Por Juan Alberto Cedillo.
Después de una década de sufrir amenazas, secuestro, desapariciones y asesinatos, los ejidatarios del Ejido el Bajío, el segundo más grande de México, pero esteril debido a que se ubica en el desierto de Sonora, lograron que finalmente se ejecuten los peritajes ordenados por el Tribunal Agrario para que la Minera Penmont-Herradura repare el daño ambiental, indemnice o restituya el oro saqueado ilegalmente de la propiedad comunal de los ejidatarios.
Además, para evitar amparos que demoren la sentencia, abogados del Ejido el Bajío interpondrán una demanda en Londres, donde cotiza Grupo Fresnillo, el corporativo que maneja las minas propiedad del hoy fallecido empresario Alberto Bailleres, para lo cual contarán con la asesoría de parlamentarios y organizaciones civiles de Inglaterra.
“La falta de voluntad política de las autoridades agrarias impidieron que se ejecutara la resolución a favor de los campesinos durante casi 8 años. Apenas semanas atrás comenzaron los peritajes”, informó a Rompeviento TV, Carlos Macías, abogado de los ejidatarios.
Macías detalló que el Ejido El Bajío ya realizó sus peritajes mientras mientras la minera también realizó los suyos. Esos peritajes deberán mostrar el daño ambiental en las tierras comunales y la cantidad de oro que la minera debe regresarles a los ejidatarios de acuerdo con la sentencia.
El abogado destacó que el Tribunal Agrario también deberá realizar sus propios peritajes para ejecutar la sentencia. El fallo ordena que le devuelva la tierra a su estado original.
“Una vez que se terminen los peritajes, que deberán arrojar si se puede o no remediar las tierras. Si se dice que si, hay que restablecerlas incluso metiendo el oro, pero si dice que no, tendrán que entonces hacer otro peritaje donde se toma el valor de las tierras más el valor del mineral que sustrajeron para indemnizar a los ejidatarios”, precisó Macías.
La indemnización, se evaluará en función del valor de la tierra que dañaron más el valor del mineral que se llevaron durante aproximadamente 4 años, y que quedó registrado en los reportes a sus accionistas y en los Mercados donde reporta el Grupo Fresnillo, en México y Londres.
El abogado contó que están preparando la demanda para presentar en Reino Unido contra la minera, y los abogados que están ayudando ya trabajan en esa demanda. “En los próximos tres o cuatro meses la estaríamos presentando”.
BAJÍO; UN EJIDO DESÉRTICO
En las inmensas y áridas tierras del Ejido El Bajío, el horizonte se interrumpe por “montañas” artificiales compuestas por toneladas de rocas y arena que fueron arrebatadas durante años, de las entrañas del subsuelo por una mina estadounidense y socia de la mexicana La Herradura: Minera Penmont.
El Bajío está ubicado al norte de Sonora, en Caborca, un municipio rural controlado por un cartel del narcotráfico encabezado por un sobrino de Rafael Caro Quintero quien mantiene una disputa por el control de la región con otro grupo llamado “Los Salazar”.
El ejido es un “pequeño” espacio dentro del “Gran Desierto de Altar”, que se extiende hasta el estado vecino de Arizona. Sus impresionantes paisajes están integrados por variedad de cactus, onduladas dunas, fauna como serpientes, lagartijas y correcaminos que conforman esa imagen con la cual ciudadanos estadounidense de California identifican a México, debido a que ese desierto forma parte de una apacible playa en el Golfo de Cortés.
El Bajío es el segundo ejido más grande de la República mexicana, creado en 1971 por el presidente Luis Echeverria, quien intentó superar al presidente Lázaro Cárdenas en la repartición de tierras así que no se limitó a la hora de repartir parcelas en el desierto.
