Washington – En incontables ocasiones, los mexicanos hemos sido testigos de las pifias de nuestro sistema judicial cuando liberan a criminales confesos.
Arrastramos la corrupción que enquistaron en el sistema judicial los gobiernos anteriores y no hay indicios de que exista la voluntad política de querer arrancarla de raíz. Los “arreglos” políticos o por conveniencia económica están a la orden del día entre los implicados en casos criminales, jueces y ministerios públicos.
Lastima observar cómo personas inocentes pagan las consecuencias de la corrupción, la opacidad y lo caduco del sistema judicial.
De igual manera, indigna atestiguar cómo los delincuentes de cuello blanco y los criminales confesos se ríen al obtener su libertad y se arropan en la impunidad que compran con su dinero o por influencias.
El ejemplo más reciente de la urgencia que tenemos de una reforma judicial auténtica, actualizada y acorde a la realidad, es el de Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, presunto líder de la Unión Tepito.
Este personaje, a quien se le atribuye la conducción de un grupo criminal, fue arrestado en tres ocasiones y liberado en dos, en un plazo de apenas 14 días.
Cuando por segunda ocasión el sistema judicial obsoleto lo libró de la celda en la que se encontraba en el Reclusorio Norte, fue nuevamente detenido, acusado de homicidio calificado.
Por omisión o por falta de capacidad profesional de los ministerios públicos, los expedientes criminales que preparan tienen más huecos que una coladera y los jueces aprovechan esto para sacarle jugo al negocio. No es necesario decir cuántos narcotraficantes han alcanzado la libertad gracias al dinero que sueltan. Estos hechos nos empobrecen como país y como sociedad, generando una inevitable pregunta: ¿hay estado de derecho?
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió la semana pasada a los jueces que no permitirá la impunidad. Las palabras y promesas se las lleva el viento. Necesitamos la reforma judicial ya, señor presidente.
A todo esto, el poder legislativo se mantiene indiferente a la problemática. Son nuestros legisladores los que deberían estar defendiendo de verdad los intereses de sus representados y, por ende, elaborando propuestas para la reforma judicial. Sin embargo, AMLO debe tomar la iniciativa porque en San Lázaro no se perciben voluntades para hacerlo.
La gran problemática de la nación es la inseguridad. Son ciegos quienes no quieren ver que la ausencia de un cambio de fondo al sistema judicial contribuye a agigantar el dilema.
Las promesas de AMLO se acumulan de la misma manera que sus diatribas en sus conferencias de prensa mañaneras. Acciones, no pasiones ni discursos para definir la agenda política del día, es lo que requerimos los mexicanos para acabar con la impunidad y la corrupción que nos corroe.
Un poder legislativo y judicial sano y normal acompañaría a un titular del ejecutivo en la impartición de la justicia equitativa. Debilita la esperanza enterarnos de casos ridículos como el de “El Lunares”, y aterra pensar que un delincuente de su calaña ande libre por las calles una vez más.
El académico, escritor y columnista Sergio Aguayo es ejemplo de lo que cuesta, desgasta e intimida la corrupción del sistema judicial y la complicidad de jueces con criminales de cuello blanco.
Si la transparencia es el tenor del gobierno de AMLO, que a nombre de tan noble causa se den a conocer casos notables del mal que padece el sistema judicial. Con extirpar los tumores no se elimina el cáncer. Hay que prevenir nuevas enfermedades, detectar a tiempo el problema y evitar así más casos como el de “El Lunares”.
El legislativo no escucha los reclamos de la ciudadanía y las manifestaciones ya no son una herramienta adecuada porque hay grupos que tienen otros intereses y se aprovechan de las demandas legítimas.
El presidente debe tomar la iniciativa para obligar a los legisladores a cumplir sus responsabilidades con quienes los llevaron a las curules federales con todos sus privilegios.
La realidad apremia. Las promesas no bastan para evitar que el sistema judicial se quede empotrado como el talón de Aquiles de los azotes que asestan al país los criminales de cuello blanco y los delincuentes probados y confesos, que gracias a su dinero e influencias se burlan de la indefensión de sus víctimas.
Que no me digan que van a esperar a que otro “Lunares” quede libre y reincida en sus crímenes, para empezar a tomar cartas en el asunto.
