La construcción de instituciones de democracia participativa en nuestro país apenas inicia. Todo indica que será un largo y espinoso trayecto, pero no por difícil que sea hay que evitarlo: tarde o temprano es una tarea que habrá que emprender, por lo que quizás lo mejor sea iniciar desde ya. La consulta popular, con todos sus evidentes negativos, pero también con sus aspectos positivos, ha sido un momento importante en este complicado proceso; ahora corresponde dar salida a la siguiente experiencia, o si me lo permite, a la próxima estación en el camino hacia formas de democracia directa en México: la revocación de mandato.
La primera consideración que me parece importante analizar es el alcance mismo de la revocación, es decir, la posibilidad con la que podemos dotarnos para ratificar, o no, a un mandatario a tres años de su gobierno. Aunque parezca obvio, hay que insistir en el punto: no se trata de someter a escrutinio el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sin duda lo sea, sino de crear una institución que sea estable, permanente, bien acotada en lo jurídico y que, con el tiempo, es la expectativa, se arraigue en la sociedad. En esta tesitura, le invito a usted a pensar en la revocación del mandato presidencial no en la coyuntura del próximo año, sino a largo plazo, hacia las próximas decenas de años, hacia los próximos sexenios. Para las élites que han dominado el escenario político y económico en México, una institución de empoderamiento popular de tal calibre seguramente no es bien vista, y tan sólo por ese temor, bien vale la pena empujar la iniciativa.
Una segunda consideración refiere a la ley reglamentaria necesaria para la revocación de mandato. En efecto, hasta el momento no existe esa reglamentación, por lo que la ley de revocación flota en una suerte de indefinición jurídica que, en aras de que se realice el ejercicio ciudadano, es imprescindible trascender. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, en la ruta crítica hacia la revocación del mandato a realizarse en el mes de marzo de 2022, hay tiempo e iniciativa de reglamentación: se establece que para que la revocación sea efectiva, se necesitará el 40 % del padrón electoral de participantes y, de ellos, una mayoría simple bastará para que el presidente deje el cargo. Antes, se necesita que el referéndum revocatorio sea solicitado, a través de firmas, por el 3 % de la lista nominal de electores registrados en el INE (unos 2.8 millones de personas). Asimismo, se señala que el Instituto Nacional Electoral será el responsable de organizar y desarrollar la jornada, así como del cómputo de las opiniones vertidas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, tan atribulado en estos días) será la institución responsable de dirimir los posibles recursos de impugnación que, hipotéticamente, podrían presentarse.
La propuesta de pregunta de Ricardo Monreal que pudiera aparecer en la boleta para la revocación del mandato presidencial es la siguiente: “¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?” https://www.milenio.com/politica/perdida-confianza-pregunta-propone-monreal-revocacion. La pregunta, en tanto propuesta, está abierta a discusión. ¿Qué opina usted?
No parece nada sencillo alcanzar el 40 % del padrón electoral (poco menos de 37.5 millones de personas) para que la decisión -sea cual sea- del ejercicio revocatorio tenga un carácter obligatorio; lo que sí parece altamente probable es que el INE se empeñe más que en la jornada del 1 de agosto, instalando más mesas receptoras de opiniones, y dedicando más tiempo y recursos para la difusión, entre otras acciones. Asimismo, sería ideal que la oposición canalizara sus críticas hacia la administración federal en una dirección institucional que le permita ponderar -en las urnas- el alcance de sus señalamientos e invectivas. De darse ambas circunstancias: el mayor compromiso del INE y la participación activa de la oposición, no sería en lo absoluto extraño que la concurrencia ciudadana alcanzara niveles mucho más elevados que en la consulta popular (7 %), aunque quizás no alcance el 40 %. Lo que sería una pésima señal es llamar a la abstención en esta trascendente experiencia de construcción democrática.
Los argumentos en contra de la revocación de mandato son decididamente débiles. Por una parte, se argumenta que puede generar inestabilidad política en un momento complejo para el país; a esta simplista argumentación hay que responder con una perspectiva de largo aliento: simplemente hay que gobernar bien y la revocación se convierte en ratificación en el cargo, lo que lejos de crear confusión y desequilibrios de poder, se puede traducir en mayores márgenes de gobernabilidad. Y al revés, siempre será mejor tener la opción de virar la marcha del país, si se considera que el mandatario o la mandataria no están cumpliendo atingentemente, que seguir dos años más arrastrando problemas, ineficiencias o corrupción.
Otro argumento en contra de la revocación es el costo económico que pudiese tener (aún no estimado, por cierto) pero si distribuimos los montos en el largo plazo y se afinan opciones que lo hagan más económico (participación online, por ejemplo) la relación costo-beneficio es altamente favorable. Así que ni por el lado de la inestabilidad política ni por el del costo, los argumentos para oponerse a la revocación de mandato son muy contundentes.
Una tercera objeción al ejercicio revocatorio consiste en el riesgo de que los mandatarios, temerosos del escrutinio ciudadano, gobiernen con ánimo de ganar el aplauso fácil, antes que tomar las decisiones necesarias para el país, que pudieran ser poco populares. Pues sí, el riesgo siempre estará latente, pero es mucho mejor tener un instrumento democrático para exigir resultados y rendición de cuentas que no tener nada; por otra parte, la inexistencia de la revocación de mandato tampoco exime al país del riesgo de que los presidentes asuman decisiones quizás populares, pero con altos costos a mediano y largo plazo. En otras palabras, la revocación de mandato no garantiza que las decisiones de los presidentes sean las mejores para las mayorías en el país, pero no contar con este poderoso instrumento nos deja, como ciudadanía, en una situación de mayor indefensión.
Lo dicho, con la revocación del mandato como ciudadanía ganamos mucho más de lo que ponemos en riesgo. Así las cosas, la siguiente estación en la construcción democrática de México es la revocación del mandato, en marzo de 2022.
