En días recientes, el Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUT). La votación fue cerrada y, de no ser por las abstenciones, posiblemente el dictamen hubiese sido rechazado; a favor 54 votos, en contra 49 y 10 abstenciones. Los votos a favor fueron de la bancada de MORENA (y uno del PRI, Manuel Añorve), en tanto que las abstenciones fueron de MORENA (8) y del PT (2). La Senadora Jesusa Rodríguez, de MORENA, votó en contra. Lo cerrado de la votación indica que lejos de causar consenso, la iniciativa concita serios y fundados cuestionamientos, básicamente porque se violan garantías individuales establecidas en la Constitución.
Esta iniciativa no es nueva, en el sexenio de Felipe Calderón se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) con la intención de frenar y disminuir los delitos, entre otros, las extorsiones telefónicas y los secuestros. Aquel RENAUT fracasó estruendosamente en su cometido, al punto de que desapareció luego de que la base de datos fuera puesta en venta; sorprende, por lo tanto, que la bancada de MORENA en el Senado haya impulsado la creación del PANUT, padrón que, a diferencia de su desaparecido antecesor, pretende hacerse de los datos biométricos de los usuarios de teléfonos celulares, niñas y niños incluidos. No deja de ser irónico que la iniciativa impulsada en el sexenio de Calderón se retome, corregida, aumentada y afilada, por la 4T. El argumento de MORENA en el Senado en el sentido de que esta iniciativa es diferente al RENAUT porque “no somos iguales”, ya que con Calderón estaba al frente de la seguridad un delincuente como Genaro García Luna, es, por decir lo menos, ridículo. Inclusive, aceptando el supuesto de que no son iguales (aunque tampoco son tan diferentes), el riesgo de que los datos biométricos de millones de personas sean utilizados con fines aviesos es muy alto; además, como si los “impolutos” funcionarios y representantes de MORENA y sus aliados fueran a gobernar por siempre. El PANUT es un despropósito claramente violatorio de derechos establecidos en la Constitución, por lo que seguramente lloverán amparos.
El objetivo explícito del PANUT es frenar delitos como el secuestro y la extorsión, lo que evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal, en particular de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, y en general de las fuerzas policiacas del país y del poder judicial en su conjunto. Es bien sabido que muchas de las extorsiones telefónicas se realizan desde las prisiones, por lo que resulta desalentador -para decirlo suavemente- que las autoridades sean incapaces de terminar con esa práctica, incompetentes para erradicar ese delito. Ante la evidente incapacidad del Estado de ser garante de la seguridad ciudadana, pretender transferir tal responsabilidad (al menos parcialmente) a las personas a través de la entrega de sus datos biométricos, es una palmaria expresión de autoritarismo, inaceptable por donde se le vea.
Permítame hacerle un par de preguntas: ¿confía usted en que sus datos personales, sus huellas digitales, su voz, su rostro, su iris, una vez registrados en el PANUT serán usados con total reserva y exclusivamente con fines de seguridad ciudadana? ¿Confía usted en que la enorme base de datos del PANUT será totalmente invulnerable a robos? Salvo su mejor opinión, me parece que es imposible asegurar que el PANUT será totalmente seguro y confiable y que, por ende, nuestros datos estarán completamente protegidos. Lo siento, pero no lo creo.
No hay opción: si usted no entrega sus datos personales y biométricos, las compañías de telefonía celular podrán cancelar su línea. En un mundo cada vez más interconectado en el que las aplicaciones para celular son prácticamente imprescindibles (por ejemplo para operaciones bancarias, para servicios de transportación, para servicios de mensajería instantánea, etc.), no es muy sencillo prescindir del teléfono móvil. Si en el país hay 122 millones de líneas de telefonía celular y somos alrededor de 86.5 millones los usuarios y usuarias, no es difícil colegir que la captura y sistematización de tal volúmen de información le representaría un muy jugoso negocio a las compañías que se avoquen a ello. ¿O sería una chamba también para el Ejército?
Así las cosas y habida cuenta del fracaso de su antecesor (el RENAUT) y que la medida en poco, o nada, contribuirá a reducir los delitos porque el crimen organizado tiene mil y una formas de burlar estos controles, es necesario asumir la creación del PANUT como lo que realmente es: una estrategia del Estado para el control de la ciudadanía (del pueblo, en la terminología cuatroteísta), es decir, es una estrategia de control social y político. No conceptualizarla en su justa dimensión, es de una candidez peligrosa.
En esta tesitura, México se alinea con otros países que han impulsado iniciativas de control social similares; muchos lo han hecho bajo el argumento, o el pretexto, de la pandemia. Y mire usted que son países que no se caracterizan precisamente por la salud de sus democracias: Afganistán, China, Nigeria, Uganda, Tailandia, Pakistán, Arabia Saudita, entre otros. En efecto, una de las consecuencias más funestas de la pandemia de COVID-19 es el autoritarismo que, con el argumento de la protección de la salud, se está implantando en diversos países del mundo.
En México, el autoritarismo no ha echado mano de la pandemia, sino de la inseguridad, para la creación del PANUT. La propuesta de crear el PANUT le da la razón a Byung-Chul Han, el filósofo nacido en Corea del Sur, avecindado en Alemania, quien en un artículo publicado en marzo del año pasado (al inicio de los confinamientos por la pandemia) afirmó: “es posible que incluso nos llegue además a Occidente el Estado policial digital al estilo chino”. Ese Estado policial digital se advierte en el PANUT; que el pretexto, o el argumento, sea abatir los índices delictivos y no la pandemia, es irrelevante, el resultado es el mismo: la creación de un poderoso mecanismo para la vigilancia y el control de la población.
Ante tal escenario, es importante alzar la voz de protesta y enfrentar el autoritarismo implícito en el PANUT en diversos frentes: jurídico (amparos, declaratoria de inconstitucionalidad), político (exigiendo cuentas a nuestros representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados), académico (foros y debates de análisis), en medios y redes sociales (denunciando el carácter autoritario y anticonstitucional del PANUT), y, por supuesto, a través de la movilización ciudadana en calles, carreteras, pueblos y plazas del país. ¡No al PANUT!
