Los Monstruos de verdad

28 diciembre, 2023

Federico Anaya Gallardo

Javier Sicilia y Proceso creen que la Legislatura de Nuevo León, dominada por el PRIAN, es un “freno a la irresponsabilidad populista”. Olvidan a contentillo la mitad de la novela regia que toda la ciudadanía hemos presenciado desde 2021. En Marzo ppdo, te expliqué, querida lectora, que la Legislatura había impuesto al gobernador una cuarteta de candidatos para Fiscal General de Justicia. La cuarteta estaba encabezada por el priísta Adrián de la Garza Santos –quien fuera en 2021 el principal contendiente contra el emecista Samuel García Sepúlveda– pero los otros tres posibles fiscales eran parte del equipo de Garza . (Liga 1.)

La pretensión de colocar al segundo lugar en la elección para gobernador en la fiscalía autónoma es una imprudencia política. Mientras las judicaturas, los organismos electorales ó las comisiones de transparencia son organismos colectivos que arbitran; las fiscalías son órganos unipersonales que ejercen la fuerza. Luego se olvida, pero la policía ministerial ó de investigación es una corporación armada. Esto último hace al titular del Ministerio Público una autoridad con poder coercitivo directo –y hoy en día, autónomo de las Gubernaturas y la Presidencia. En Nuevo León lo vimos actuar al “proveer de seguridad” a la mesa directiva del congreso neoleonés cuando uno de los vice-fiscales fue nombrado gobernador interino por la Legislatura. Así las cosas, pretender que el candidato derrotado en las urnas sea Fiscal General de Justicia es obviamente un desatino.

Hagamos un poco de historia. La naturaleza ejecutiva del ministerio público es una de las razones por las cuales Francia lo ha mantenido siempre bajo el comando de la Presidencia republicana ó del monarca. El arreglo ultra-democrático de la Constitución Mexicana de 1857 lo colocó, en cambio, en el poder judicial –y su titular era electo al mismo tiempo que los ministros de la Suprema Corte. El Artículo 91 decía que “la Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general” mientras que el Artículo 92 ordenaba que “cada uno de [sus] individuos … durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral”. Por esto era que la policía de investigación se llamaba tradicionalmente policía judicial… (“old ways die hard”).

En Mayo de 1900 se aprobó una reforma constitucional que separó la procuración de justicia de la Suprema Corte. El Artículo 96 fue adicionado para señalar que “los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la República que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo”. Esta reforma federal fue replicada en todos los Estados. Desde entonces y hasta la fiebre de las fiscalías autónomas en tiempos de Peña Nieto (2012-2018) la procuración de justicia dependió de la Presidencia a nivel federal y de los gobernadores a nivel estadual.

Yo vengo insistiendo hace rato en las virtudes del arreglo mexicano de 1857. A primera vista, una fiscalía electa democráticamente puede parecerte, lectora, como echarle gasolina al fuego que vimos arder en Monterrey. Pero no. Al contrario que una fiscalía que surge del Legislativo, una fiscalía electa por la ciudadanía tendría su propia base de poder legítimo –igual que los ejecutivos y legislativos. Es probable que un nuevo sistema electivo deba ser muy cuidadoso de los requisitos para ser candidato. Aparte, quienes hagan campaña tendrían que presentar las líneas generales de su plan de política de investigación criminal, recordando que es imposible investigar la totalidad de los delitos denunciados y que es imprescindible establecer prioridades.

Lo que todos vimos en Monterrey (a excepción de Proceso y Javier Sicilia) fue la pretensión anti-democrática del PRI y el PAN de imponerle al gobernador electo por el Pueblo a su rival electoral como Fiscal General. Como dominan el parlamento estadual, pueden nombrar a quien deseen tanto en la Fiscalía como en la Gubernatura Interina. Trataron de imponer a Garza Santos a principios de año y, de acuerdo con la denuncia que hizo Samuel García Sepúlveda el 3 de Diciembre de 2023, justo después de ser obligado a retornar a la gubernatura, lo volvieron a intentar en medio del reciente incendio constitucional.

