Violeta Vázquez Rojas Maldonado
Los humanos somos, por naturaleza, exagerados. Si reflexionamos sobre nuestras últimas conversaciones, con toda seguridad encontraremos que a cada evento narrado o cantidad referida le aumentamos unos cuantos grados: no estoy cansada sino muerta de cansancio, no había mucha gente en el tianguis sino millones de personas, el paquete no se demoró cinco días en llegar, sino una eternidad. El uso de la hipérbole –esa manera elegante de llamar a la exageración– es parte de nuestra capacidad expresiva y de la necesidad por mantener viva la atención de quien escucha.
Si bien como herramienta expresiva es útil y, hasta cierto punto, inevitable, en ciertos ámbitos la exageración es perniciosa. Hay situaciones comunicativas en las que no debe tener lugar: en el informe de un médico a su paciente, por ejemplo, o en el recuento de hechos ante un ministerio público. El periodismo de opinión y el análisis político son otro terreno en el que la exageración no debería ser bienvenida, aunque lamentablemente está más que naturalizada.
Podemos –debemos– preguntarnos, por ejemplo, qué aporta al debate público el caracterizar una acción como “linchamiento”. Estrictamente, un lichamiento es una ejecución tumultuaria y sin proceso. Aunque estén motivados por la búsqueda de justicia y alentados por la falta de canales formales efectivos para la procuración de la misma, los linchamientos son actos extrajudiciales, es decir, son delitos. Son acciones impactantes y perturbadoras, ante las que no se puede sentir indiferencia. Sin embargo, el uso cada vez más permisivo de este término para caracterizar el debate en medios o en redes sociodigitales lo asocia con prácticamente cualquier acto de comunicación en el que se exprese un desacuerdo, así sea por parte de agentes colectivos (redes de personas o cuentas que descalifican coordinadamente a alguien, por ejemplo), o por parte de un solo individuo en una conferencia de prensa.
Elisa Godínez, antropóloga experta en procesos de justicia por mano propia, escribió hace unos meses: “Se meten en el mismo saco de “linchamiento” diversos fenómenos de acoso digital –que necesitan urgentemente ser mejor caracterizados- y es por eso que se genera no sólo una confusión y un abuso, sino la banalización de situaciones de violencia digital que poco ayuda a entenderla y prevenirla.” Agregaría que en este saco también entran, de manera cada vez más frecuente, las declaraciones del presidente cuando son desfavorables o francamente contrarias a alguna empresa de comunicación, organización no gubernamental, o algún organismo del propio Estado, como el Poder Judicial. Coincido con Godínez en que seguramente en nuestro repertorio léxico tenemos decenas de palabras que pueden describir mejor estas situaciones de confrontación y que las audiencias y los analistas tienen el derecho de calificarlas tan vívidamente como prefieran (podrán decir que son injustas, cuestionables, coléricas, hostiles o como se quiera). Pero llamarlas “linchamientos” es una descripción que ni le hace justicia a los actos de desacuerdo verbal, ni mucho menos a quienes han sido víctimas reales de esa atroz práctica colectiva.
La exageración en torno al uso de términos como “linchamiento” no es aislada. Viene con todo un campo semántico que encumbra la metáfora de la argumentación como violencia: el presidente ataca a sus adversarios, les censura, los combate y los agrede. Estoy copiando estas palabras de un artículo de Denise Dresser, que no tiene miramiento en señalar que las conferencias matutinas del presidente son empleadas como “arma de gobierno, como foro de exhibición, como instrumento de la inquisición”. Comparar las conferencias matutinas, por polémicas que sean, con un órgano de control que se instauró a través de la persecución, la tortura y el miedo carece de cualquier sustento empírico. Pero, a diferencia de nuestras hipérboles cotidianas e inevitables, ¿hay lugar para estos tropos en el análisis político? No creo que la intención de la politóloga sea mantener la atención de sus lectores, o adornar su pieza de opinión con figuras literarias. Pareciera, más bien, que lo que se busca es instaurar la idea de que vivimos bajo un régimen autoritario, violento, persecutorio, en el que no sólo la libertad de expresión sino la integridad y la vida misma de quienes no concuerdan con el presidente y su proyecto están en riesgo. No es necesario más que echar un vistazo honesto a la situación actual para saber que esto no es el caso. Que, si bien podemos disentir con “los modos” del presidente, no estamos ni lejanamente bajo el asedio de un Estado persecutor. Peor aún: cuando ha habido –porque los hay– casos de abuso de poder por parte de fuerzas del Estado, ¿vamos a referirnos a ellos con los mismos términos con los que describimos el disenso verbal cotidiano?
Comencé estas líneas diciendo que los humanos nos servimos de la exageración para mantener la atención y aderezar la conversación, pero lo importante es que siempre podemos reconocer la diferencia entre el sentido figurado y el sentido literal de las palabras: siempre sabemos que, por más que tarde en llegar un paquete, no se tardó, literalmente, una eternidad, o que si todavía puedo decirlo, no estoy literalmente muerta de cansancio. Pero cuando usamos términos como linchamiento, censura, agresión en la descripción de la realidad política no parece preservarse esta línea divisoria entre lo literal y lo figurado. Sería una buena práctica para todos en el debate público pensar en las palabras que seleccionamos para describir lo que hacen propios y contrarios. Tal vez bajar unos grados en el tinte bélico de las descripciones ayude a pensar y ver más claramente los hechos de comunicación y la manera como reaccionamos ante ellos.
