Artículo 20.
- De los derechos de toda persona imputada:
- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El combate a la corrupción no puede violentar el estado de derecho. Y eso, justamente, es lo que está ocurriendo con las 31 personas de la comunidad científica señaladas de haber cometido delitos como peculado, uso indebido de recursos, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. En medios de comunicación y redes sociales han sido sentenciadas: culpables. Así, sin más, sin audiencia, sin presentación de evidencias judicialmente válidas: simplemente porque sí, porque son científicas y científicos que ocuparon puestos en áreas de gestión de la política nacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, científicos “neoliberales” se les ha llamado, por eso se les ha sentenciado: culpables. Resulta muy lamentable que se pre-juzgue, sobre todo cuando el juez ha negado la orden de aprensión en contra de las personas denunciadas por el CONACYT. Inclusive, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la legalidad de los recursos entregados al Foro Científico y Tecnológico por parte de CONACYT.
Que en dos ocasiones el juez haya negado la orden de aprensión solo puede obedecer a dos consideraciones: o no hay delito que perseguir, o la Fiscalía no ha sustanciado debidamente la denuncia. En cualquiera de los dos casos, las 31 personas siguen siendo inocentes, toda vez que no hay investigaciones que demuestren fehacientemente su culpabilidad en los supuestos delitos que se les imputan y, por ende, no hay sentencia emitida por un juez.
Las acusaciones en contra de las 31 personas están relacionadas con el Foro Científico y Tecnológico, A.C., instancia creada en 2002 en conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología (vigente en la actualidad), con el objetivo de “fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, el Consejo General, la Junta de Gobierno del Conacyt y el Poder Legislativo (federal y estatales)”. El Foro está constituido por una Mesa Directiva integrada por representantes de la academia, del sector empresarial, de academias científicas, del Consejo Consultivo de los Centros Públicos de Investigación, de responsables de ciencia y tecnología de los estados. Los recursos para la operación del Fondo fueron proveídos por el CONACYT, en una operación que, como ya mencioné, la SCJN consideró legal.
En breve: el Foro, instancia de consulta en materia de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo fue creado en apego a la ley, su funcionamiento fue estipulado en la normatividad institucional y su financiamiento, hasta que se demuestre lo contrario, fue legal (y auditado por varias instancias). Mientras no se demuestre jurídicamente la comisión de algún delito, inclusive la misma creación del Foro, su estructura, sus funciones y su financiamiento, no puede acusarse a nadie. La presunción de inocencia es indeclinable.
Sin embargo, en las redes sociales la sentencia ha sido emitida y las 31 personas que en algún momento ocuparon algún cargo en el Foro fueron declaradas culpables. Una sentencia a ciegas, sin investigación, sin evidencias, basada exclusivamente en especulaciones, escándalos, prejuicios y ánimo de linchamiento.
Recojo algunas expresiones de las redes sociales que demuestran que muchas personas se han erigido en juzgador y han dictado sentencia.
- “No se criminaliza a la ciencia, no se hagan pndejos (sic). Se criminaliza a los falsos científicos que se robaron millones de pesos del CONACYT”.
- “Linchamiento jajajajajajaja, ahora así se le llama al acto de meter a la cárcel a científicos ladrones”.
- “No veo a nadie atacando a la ciencia ni al quehacer científico, pero si a un grupo que bajo esa bandera se corrompió e hizo un uso deshonesto de los recursos públicos. Todo el peso de la ley sobre ellos”.
- “Y que no se les toque aunque sean corruptos??? Fíjate que NO (sic). Son ladrones, que paguen”.
Ladrones, corruptos, deshonestos, son algunos de los calificativos que se les ha asestado a las 31 personas del Foro. No se trata de meter las manos al fuego por nadie, simplemente hay que respetar el estado de derecho y eso significa que mientras no se demuestre lo contrario, las 31 personas señaladas por la actual administración del CONACYT son inocentes. Y lo son no por ser científicos y científicas, sino porque son ciudadanas y ciudadanos con derechos, como usted y como yo, a quienes no se les ha demostrado que cometieron los delitos por los que se les acusa. Nadie, excepto el juez o jueza que lleve el caso, puede determinar la culpabilidad de las personas señaladas, entre otros delitos, de delincuencia organizada. Parece un exceso esa acusación y la Fiscalía deberá demostrarla con evidencias irrefutables; inclusive, integrantes de la “cuarta transformación” han expresado su desacuerdo con los señalamientos de la Fiscalía: Ricardo Monreal, coordinador de MORENA en el Senado dijo que “creo que se trata de una denuncia interpuesta por la directora del Conacyt, habría que revisar. Yo no quiero convertirme ni en ministerio público ni en juez, no lo voy a hacer, pero como universitario me preocupa que se dé este clima de crispación, de polarización con la comunidad científica.’’ Por su parte, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (científica ella) le parece un exceso: “no creo que deba tratarse como delincuencia organizada, me parece un exceso”. Pero bueno, dejemos que sea el Poder Judicial el que determine la culpabilidad -o no- de las 31 personas imputadas.
