Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 26 de julio de 2022
Señalaba la semana pasada que las elecciones del 2018 no trajeron la esperanza incubada en muchos por la paz y la justicia. Es claro que el panorama hacia el futuro no muestra esperanza alguna en la oposición, por lo que hoy toca a la sociedad civil activar su derecho a participar y retomar en sus manos el rescate del país. Es indispensable crear una agenda de acuerdos mínimos entre quienes estamos siendo interpelados porque este país sea viable en democracia, construida sobre la base de la evidencia y de los derechos humanos.
Esta agenda debe plantear acciones para romper el pacto de impunidad, acciones para desmantelar las redes de macro criminalidad y los ejércitos privados; acciones para desmilitarizar y recuperar territorios de paz y para esclarecer los graves crímenes del pasado; y acciones para la transparencia y la rendición de cuentas de partidos, candidatos y autoridades en puestos de elección.
La agenda ciudadana de justicia y seguridad tiene al menos once años de existir, si tomamos como referencia el nacimiento del Movimiento por la Paz. Hoy considero necesario incorporar, como punto complementario, el debate sobre la calidad de nuestra democracia como condición para lograr la justicia y la paz anheladas.
La demanda ciudadana de finales de los años ochenta y la década de los noventa se caracterizó por permitir la alternancia de los partidos en el poder, y con ello lograr la competencia electoral y el fin del régimen del partido único, pero falló en un punto clave: detonar el proceso de democratización de las instituciones de seguridad y justicia, entre otras. Los mecanismos de corrupción del régimen anterior contaminaron a los nuevos actores políticos que como resultado de la alternancia accedieron al poder y al dinero público. Este proceso histórico lo explican mejor Sandra Ley y Guillermo Trejo en su libro “Votos, Drogas y Violencia”. Yo agrego que esto fue posible porque hemos permitido a los partidos políticos tener el monopolio de la representación y una total ausencia de rendición de cuentas.
Esta mancuerna resultó en la mejor combinación para la corrupción de los partidos políticos, quienes se han vuelto botines y a veces rehenes de los grupos criminales. La segunda consecuencia de esta combinación de elementos es la total impunidad, auspiciada por la inoperancia de todas las fiscalías del país, que ha permitido que estos grupos hayan crecido de tal modo que territorios enteros del país están bajo su control al punto que han desplazado a los distintos niveles de gobierno y suprimido el estado de derecho.
Lejos de brindar soluciones, los partidos políticos se han vuelto parte del problema. Más allá de una reforma electoral, necesitamos una reforma del poder político para hacerlo más horizontal y asequible desde el ámbito local, empezando por someter a los partidos y a los servidores públicos a la rendición de cuentas, y por quitarles el monopolio de la representación. Medidas como candidaturas independientes, elecciones primarias y la reelección habilitan a los votantes para tener control sobre sus representantes y les quita a los partidos su habitual y arbitraria discrecionalidad.
En México ahora se permite la reelección para legisladores y alcaldes, pero la prerrogativa de la reelección de servidores recae en los propios partidos y no en la ciudadanía, por lo que el representante popular tratará de quedar bien con su instituto político antes que con sus votantes para ser reelecto. Más aún, todas las postulaciones a cargos de elección popular son hechas por los partidos, por lo que la elección de candidatos bien puede ser negociada por poderes fácticos (como de hecho sucede), muchas veces con violencia y sangre. Si las comunidades eligieran a sus representantes por medio de elecciones primarias (no encuestas) y además de manera directa con el fortalecimiento de candidaturas independientes, mejoraría el sistema para que las y los mejores lleguen a los puestos de representación en la toma de decisiones que beneficien a sus votantes, no al partido ni a poderes fácticos como es el crimen. Algunos ejemplos indígenas, como el del municipio de Cherán en Michoacán, son iluminadores.
Eliminar el monopolio del poder público y someter a la rendición de cuentas tendrá también como consecuencia una mejora en la calidad de los partidos, porque les salvará de las presiones de cooptación y corrupción de los grupos de poder fácticos, depurará sus filas y creará incentivos para hacer propuestas políticas de calidad que respondan, por encima de todo, a las necesidades y exigencias de sus votantes.
Mejorar la calidad de la democracia, sumada a medidas efectivas contra la impunidad y la corrupción, generan una sinergia positiva hacia mejores leyes, instituciones y políticas públicas, sujetas a escrutinio y medición de resultados.
No adelanto vísperas, sólo diré que se están preparando las primeras convocatorias para una asamblea ciudadana que genere esta agenda de mínimos. Entre tanta incertidumbre, lo único seguro es que es necesaria.
