Washington – El odio y la violencia racial en Estados Unidos son una realidad inobjetable, como lo es el arraigado amor y la pasión por las armas. Los constantes asesinatos masivos sacuden la conciencia de los ciudadanos de ese país, pero eso no es suficiente para plantear soluciones que por lo menos aminoren la frecuencia con que se llevan a cabo esos crímenes abominables.
Lo ocurrido recientemente en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, que dejó un saldo de 31 personas muertas, no cambiará lo esencial del problema: las leyes que permiten la venta indiscriminada de armas semiautomáticas y de asalto, como el rifle AK-47 que usó el terrorista racial en El Paso para masacrar a 22 personas, entre ellas, ocho mexicanas.
Donald Trump no habla de cambiar las leyes para la venta de armas, habla de un problema de salud mental que atribuye a conciencias retorcidas como causa de las matanzas. En el Congreso federal estadounidense, los republicanos que abrigaron a Trump como su candidato presidencial en 2016 no quieren cambiar las leyes.
Trump busca sacar provecho de las tragedias para conquistar las urnas en noviembre de 2020 y reelegirse. Sabe que la gran mayoría de la población de su país y del mundo le atribuye la instigación al odio racial que motivó al terrorista a matar a las 22 personas en El Paso.
Entre algodones para no lastimar los intereses políticos y económicos en el financiamiento de las campañas proselitistas republicanas, Trump propone al Capitolio trabajar leyes cosméticas que no resolverán el problema de la venta masiva de armas.
La propuesta de Trump es una ley para revisar los antecedentes penales y el estado mental de las personas que han adquirido armas y de las que pretendan comprarlas. Ni en esto están de acuerdo los republicanos del Congreso con la Casa Blanca.
En Estados Unidos la regulación de la venta de armas está diseñada para promover el producto. Existen dos tipos de expendios de armas, los que tienen licencia federal y los que no; a estos últimos se les conoce como “tiendas privadas”. La licencia federal no es requisito indispensable para vender desde pistolas calibre .22 hasta granadas y rifles de asalto .50; sí, esos que usan los narcos para hacer polvo a sus enemigos.
La licencia federal para vender armas se aplica conforme a las leyes de cada uno de los 50 estados de la Unión Americana.
Los vendedores de armas con licencia federal tienen la obligación de revisar los antecedentes penales de cada cliente durante un plazo de 13 días para determinar si es elegible para adquirir armas.
A los armeros privados no los obliga ninguna ley o regulación a investigar si un cliente potencial es una persona con antecedentes penales que puede convertirse en un elemento tóxico para la sociedad. Negocio es negocio, y los armeros privados en Texas y Arizona son fieles creyentes del capitalismo. ¿Recuerdan Rápido y Furioso?
Va una estadística de lo que intento explicar: de acuerdo con la Fundación National Shooting Sport, de 1990 a 2013 se vendieron en Estados Unidos 16 millones de rifles semiautomáticos R-15. Leyó usted bien, 13 millones de estos rifles en 13 años, es decir, un millón de estas armas de gran predilección entre los narcos cada año.
La estadística nos lleva a concluir que de 2013 a la fecha pudieron haberse vendido por lo menos otros cinco millones de rifles R-15. Hagamos un ejercicio de aritmética. El valor promedio de un R-15 es de entre 447 y 632 dólares; por lo tanto, en los últimos 19 años las ganancias por la venta de este tipo de armas letales han sido de 8 mil 493 millones de dólares como mínimo, o de 12 mil 8 millones como máximo. Ojo, estamos señalando un sólo tipo de arma de entre la inmensidad que existe en la industria.
En 1990, cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos y las dos cámaras del Congreso federal estaban dominadas por los demócratas, se aprobó una ley que prohibió la venta de armas como los R-15 y AK-47.
La ley tuvo una vigencia de 14 años. Demócratas y republicanos la dejaron expirar en septiembre de 2004. ¿Por qué? En la elección federal general inmediata a la aprobación de la ley, los demócratas perdieron la mayoría representativa en el Capitolio. Los republicanos les arrebataron 50 curules en la Cámara de Representantes y ocho en el Senado.
Tras la matanza de 20 niños y seis adultos el 14 de diciembre de 2012 en Newton, Connecticut, una legislación en el Capitolio para prohibir la venta de armas semiautomáticas pereció en el intento de convertirse en ley, al conseguir en el Senado los votos de 40 legisladores, de los 100 que lo integran.
Se impondrán las armas, no lo duden.
