Juan Alberto Cedillo
Diversos colectivos que se organizaron para buscar a sus familiares a los que se les perdió el rastro rechazaron la “actualización de cifras” del registro de desaparecidos que realizó la administración de López Obrador: “Sin transparencia desaparecen a nuestros desaparecidos”; “nos revictimiza volviendo a desaparecer a nuestros seres queridos, no son números tienen nombre, tienen rostro”, señalaron comunicados de algunas organizaciones.
Actualmente suman en la República mexicana unos 400 colectivos de familias que buscan a sus hijos, hermanos, madres o padres desaparecidos, en el vertiginoso clima de violencia que registra el país desde la administración del entonces presidente, Felipe Calderón.
En el nuevo padrón que presentó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, en la conferencia matutina de López Obrador, las cifras dejaron el total de desaparecidos en 12,377, cuando tan sólo en Tamaulipas las estadísticas oficiales registran más de 15 mil desaparecidos.
Posteriormente, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, precisó que actualmente suman más de 94,000 desaparecidos, a pregunta expresa del director de Rompeviento TV.
Semanas atrás, el presidente ordenó revisar el “Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas” debido a que no acepta que la cifra en su sexenio, más de 109 mil, supere a la registrada en la administración panista de Felipe Calderón, unos 43 mil desaparecidos. Argumentó que no son posibles esas estadísticas porque su gobierno “no es represor”.
Para actualizar el registro nacional, se ordenó que académicos especialistas del “Conahcyt”, revisaran los datos oficiales. Además, según informó el propio López Obrador, se utilizaron a los “Servidores de la Nación” de la secretaría del Bienestar para que fueran casa por casa de las familias con desaparecidos para preguntar si ya había aparecido su pariente.
“No aceptamos que reduzcan a 12,377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición”, precisó un comunicado del colectivo 10 de Marzo, de madres buscadoras de Tamaulipas.
“La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas viola los principios establecidos en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de la máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados”, añadió el texto.
El colectivo condenó las declaraciones del presidente en su conferencia mañanera, quien calificó a la exigencia para localizar a las personas desaparecidas como “una intención politiquera de nuestros adversarios para afectarnos”.
“Exigimos al presidente una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones a nuestra lucha”, enfatizó el comunicado del colectivo 10 de Marzo.
Las madres buscadoras señalaron que se han movilizado porque el gobierno actual “ha incumplido todas las promesas de apoyar para buscar, localizar e identificar a quienes se localizan sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad”.
Entre los colectivos que rechazaron las nuevas cifras del registro nacional está “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México” (Fuundec-M), una de las primeras organizaciones del país dedicada a buscar a sus familiares.
“Sr. López Obrador, usted prometió al principio de su sexenio hacer todo lo necesario en cuanto a recursos económicos y humanos para la búsqueda de las personas desaparecidas y, casi al final de su administración, lo que le interesa es borrar sus nombres, borrar sus vidas, su memoria”, señala el comunicado de Fuundec.
“Desde Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, nos indigna lo que están haciendo con este nuevo ‘censo’ maquiavélico que nos revictimiza y vuelve a desaparecer a nuestros seres queridos desaparecidos. Nos queda claro que ni nosotras ni nuestros seres queridos desaparecidos les importamos. Nosotras no somos sus enemigas, somos familias que viven esta tragedia humanitaria y nuestros seres queridos tienen un nombre, un rostro”.
El texto destacó que con el nuevo registro confirmaron que nunca han trabajado para tener una base de datos clara, auténtica, confiable. “Ustedes sólo buscan demostrar a sus opositores que en este sexenio no hay desaparecidos… Nos duele sobremanera que, con el único fin de tener un sexenio con menos personas desaparecidas, hagan lo que sea a costa del dolor de nosotras las madres, padres, esposas, esposos, hijos, hijas, hermanos, hermanas y familiares que no pedimos los desaparecieran. Su desgano y desinterés lastima más nuestra herida. No tienen ni un milímetro de HUMANIDAD”.