Sobre esos inhóspitos terreros sobreviven las familias de más de 70 ejidatarios dueños de unas 22 mil hectáreas de parcelas comunales. La mayoría de los ejidatarios beneficiados con el reparto fueron jornaleros de otras zonas del país que llegaron a cosechar en los variados campos agrícolas del norte. Algunos son mixtecos de la Sierra de Oaxaca, otros llegaron de Zacatecas así como de diversas regiones del país.
La árida tierra del desierto y la falta de agua los obliga a abandonar durante mucho tiempo sus parcelas para buscar la manera de sobrevivir fuera de su ejido.
No obstante, si en la inmensidad de ese desierto sólo se percibe terrenos quebradizos, inhóspitos así como soledad y pobreza, el subsuelo del Bajío alberga una gran veta de un codiciado metal desde tiempos bíblicos: Oro. Sus dueños desconocieron esa riqueza durante años hasta que se dieron cuenta que la minera Penmont se había apropiado ilegalmente de grandes extensiones de sus parcelas para extraer miles de kilos de oro.
Para cuando los campesinos demandaron la devolución de sus tierras, Penmont en esa época parte del Grupo Newmont, ya había edificado sobre sus parcelas comunales una “pequeña” ciudad de más de 5,000 trabajadores que estuvieron extrayendo el codiciado metal dorado desde los primeros años del Siglo XXI, en un imponente tajo a cielo abierto que llamaron “Mina Dipolos”.
Para recuperar sus terrenos, los ejidatarios impusieron un litigio el 30 de septiembre de 2013 ante el Tribunal Unitario Agrario número 28, de la ciudad de Hermosillo, el cual duró más de un año, y al final El Bajío ganó la batalla legal a Penmont, actualmente perteneciente en su totalidad al corporativo Fresnillo plc, del fallecido empresario, Alberto Bailleres, empresa que heredó a su hijo Alejandro Bailleres.
El último reporte a la Bolsa de Londres del Grupo Minero Fresnillo, durante el cuarto trimestre de 2020, señala una producción de 6,498 kilos de oro en sus minas de Sonora, que producen ese metal con una calidad considerada entre las mejores del mundo.
Los abogados de los ejidatarios aseguran que la sentencia del juicio condenó a la minera Penmont a restablecer la flora y fauna que afectó y a regresar las tierras al estado que guardaban dentro de las unidades parcelarias antes de su ilegal incursión.
Además que la minera “regrese a su lugar de origen todo el oro y demás minerales que extrajo de las tierras del ejido”, así como a “pagar a cada ejidatario en particular una renta anual por el tiempo de ocupación ilegal de su parcela desde su inicio y hasta que el tribunal declare concluido el juicio”.
Si se cumpliese la sentencia como ordenó el Tribunal Agrario, el Ejido el Bajío deberá recibir una indemnización de al menos unos 300 millones de dólares. No obstante, los abogados precisan que debido a argucias legales -la minera estadounidense vendió su parte a su socia la Herradura- y gracias al gran poder de los Bailleres, el fallo no se ha podido aplicar.
EJIDATARIOS AMENAZADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
Durante los largos años en su lucha por recuperar sus parcelas los campesinos han recibido golpizas perpetradas por policías supuestamente al servicio de la mina, ilegales encarcelamientos, el asesinato del excomisariado ejidal, y varios compañeros desaparecidos, además de amenazas en las que está involucrado Rafael Pavlovich Durazo, tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien desde el año 2016 se apropió con documentos falsos de algunas parcelas.
José de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado Ejidal, fue secuestrado el sábado 2 de septiembre de 2017 en Puerto Peñasco y a partir de esa fecha se desapareció por una larga temporada.
“Vecinos de Robledo Cruz vieron que lo subían a una Cheyenne color blanca, placas de circulación MU-8383-B del estado de Michoacán”, aseguró Manuel Jesús Hernández Collazo, Tesorero del Comisariado.
