menos eso se desprende del análisis del presupuesto destinado al impulso de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Un cuarto eje de discusión está dado por la definición de los problemas nacionales y la Agenda de Investigación, contemplada en el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. De acuerdo con esta iniciativa, los criterios en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación serán definidos como política de Estado a través, entre otros mecanismos, de la Agenda de Estado. El problema estriba en quién define la Agenda de Estado. El artículo 13 de la Iniciativa dice:
Artículo 13. La Agenda de Estado se integrará por los asuntos y temas a los que se refiere el artículo 8 de esta Ley y estará contemplada en el Programa Especial.
La investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realice directamente el Estado se hará conforme a la Agenda de Estado. De igual manera, los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo se destinarán preponderantemente a su cumplimiento, sin menoscabo de la libertad de investigación, así como de la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por Ley.
El subrayado es mío y lo hice para enfatizar que de acuerdo con esta iniciativa de ley, el Estado realizará directamente investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Bien, el problema que se advierte es la posible centralización de las políticas de estas actividades en el Consejo de Estado, integrado por el Presidente de la República, el director o directora general del Consejo Nacional (hoy CONACYT), los Secretarios de Estado y representantes de los gobiernos de las entidades federativas por cada región que establezca el Consejo Nacional (artículo 39). Participarían como invitados en este Consejo de Estado, con voz pero sin voto, representantes del sector productivo y social, también “responsables de la política local, quien asumirá la Secretaría Técnica del Consejo de Estado” y representantes de la “comunidad que destaque por sus aportaciones al desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, propuesto por el Consejo Técnico del Consejo Nacional”.
Bien. Salvo su mejor opinión, no parece que la alternativa al “modelo neoliberal” en el que las “fuerzas del mercado” orientaban las políticas de ciencia y tecnología sea el “modelo 4T”, en el que estas definiciones recaen, fundamentalmente, en el Consejo de Estado, es decir, en el gobierno federal. Ambos modelos son excluyentes, autoritarios y con escasa incidencia (al menos en el papel, el modelo de la 4T) en la superación de las asimetrías estructurales del sistema de educación superior del país. Se requiere, por tanto, la participación democrática, libre y plural de las y los trabajadores de la ciencia, la tecnología, la innovación y, en general, del sector académico del país, para la construcción de consensos y acuerdos en la definición de las políticas públicas para el sector.
