Asumo que el título de esta entrega pudiera entenderse como un pleonasmo. Sin embargo, en otro sentido, no lo es. Me explico. En la tragedia que representan las decenas de miles de personas desaparecidas en el país, quizás de las que menos información se tiene, de las que no hay denuncias, ni datos, ni reclamos, ni nada, o muy poco, son las de los pueblos originarios. Si toda desaparición implica ausencia, que no invisibilidad (son personas desaparecidas), en el caso de los habitantes de los pueblos originarios, o comunidades indígenas, a la ausencia física se suma la invisibilidad mediática, la débil o inexistente solidaridad social para con los familiares, e inclusive la indolencia gubernamental. Por cuanto a las personas de los pueblos originarios se refiere, a su desaparición hay que sumar la enorme indiferencia social y la desidia con la que las instituciones de todos los ámbitos de gobierno asumen estos casos.
Hace unos días, Jano Valenzuela, colaborador de Rompeviento TV, publicó varios tuits sobre la desaparición forzada de diez Yaquis del Pueblo de la Loma de Bácum, defensores de sus territorios. Uno de los tuits de @alexvalan dice lo siguiente: ¿Porqué no es un escándalo nacional la desaparición forzada de diez integrantes del Pueblo de La Loma de Bácum después de que días antes la comunidad sufrió intromisión y acoso por parte de miembros del Ejército? La pregunta es muy pertinente, la hago mía y apunto algunas hipótesis al respecto, con el ánimo de estimular la reflexión y la discusión.
Además de las personas víctimas de desaparición forzada de la comunidad Yaqui de Loma de Bácum, en Sonora, en el otro extremo del país, en los Altos de Chiapas (municipios de Pantelhó, Simojovel, Chenalhó, Aldama, entre otros), las personas desplazadas, desaparecidas y asesinadas se cuentan por miles, sin que en la mayoría de los casos se tengan datos de quiénes son, cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, nada. Así lo dejó ver en entrevista con Julio Hernández, Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV: “estamos recabando la lista de nombres de cuántos indígenas fueron ejecutados en el municipio de Pantelhó y Simojovel en el año 2020 y lo que va del 2021. Parece que la cifra sí está cercana a los 200, pero hay muchos casos de desaparecidos... y eso tampoco lo documentamos. Esa es una de las cosas que me parece alarmante, porque los que trabajamos y damos cobertura al tema de desaparecidos... no hemos contabilizado cuántos indígenas van desaparecidos en el país”.
¿Por qué no se sabe cuántos indígenas han sido víctimas de desaparición forzada en México? ¿Por qué no es un escándalo nacional? Es importante recordar que de acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, signada por México y, por ende, de observancia obligatoria, se entiende por este concepto: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2).
Por las evidencias recabadas por activistas, testigos y algunos medios, la presencia de las fuerzas armadas en las comunidades indígenas ha estado acompañada de un incremento en las desapariciones forzadas, tal y como ha sucedido recientemente en Sonora, en el Pueblo de la Loma de Bácum, y como ha ocurrido desde hace decenios, y sigue ocurriendo, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y muchos otros estados del país. Para decirlo sin ambages: el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional no han sido factores de estabilidad, paz y respeto a los derechos humanos en las comunidades indígenas del país, por el contrario, han sido fuente de constantes violaciones a los DDHH, entre otras, la desaparición forzada.
Al menos cuatro hipótesis se pueden construir para tratar de explicar, y acaso comprender, la invisibilidad de las desapariciones entre la población indígena del país.
- En primer lugar, la pobreza y la exclusión social que históricamente han padecido los pueblos originarios del país (y, hay que decirlo, de toda América Latina, por lo que la situación en México es muy parecida a lo que ocurre en Colombia, Guatemala, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, etc.). Si el Estado se ha hecho presente en las comunidades indígenas, esencialmente lo ha hecho a través de las fuerzas armadas, es decir, ha tenido preeminencia el carácter punitivo y de control social hacia los pueblos originarios. De la mano de las fuerzas armadas, los proyectos de “desarrollo” que han arrasado con tierras, bosques, selvas, aguas, montañas, desiertos y en general los territorios indígenas han sido la constante desde hace cientos de años.