Aristegui Noticias reportó el 4 de Diciembre de 2023 (Liga 2) que el entorno del gobernador neoleonés les había hecho llegar las once condiciones que los partidos tradicionales le habían puesto al gobernador emecista para dejar transitar la propuesta de un gobernador interino de su mismo partido. Seis de las once condiciones eran: (1) negociar todo con el bloque PRI/PAN, sin buscar a legisladores en lo individual; (2) aceptar a Garza Santos en la Fiscalía; (3) aceptar que la Fiscalía declarase no ejercicio de la acción penal en todas las denuncias que la Administración García Sepúlveda ha hecho en contra de ex-funcionarios; (4) respetar todos los nombramientos futuros que haga el Congreso (está pendiente, aparte de la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado); (5) no actuar en contra de las demás instituciones autónomas (cuyos titulares nomina el Congreso); y (6) no retrasar ministraciones de fondos esos organismos autónomos, ni a municipios.

Te recuerdo, lectora, que el 22 de Febrero de 2023, ese Congreso aprobó reformas constitucionales que le quitan a la Gubernatura el control de varios nombramientos clave del poder ejecutivo –estableciendo de hecho un gobierno parlamentario. El gobernador ha litigado esa reforma; pero es probable que sea derrotado si la tendencia a favor de los “State Rights” sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Recordemos la resolución a favor de la Legislatura tamaulipeca en contra de su gobernador en materia de nombramiento del Fiscal General.)

Las primeras seis condiciones que los prianistas trataron de imponer a García deben ser leídas en sintonía con la pretensión parlamentaria del PRIAN en el Congreso neoleonés. Aceptarlas implicaba que el gobernador interino, aunque fuera emecista, tendría frente a sí al ex-candidato a gobernador priísta (Garza) con la posibilidad de acusarle de cualquier cosa (apoyado por otra persona prianista en la ASE) mientras todos los priístas y panistas acusados previamente gozarían de impunidad.

Aparte, los prianistas exigieron a Samuel García que (7) publicase en el Periódico Oficial del Estado todas las reformas pendientes. Es probable que entre estos decretos sin publicar estén algunas de las reformas parlamentaristas. Puedes apreciar, lectora, que estas condiciones no son razonables é implicaban la rendición total del Gobernador.

Por supuesto, la Legislatura también fue electa democráticamente. Pero cuando el electorado produce gobiernos divididos la prudencia indica que los poderes deben buscar la colaboración y no la confrontación que lleve a la derrota total de una de las partes. Los congresistas de la mayoría prianista, aparte, exigieron que la Administración García Sepúlveda (8) termine de entregar el Fondo de 2,500 millones de pesos a los municipios priístas y panistas; y (9) que este se repita en el nuevo presupuesto (2024) en el que, aparte, no debe haber nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. En otras palabras, la Administración emecista también debía claudicar sus poderes fiscales.

A santo de “detener la persecución” que sufrían panistas y priístas, la mayoría parlamentaria también pidió que (10) todas las Secretarias diesen anuencia de reapertura a todos los negocios clausurados en los últimos dos años y que (11) el Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León diese “anuencia de cumplimiento como contribuyentes” a todos los actores políticos de ese bando.

¿Te parece, lectora, que estas son condiciones razonables? ¿Te parece que Sicilia y Proceso tienen razón al decir que la Legislatura dominada por el PRIAN es un “freno a la irresponsabilidad populista”?

Los prianistas de Nuevo León más bien tratan de imponerse a la mala. Los muchos errores del gobernador García Sepúlveda no justifican esos abusos. Por eso es que el alcalde de Monterrey, tan joven como el gobernador pero más prudente, sugirió la intervención del Senado de la República –recordando, sin decirlo, que los poderes de una entidad federativa pueden desaparecer por actos de sus titulares –del ejecutivo, del legislativo ó del judicial– que vuelvan imposible la gobernabilidad.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1: