Más de 110 mil personas desaparecidas, es la cifra que oficialmente conocíamos hasta antes de que, desde la Presidencia de México, se anunciara la creación de un nuevo Censo que, según las autoridades federales, se plantea como objetivo la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que hasta ahora conocemos, a través de la localización y corroboración de casos “casa por casa”. Este anuncio generó reacciones diferenciadas.
Desde muchas organizaciones de la sociedad civil organizada y colectivos de familias buscadoras se señaló el riesgo de que dicho censo resultará un mecanismo para disminuir arbitrariamente el número de denuncias y reportes por desaparición y, ya iniciado el Censo de “búsqueda generalizada”, como le nombraron a las primeras acciones de corroboración de casos, se denunció revictimización cuando, a través de llamadas o visitas domiciliarias, se les preguntaba a muchas familias buscadoras por la ubicación de su ser querido. Ante dichos señalamientos, el Gobierno de México ha insistido en que dicho Censo no tiene el objetivo de mostrar que la cifra de más de 110 personas desaparecidas responde a un registro fallido, mal elaborado y sin apego a la realidad, por supuesto, también dice que tiene la encomienda de localizar a las personas reportadas como desaparecidas.
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