Meses después Robledo Cruz regresó y contó que durante su cautiverio fue obligado por los pistoleros que lo plagiaron a ceder ante notario sus parcelas ejidales, supuestamente a favor de Rafael Pavlovich.
La tragedia para los campesinos del ejido El Bajío se agudizó cuando fueron asesinados Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez, el 12 febrero de 2018.
Para los primeros días de mayo del 2021, Jesús Robledo Cruz, excomisario del Ejido el Bajío, y su esposa María Jesús Gómez Vega, fueron localizados sin vida, habían sido ejecutados. Sobre los cuerpos inermes, los asesinos dejaron un cartón con amenazas contra otros diez ejidatarios.
“Minera Penmont rechaza categóricamente la afirmación o insinuación alguna que la vincule de cualquier manera con los actos criminales de este fin de semana. Reprueba cualquier forma de violencia y confía en el sistema de justicia para la resolución de los problemas”, señaló un comunicado de la empresa.
En estos largos años de amenazas y agresiones, participaron pistoleros de Rafael Pavlovich. Constantemente arribaron a la mina para sacar oro lixiviado de una enorme “alberca” con agua y cianuro que Penmont no pudo llevar tras perder la demanda.
En una carta enviada a Proceso, Pavlovich argumentó que el Tribunal Agrario resolvió por “unanimidad” que los “únicos dueños de la Mina Dipolos que se encuentra ubicada en el Ejido El Bajío son Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz López, Jacinto Cruz Pérez, José Concepción Cruz Pérez y Erasmo Cruz López”.
En una misiva de respuesta, los integrantes del Ejido El Bajío señalaron que Pavlovich utilizó documentos apócrifos para hacerse de sus tierras. Le recordaron que los Tribunales Agrarios sólo tiene un magistrado y no funcionan como un colegiado para resolver sentencias por “unanimidad”. “Debería instruirse un poco antes de relatar embustes”, precisó la respuesta de los ejidatarios enviada a Proceso.
EJIDATARIOS GAMBUSINOS
“Cuando fuimos a Hermosillo a poner la denuncia, ya se lo habían llevado las autoridades a Caborca (a otros campesinos) y entonces fui a reclamar y en el trayecto cuando me dirigía a reclamar entonces ahí fue cuando me detuvieron los policías al servicio de la mina. Me golpearon, me reventaron el ojo y todavía ando batallando. No miro bien y de cerca no puedo ver, se ponen borrosas las letras y sigo batallando con ese ojo”, señaló Bartolo, uno de los ejidatarios que se mantiene en pie de guerra contra el despojo de sus tierras.
Bartolo, un corpulento campesino de un metro noventa, es originario del estado de Zacatecas y llegó al Ejido el Bajío desde el año 1992.
“En el principio planeamos tener ganado en el ejido, no podíamos sembrar porque agua no hay y tampoco permisos para extraerla del subsuelo. La idea de tener animales es ofrecer algo a la familia para sobrevivir”, contó el ejidatario.
“Cuando no estoy en el ejido, trabajo en Estados Unidos y hago de todo un poco. Tengo un año sin ir a trabajar, principalmente en la electricidad. Lo que no hago es reparar aviones, pero de ahí todo lo que se me ocurra o salga”, concluyó Bartolo.
Todos los ejidatarios que ahora están en el frente de batalla peleando por sus tierras, tienen una gran experiencia en la agricultura o con el ganado. No obstante, para obtener ingresos abandonaron sus oficios y ahora se dedican a buscar el codiciado metal con los métodos rudimentarios que se usaron en la fiebre del oro de California, para vender pequeños gramos y sobrevivir.
Pedro Francisco, uno de los ejidatarios de origen mixteco, contó que durante mucho tiempo trabajó en la vendimia en campos de California, Estados Unidos y en varías partes de México.