Diversas organizaciones denunciaron también que la gran mayoría de sus afiliados no fueron visitados por los “Servidores de la Nación”. “Si acaso hubo algunas llamadas”, precisaron.
“De aproximadamente 100 familias que integramos el colectivo, sólo cuatro de ellas fueron encuestadas por los “servidores de la Nación”; ninguna ha localizado a su familiar, es decir, siguen desaparecidos”, informó Fuundec.
Cifras de guerra en el país
Las cifras de aproximadamente 100 mil desaparecidos corresponden a un país en conflicto armado formal. Supera con creces las desapariciones de naciones que sufrieron una guerra. Por ejemplo, en Bosnia y la ex Yugoslavia, la estadística es de 30 mil desaparecidos después de varios años de guerra.
En México se han documentado más de 2,000 fosas clandestinas en la última década. Existen también alrededor de 49 mil cadáveres sin identificar. No obstante, desde el año 2011, los diversos grupos del crimen organizado decidieron incinerar o desaparecer los cuerpos en ácido. “Sin cuerpo no hay delito”, fue su consigna. Desde esa fecha se redujeron las “narcofosas” y crecieron los “campos de exterminio” donde se incineraban a las víctimas. La narcofosa más grande descubierta hasta ahora, es la ubicada en el Ejido Gómez Farías, en la Sierra de las Cucharas, del municipio de Mante, Tamaulipas. Después de su captura, un jefe de plaza miembro de los Zetas, confesó que ahí “cocinaron” aproximadamente unas 500 personas.
Los colectivos denuncian que las autoridades no buscan a los desaparecidos. Han delegado esa responsabilidad a las familias de las personas extraviadas. “Nos siguen pidiendo que cooperemos cuando ni entre ustedes se articulan. Las Fiscalías trabajan por su lado y las Comisiones de Búsqueda por otro lado”.
Cecy Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, comentó a Rompeviento TV que en promedio reciben más de 30 llamadas anónimas por mes señalando dónde pueden buscar a personas desaparecidas, y al menos 3 resultan reales. Esa es la dinámica de la mayoría de los colectivos que todos los días salen a buscar a sus familiares.
Para la abogada Ariana García Bosque, fundadora del Colectivo Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con sede en Piedras Negras, Coahuila, la crisis de desaparecidos demanda una acción colectiva desde todos los niveles de gobierno.
Incluso si las autoridades tuvieran como prioridad buscar a los desaparecidos, deberían solicitar la ayuda de autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU tiene valiosa información para ubicar sitios y fosas donde enterraron a cientos de sus víctimas, según lo confesaron miembros mexicanos del crimen organizado, quienes testificaron a favor de la Fiscalía en diversos juicios celebrados en cortes federales de Estados Unidos.
Además, cuentan con la tecnología que ayudaría a ubicar cadáveres enterrados en fosas clandestinas, como los georadares y aparatos de telemetría y sondas que se usan, por ejemplo, para localizar crudo o ciertos minerales.
Para el colectivo de Nuevo León, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), pionero en organizarse para buscar a personas desaparecidas, las actuales autoridades han sido negligentes e indiferentes ante el dolor de las familias. Denuncian también que los funcionarios prefieren criminalizar a las víctimas para evadir su responsabilidad ante la sociedad.
“La falta de respuesta de las autoridades y la indiferencia de muchas de ellas no tiene límites. Nos faltan 100.000 personas y no hay resultados. Para nuestros gobiernos, la búsqueda de la verdad y la justicia no parece ser una prioridad. Significa que ante la ausencia del cumplimiento de sus obligaciones, las autoridades optan por la revictimización, la indiferencia, el uso político de los casos e incluso la negación cuando las desapariciones son una realidad que nos golpea la cara”, concluye un comunicado de Cadhac.
