“No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz”
Rosa Icela Rodríguez
La expresión de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, no puede ser más afortunada. Hay una enorme brecha entre la concepción guerrerista que acentúa el triunfo militar sobre el adversario y la idea civilista que enfatiza la construcción de la paz. La afirmación está a tono con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador sintetizada en la expresión “abrazos, no balazos” (aunque cuando los balazos son inevitables, es potestad del Estado hacer uso de la fuerza).
Es de suponer que la concepción de Rosa Icela Rodríguez es la misma que la que el presidente ha expresado en más de una ocasión y que se resume en la frase de origen bíblico “la paz es fruto de la justicia”. Difícilmente se puede estar en desacuerdo con esta aseveración, sin embargo, la violencia exacerbada que hemos padecido en el país, al menos desde el año 2000, ha dejado miles de víctimas que requieren urgente atención con políticas específicamente diseñadas para cada grupo o sector de población. Esto es, para construir la paz a través de la justicia se requieren políticas específicas para atender a los millones de personas víctimas de las muchas violencias que nos atraviesan.
A falta de definiciones puntuales y a la luz de las acciones del gobierno federal, es posible colegir que la paz que se pretende construir está centrada en la seguridad pública. Sin duda, es de enorme relevancia disminuir los altos índices delictivos del país, eso está fuera de toda discusión, pero concebir la paz como ausencia de guerra mediante la recuperación del territorio a través de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, es una perspectiva muy limitada. Como también muy corta de miras es la concepción de que basta transferir recursos (vía becas, pensiones y otras figuras) a la población más pobre para que las condiciones de injusticia e inequidad en que viven millones de personas tiendan a superarse y, con ello, la anhelada paz arribe. Ni la presencia de militares en el territorio nacional, ejecutado inclusive obras y acciones ajenas a sus responsabilidades, ni los “apoyos” entregados a las personas en condición de pobreza son suficientes para construir la paz. El presupuesto destinado en 2023 a la Defensa Nacional (323 mil millones de pesos, incluyendo recursos para el Tran Maya) y a la Secretaría del Bienestar (598 mil 008 millones) son, evidentemente, muy cuantiosos. La pregunta es si son suficientes para construir la paz y si no sería mejor canalizar parte de los recursos de la SEDENA, por ejemplo, a otras áreas de la administración pública cuyos presupuestos son más bien magros.
A cuatro años de la actual administración y en función de los resultados obtenidos, es posible señalar que los avances y los logros, que sin duda existen, son insuficientes para alcanzar la paz prometida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Qué bueno que todas las mañanas se reúna el gabinete de seguridad (en noviembre de 2022 iban 1000 reuniones) y qué importante es que se combata a la corrupción en todas sus formas, ojalá el mismo pundonor y exigencia se vertieran en reconstruir el tejido social a partir de la procuración y defensa de los derechos humanos. Quizás sea momento de redefinir conceptos, políticas y estrategias.
Una primera redefinición sería precisar que la paz no es la ausencia de guerra, una mirada muy limitada y errada sobre este concepto, sino que implica propiciar una serie de alternativas a las muchas violencias que nos acechan y afectan en diferentes grados: asesinatos, extorsiones, desapariciones (forzadas y no), discriminación en todas sus formas, violencia de género, pobreza, desempleo, inaccesibilidad a derechos humanos básicos como la alimentación, la vivienda, el agua, la educación, la salud, entre otros y enfáticamente, el acceso a la justicia independientemente de la condición social, la raza, el género o cualquiera otra determinante y, en específico, localizar a las más de 100 mil personas desaparecidas en el país. Toda vez que las violencias que nos atraviesan son muchas y tienen énfasis específicos en los diferentes sectores y grupos sociales, es necesario diseñar acciones particulares que abonen a su prevención, más que acciones reactivas. Prevenir la violencia es, sin duda, la mejor forma de avanzar en la construcción de la paz.
