Washington – “Nos tienen amenazados con quitarnos la residencia”. Con esta frase, una amiga de la familia dio por zanjada mi exigencia de denunciar públicamente la muerte de muchas personas cuyos decesos se atribuyen falsamente a una “neumonía atípica”.
Hace poco más de un año, esta amiga fue enviada por el IMSS a una ciudad que colinda con Estados Unidos para hacer su residencia y especializarse en cirugía. Con la pandemia del coronavirus en todo su apogeo en el país gobernado por Donald Trump, quise saber cuál es la condición de contagio en esa región, en virtud de los pocos casos oficialmente registrados en México.
“Muy grave”, me respondió en la primera comunicación telefónica que sostuvimos, cuando le pregunté sobre la situación del Covid-19 en la ciudad fronteriza donde se encuentra.
Preocupada por la rápida expansión de la crisis de salubridad, me hizo saber las circunstancias en las que ella y varios de sus compañeros se encuentran: acorralados para, clínica y éticamente, intentar contener el virus. En un principio, estaba dispuesta a contar su realidad como médico y confiaba en que varias y varios de sus compañeros harían eco de su denuncia.
Alarmado, y por instinto periodístico, busqué de inmediato a Jorge Carrasco, director de la revista Proceso -de la cual soy corresponsal en Washington-, para saber si habría interés en hacer un reportaje. “Por supuesto”, me contestó, e incluso mencionó el nombre del colega periodista que sería asignado para realizar la investigación.
Dejé pasar varias horas para que mi amiga consultara con sus compañeros, quienes con nombre y apellido denunciarían la gravedad de la situación sanitaria en ese punto de la frontera norte donde laboran.
“He hablado con muchos, pero nadie quiere aventarse la bronca; tienen miedo”, fue lo primero que me subrayó en la segunda conversación telefónica que sostuvimos.
- ¿Y tú?
- Es que los entiendo, porque si así nos tienen amenazados con quitarnos la residencia, pues está cañón, me respondió con un tono claramente cargado de vergüenza y resignación. Le notifiqué que haría algunas llamadas y que la buscaría después.
Javier Corral, el gobernador panista del estado de Chihuahua, se preocupó, aunque sin sorpresa, cuando le narré la situación por teléfono.
“Tenemos conocimiento de varios rumores como ese, pero no los hemos podido confirmar”, me enfatizó el mandatario norteño.
En el hospital donde trabaja la amiga de la familia y en otros donde se desempeñan varios de sus compañeros, han recibido muchos casos de personas que arriban a la sala de urgencias mortalmente enfermas. Se les da la atención que requieren, pero con los pocos recursos médicos de que disponen, nada pueden hacer para evitar las fatalidades. En consecuencia, las autoridades de clínicas y hospitales obligan al personal médico a etiquetar falsamente los casos como “muerte por neumonía atípica”.
El relato que recibí de mi amiga y que le transmití a Corral, es aterrador: los decesos no son por neumonía atípica sino por Covid-19. En las clínicas y hospitales, las enfermeras y los médicos no tienen guantes ni cubrebocas suficientes, ya ni se diga ventiladores respiratorios o los medicamentos básicos. La gente atiborra las salas de urgencias y nadie guarda las reglas básicas de sanidad decretadas por los gobiernos federal y estatal para disminuir la propagación de la pandemia.
“Tenemos miedo, ni nosotros contamos con la protección adecuada. Una enfermera ya dio positivo al coronavirus, pero con la amenaza de quitarnos la residencia nos obligan a quedarnos callados”, reveló la doctora amiga de mi familia y así se lo hice saber a Corral.
El gobernador me aseguró que atendería de inmediato el asunto, pero dijo que requería el nombre de mi amiga y el de sus compañeros para actuar en consecuencia, dándoles todas las garantías de seguridad y confidencialidad.
Volví a llamar a la doctora para transmitirle el mensaje del mandatario. La noté entusiasmada; me solicitó una tregua de un par de horas.
La cuarta conversación telefónica con la doctora para conocer su respuesta me dolió mucho y me ató totalmente de manos para que Proceso pudiera hacer el reportaje citando a fuentes identificables, a fin de evitar que las autoridades lo calificaran como ‘noticias falsas’, el calificativo que Trump puso de moda para simplemente, y en muchos casos, ocultar la verdad.
“No quieren, en verdad. Fui a decirle a mi jefe directo y me dijo que no. También se lo dije a otra enfermera, que es una compañera de la que está infectada, y también me dijo que no. A ellas las tienen amenazadas con quitarles el trabajo y a nosotros la residencia”.
