En el estado de Veracruz el delito de ultrajes a la autoridad está tipificado en el código penal, artículo 331: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. Es importante comentar que desde el año 2016 el “delito de ultrajes a la autoridad” fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la siguiente nota puede usted consultar la información referida: https://articulo19.org/la-suprema-corte-de-la-nacional-declara-inconstitucional-el-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad/.
Al alero del anticonstitucional artículo 331 del código penal veracruzano, seis jóvenes fueron detenidos y encarcelados en el penal de Pacho Viejo, a escasos 20 kilómetros de la capital del estado, Xalapa. Como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales, el caso de estos chicos fue motivo de una acre confrontación entre el gobernador del estado, Cuitláhuac García, y el coordinador de la bancada de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal. La discrepancia entre el gobernador García y el Senador Monreal fue por la legalidad -o no- de la detención de los jóvenes apresados en Xalapa, y si a las evidencias nos atenemos, en este caso el senador Monreal ha ganado la partida: los jóvenes están en libertad.
Monreal alegó que el artículo que tipifica como delito los ultrajes a la autoridad debía ser derogado, fundamentalmente por ser anticonstitucional. Los hechos han dado la razón al senador.
Por cierto, la liberación de los jóvenes no ha parado la confrontación entre García y Monreal, toda vez que ahora el motivo de sus públicas discusiones ha sido la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, acusado de participar en el homicidio de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, en el norte de Veracruz. Aunque se trata de situaciones y casos diferentes, no extrañaría en lo absoluto que la acusación contra del Río Virgen tenga el mismo desenlace que la de los seis jóvenes acusados injustamente.
Calificar de injusta la detención de los jóvenes (que por cierto les valió pasar cuatro meses en prisión) no es una apreciación personal sino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió una serie de recomendaciones dirigidas al gobernador García Jiménez y a la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns. En la recomendación número 146-2021(del 21 de diciembre del año pasado) se lee:
“A usted señor Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz:
PRIMERA. En coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, y una vez que emita el dictamen correspondiente conforme a los hechos y responsabilidades descritas y acreditadas en la presente Recomendación, se proceda a la reparación del daño de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, a través de una compensación justa y suficiente, debiendo para ello inscribir a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, conforme a la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se remita a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento”.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aceptó totalmente las recomendaciones de la CNDH y comentó: “He mandado el oficio de respuesta y puntualmente dice que aceptamos y por qué aceptamos y estaremos en marcha con varias de las recomendaciones dándole curso en estos días”. Por su parte, la Fiscalía General encabezada por Verónica Hernández Giadáns también admitió al cien por ciento las recomendaciones de la CNDH. La aceptación de ambos funcionarios significa que, en efecto, los seis jóvenes fueron detenidos ilegalmente y violados sus derechos elementales.
No se esperaría menos, tanto del gobernador como de la fiscal, que admitir cabalmente la recomendación de la CNDH. Sin embargo, la raíz del problema que desató la injusta detención de esas personas sigue allí: tipificar como delito los ultrajes a la autoridad, entendidos como amenazas o agresiones. La inmensa manga ancha, la amplísima discrecionalidad y la ambigüedad que brinda a las autoridades estatales para alegar que fueron amenazadas o agredidas, representa un enorme peligro para la ciudadanía veracruzana, y para cualquier persona que venga o transite por el estado. Como lo señalé anteriormente, la propia Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto y ha señalado como inconstitucional este “delito”.
Como hemos visto en el caso de los seis jóvenes injusta e ilegalmente detenidos hace unos meses, un policía o un funcionario o funcionaria público del nivel jerárquico que sea, puede apegarse al artículo 331 para acusar a cualquier persona de amenazas o agresiones. Lo preocupante del citado artículo es que antepone la condición de “autoridad” a las posibles amenazas y agresiones cometidas por una persona en contra de otra, es decir, no se trata de ser condescendientes con quien agreda o amenace, sino de cuestionar que en Veracruz una autoridad, por el hecho de serlo, tenga la posibilidad de alegar que fue agredida o amenazada. Decir que este artículo es profundamente autoritario es poco, francamente expele un tufo fascistoide, inaceptable en una democracia: es la vía para que las autoridades ultrajen a la población, para que los ultrajes sean en contra el pueblo.
Y precisamente en eso radica la mayor alarma: que en Veracruz existen individuos y fuerzas sociales capaces de urdir un artículo con evidentes tintes fascistas. Esas fuerzas sociales no son anónimas, tienen nombre y apellido y son los diputados y las diputadas que avalaron con su voto las reformas al código penal veracruzano y su infame artículo 331. Y para más señas, en su mayoría pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA. Resulta increíble, e inaceptable, que una organización política que se presume progresista y de izquierda haya sido capaz de aprobar el incremento de la penalidad de un artículo violatorio de los derechos humanos. Pero a la luz de las evidencias es necesario admitir que, al seno de MORENA y al menos en el estado de Veracruz, hay personas y corrientes políticas profundamente autoritarias, represivas y carentes del mínimo conocimiento en materia de derechos humanos. Personas y corrientes que, para decirlo coloquialmente, se llevaron al baile al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Para bien de la sociedad veracruzana y si hacemos eco a las palabras del gobernador, el delito de ultrajes a la autoridad estaría en vías de salir del código penal a partir de la derogación del artículo 331. Toda vez que el gobierno del estado de Veracruz aceptó totalmente la recomendación 146-2021 de la CNDH, el paso que sigue es la derogación del citado artículo. “Si tenemos que corregir, corregimos” afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al aceptar la recomendación de la CNDH. Esperamos que la corrección del rumbo no se quede solamente en el plano jurídico y haya una extirpación radical de las tendencias autoritarias en el gobierno y en el Congreso de Veracruz.