Para que la justicia arraigue y permita el acceso a la paz es imprescindible invertir, y mucho, en ella; en particular, es necesario proveer de recursos para la promoción y defensa de los derechos humanos de la población más vulnerable: pueblos originarios, mujeres, madres al cargo de su familia, personas con discapacidad, familiares de personas desaparecidas, entre otros. El discurso en torno a la paz debe estar acompañado de los recursos necesarios para reducir las injusticias; asimismo, se deben diseñar las políticas públicas adecuadas para el ejercicio de esos recursos, los criterios de su evaluación y las estrategias para fortalecer a las instituciones, y sobre todo, a la población más vulnerable a efecto de avanzar en la reconstrucción del tejido social a partir de las mejoras en educación, salud, empleo, acceso a la justicia y participación política, entre otros. Sin recursos, personal, políticas públicas con indicadores y sistemas de evaluación y seguimiento, la construcción de la paz es retórica pura, un discurso hueco e infecundo. Sin fortalecer las autonomías ciudadanas, la paz seguirá siendo una utopía.
En esta tesitura, es urgente atender desde una perspectiva de justicia transicional la grave crisis humanitaria de nuestro país. Por ejemplo, en materia de educación sería idóneo diseñar un programa nacional para atender las diferentes violencias que aquejan a la población estudiantil en sus diferentes niveles. Es decir, un programa transversal por niveles educativos que permita prevenir las muchas violencias en las escuelas: bullying, acoso, “disciplina” por parte de maestras y maestros, consumo de tabaco, alcohol y drogas, violencia de género, discriminación de todo tipo, pandillerismo delictivo, agresiones verbales, maltrato físico y emocional, etc. Ese programa hoy no existe.
De la misma manera, hay que hacer frente a la crisis humanitaria por la desaparición de más de 109 mil personas destinando los recursos necesarios para capacitar personal en materia forense, legal, pericial, etc., proveer de mayor capacidad de trabajo a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones de búsqueda estatales, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las a las comisiones locales, apoyar a los colectivos de familiares de personas desaparecidas en diversos aspectos (técnicos, operativos, de salud física y emocional, entre otros), investigar en las fosas comunes municipales y estatales, crear y fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses con presencia en todos los estados, constituir una policía especializada en búsqueda y localización de personas, entre otros muchos aspectos.
El acceso a la justicia, y por lo tanto a la paz, requiere que esas más de 109 mil personas desaparecidas cuenten con carpetas de investigación y con información actualizada de sus avances, que las fiscalías efectivamente les estén buscando, en pocas palabras, que el Estado en su conjunto atienda esa grave crisis humanitaria. Para decirlo claramente: en México no puede haber paz mientras la deuda con las más de 109 mil personas desaparecidas, y con sus familias, no sea saldada.
Sin embargo y como bien se sabe, la mal entendida autonomía de las fiscalías (la Federal y las locales) impide, o al menos limita, su rendición de cuentas. Es necesario que las fiscalías informen sobre los siguientes puntos para tener un panorama real del problema: ¿Cuántas personas fiscales están contratadas para llevar a buen término las carpetas de investigación? ¿Cuál ha sido su capacitación? ¿Cuántas carpetas de investigación están judicializadas? ¿Cuántas personas están sentenciadas por el delito de desaparición? Las respuestas, hasta no conocer información precisa, son contundentes: no hay fiscales suficientes, los pocos que hay muchas veces no tienen la capacitación adecuada, son muy pocas las carpetas judicializadas a nivel nacional, por lo que pocas personas han sido sentenciadas por este delito. En pocas palabras, el rezago es brutal. En estas circunstancias, ¿cuál paz?
Se requiere una reforma a fondo del sistema de justicia (fiscalías y Poder Judicial), si queremos dar con el paradero de las y los desaparecidos en México. Sin acceso a la justicia no puede haber paz.
Con la colaboración de Mayra Ledesma