Ahora bien, la presunción de inocencia se inscribe en la razón jurídica que, en mi opinión, debe ser respetada a toda costa puesto que no hacerlo vulnera el estado de derecho y allí, perdemos todos, perdemos todas. El respeto a la razón jurídica no significa que no debamos discutir los problemas de la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación superior, la formación en posgrados, el Sistema Nacional de Investigadores, etc. En este sentido y a riesgo de esquematizar en exceso, quizás podamos leer el intento de la actual administración del CONACYT, encabezada por la Doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, y de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero por encarcelar (en el penal de máxima seguridad de El Altiplano) a 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un choque de dos concepciones respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación: por una parte, el modelo “neoliberal” y, por la otra, el modelo que tal vez podamos denominar “4T”. Estoy claro que es arriesgado calificar como modelos de ciencia, tecnología e innovación a las iniciativas, normas e instituciones surgidas en el llamado periodo neoliberal, así como a las escasas -o abundantes- propuestas (como usted quiera) emanadas de la 4t, sin embargo y para fines de exposición de este texto, asumo el riesgo.
Este choque de concepciones repercute en el andamiaje institucional, en el marco jurídico, en el financiamiento, en la formación de cuadros científicos, en pocas palabras, en la definición de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Se trata, por ende, de un asunto de mucha mayor envergadura y complejidad que la fácil dicotomía entre un “pasado neoliberal corrupto” y el “presente impoluto de la 4T”. En otras palabras, el fondo del conflicto del CONACYT y de las 31 personas del Foro es la definición y el control de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.
Cuestionar a la “ciencia neoliberal” desde la perspectiva de la “ciencia de la 4T” es absolutamente válido, necesario incluso, pero no suficiente en términos de la razón jurídica que obliga a demostrar con evidencias los dichos de corrupción expresados en delitos como peculado, uso indebido de recursos, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. Mientras no se demuestre jurídicamente la corrupción del modelo neoliberal de ciencia, tecnología e innovación, los señalamientos en este sentido se quedan como palabras huecas, acaso como meras expresiones propagandísticas, o peor aún, como parte de un proceso tendiente a inhibir -a través del miedo- la participación de la comunidad científica en la definición de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.
Hay indicios del choque entre el “modelo de ciencia neoliberal” y el “modelo de la 4T”, por ejemplo: la desaparición de fideicomisos y fondos, el intento de eliminar el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores a las personas adscritas a instituciones privadas, la eliminación de las cátedras CONACYT, el intento de adscribir en el apartado B al personal académico de los Centros Públicos de Investigación y de manera particular, el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y sí, se trata de un choque, no de una transición consensuada con la comunidad científica y académica; la evidencia más contundente del choque es, precisamente, las denuncias presentadas en contra de las 31 personas del Foro.
En el “modelo neoliberal de ciencia” es el mercado el que determina las políticas en materia de ciencia y tecnología; en el “modelo 4T” es el Estado el que establece estas jerarquías, como se puede leer en el artículo 13 del Anteproyecto de Iniciativa de Ley General De Humanidades, Ciencias, Tecnologías E Innovación: “la Agenda de Estado se integrará por los asuntos y temas a los que se refiere el artículo 8 de esta Ley y estará contemplada en el Programa Especial. La investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realice directamente el Estado se hará conforme a la Agenda de Estado”. Una agenda que más bien es del gobierno federal, toda vez que la definición de la agenda es responsabilidad del Consejo de Estado, integrado por el presidente de la República, el Director General del Consejo Nacional, los titulares de las Secretarías de la Administración Pública Federal y representantes de los gobiernos de los estados.
Hay un común denominador en el “modelo neoliberal” y en el “modelo 4T”: la exclusión de la comunidad científica en la definición de las políticas públicas de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación. En ambos casos se trata de modelos verticales, autoritarios y centralizados que además de excluir a las y los científicos (o de “incluirles” formalmente, pero sin capacidad de decisión), no inciden en lo absoluto en la eliminación de las enormes asimetrías que hay en las universidades y centros de investigación del país.
No se trata de defender a nadie, ni de casarse con un modelo o con el otro. El reto que tenemos es de mayor envergadura: defender la presunción de inocencia y el estado de derecho y participar en la definición de las políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.