“Existe una técnica para cortar los racimos de uva”. Describió que se tiene que utilizar unas “tijeras” y cortar desde una base del tallo, para luego colocarlas en cestos que se llevan a las bodegas para hacer el vino. Hoy en día sale con una cubeta a recorrer cerros artificiales de roca extraída del subsuelo para llenar con piedras que pueden contener micro partículas de metal dorado.
Don Baldomero es originario de Zacatecas. Durante mucho tiempo trabajó con ganado mayor y es experto en vacas. Sabe cómo cuidarlas, alimentarlas e incluso curarlas. Ahora, con un grupo de ejidatarios también recorren desde la mañana y hasta que se pone el sol, los tajos abandonados por la mina para “cosechar” gramos de oro.
Don Erasmo Santiago, otro campesino de origen mixteco, contó que trabaja unas 14 horas “picando piedra” traída en unas 17 cubetas de los antiguos tajos para llenar un sistema de “molienda” para intentar extraer unos pocos gramos de metal dorado.
Con un sistema que desarrollaron los españoles en el Siglo XVI, los campesinos muelen en una gran “olla” llena de agua las piedras durante horas para luego extraer minúsculas partículas de oro con substancias químicas.
En una jornada de trabajo que dura más de 14 horas apenas logran extraer cuando mucho unos 18 gramos de partículas doradas que venden en tiendas de Puerto Peñasco. “Lo suficiente para sobrevivir”, enfatizó Santiago.
NO DEBEMOS NADA: PENMONT
“La empresa ya cumplió totalmente con las demandas exigidas en la sentencia. No existe ninguna condena a restituir el usufructo de las tierras del Bajío”, aseguró Minera Penmont en un texto enviado a Proceso.
“Al respecto, mediante sentencia de fecha 14 de noviembre de 2011, dictada por el Magistrado Unitario Agrario del Distrito 28 en el expediente agrario 188/2009, se decretó la nulidad de los convenios celebrados con el Ejido El Bajío, por lo que Minera Penmont, S. de R.L. de C.V. devolvió a los ejidatarios demandantes la citada superficie de 1824-44-42.865 hectáreas”.
La empresa añadió que mediante diligencia de fecha 13 de julio de 2013, Minera Penmont, S. de R.L. de C.V. dio cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Unitario Agrario y puso a disposición de dicho Tribunal las tierras en conflicto, quien a su vez nombró depositario de las mismas al propio Ejido El Bajío.
La defensa legal de los ejidatarios, el despacho “García más García Abogados” con sede en Guadalajara, encabezado por Sergio García Camacho, aseguró que los ejidatarios ganaron 67 demandas entre el año 2013 y 2014, lo cual implica que Penmont S.A. de R.L. de C.V. fue oída y vencida en juicio para posteriormente llevar los casos hasta la instancia máxima: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ratificó el fallo en los 67 juicios a favor del Ejido El Bajío.
Los abogados García destacaron que el estatus legal actual es “abrir los Incidentes de Ejecución de dicho Fallos”. “Para lo cual hemos insistido a la parte actora los últimos siete años ante el Tribunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo”, informó Sergio García.
Sólo falta que al actual magistrado del Tribunal “no le tiemble la mano ni la pluma” para abrir como la ley lo indica, los respectivos Incidentes de Ejecución y de inmediato proceder a nombrar peritos en minería, en materia ambiental, ecológica, contables, etc, agregó el abogado.
Los ejidatarios aseguran que la ejecución del fallo se había pospuesto debido a presiones políticas y culpan al finado Alberto Bailleres, uno de los empresarios más ricos de México, de utilizar sus influencias ante el Poder político para evitar culminar el proceso legal.
“El Tribunal competente para la ejecución estuvo evadiendo esa parte esencial de todo proceso judicial. Pues es por todos sabido que la justicia no tiene por qué contaminarse con factores externos de ninguna índole como ha acontecido en el caso que nos ocupa y pues la sentencia no ejecutada es igual a justicia denegada”, concluyeron los abogados del Ejido el Bajío.