- En segundo lugar, los medios de comunicación no colocan su mirada en los pueblos y comunidades indígenas: allí “no hay nota”, y si la hay, se asume que es información de escaso, o nulo, interés para el público urbano (principal consumidor de la información), por lo que la nota no vende, no es atractiva para los anunciantes. Mientras no haya aportación en dinero a los medios de información, no habrá cobertura de lo que ocurre en las poblaciones originarias. Es la lógica mercantil que domina en la mayoría de los medios de comunicación.
- En tercer lugar, y relacionado con los anteriores puntos, las desapariciones invisibles deben entenderse en un contexto político de resistencia y defensa territorial de los pueblos originarios. En este sentido, es de relevancia estratégica para el Estado que el silencio y la invisibilidad priven sobre los territorios indígenas: que no se escuche, que no se vea, que no se sepa lo que allí ocurre. Y cuando la información trasciende, procurar reducir la resistencia política a meros conflictos intercomunitarios. No es un asunto menor: la defensa territorial es mucho más que la conservación de tierras y aguas, es resistencia contra los proyectos desarrollistas del capital, llámense explotación minera, aprovechamiento maderero, apropiación de cuerpos de agua, desarrollos inmobiliarios, proyectos turísticos, tren maya o corredor interoceánico. La resistencia territorial fortalece las autonomías de las comunidades y construye pautas de relaciones políticas horizontales y directas, muchas veces al margen de los partidos políticos, lo cual es difícil de aceptar para las instituciones “democráticas”. En esta tesitura, es imposible desligar la disputa del territorio tanto para el impulso de los proyectos de “desarrollo” como para el paso ilegal de armas, personas, drogas, combustible y productos en general provenientes del mercado negro. Estamos ante una lucha política que ha cobrado decenas de víctimas en los años recientes, por mencionar algunos casos (que no únicos), podemos recordar los asesinatos de Tomás Rojo (Sonora), Samir Flores (Morelos), Simón Pedro (Chiapas), Óscar Eyraud (Baja California), Jaime Jiménez y Javier Heras (Oaxaca), María Eufemia Reyes, Vicente Guzmán, Ambrosio Guzmán y José Luis Chávez (Michoacán). En fin, la lista de indígenas defensores del territorio es muy larga, tanto como la impunidad.
- En cuarto lugar, y como colofón de todos los anteriores, el carácter racista, discriminatorio y colonial con el que miramos desde la academia, el Estado, los medios, los empresarios y en general la sociedad toda a los pueblos originarios. En muchos adjetivos se expresa esta mirada colonialista, racista y discriminadora: “pobrecitos”, “ignorantes”, “atrasados”, “tercos”, y vaya usted a saber cuántos más. Lo que es cierto, es que esas concepciones abonan a que las desapariciones permanezcan en la invisibilidad.
Hay mucho trabajo por delante para al menos hacer visibles a las personas desaparecidas de los pueblos originarios del país. Por una parte, y lo dijo Ernesto Ledesma, documentar los cientos, los miles de casos de desaparecidos, asesinados y desplazados que hay tanto en Chiapas como en otras regiones de México. No es una tarea sencilla, toda vez que los medios hegemónicos, que son los que tienen la mayor cobertura informativa, no van a entrarle al tema, no es “noticia”. Por parte del gobierno federal tampoco se vislumbran iniciativas en tal sentido, bajo el pueril argumento de que se trata de conflictos internos a las comunidades. Las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar mucho; sin embargo, sus recursos son pocos para el tamaño de la tarea. Las universidades, al menos hasta donde es posible observar, no tienen en su agenda de trabajo este tema.
No obstante, no hay de otra: como un primer paso para erradicar este delito, es urgente sistematizar en un padrón nacional a las personas de comunidades originarias desaparecidas. No más, nunca más, personas desaparecidas; y mucho menos, desapariciones invisibles.
De último momento el compañero Yaqui Francisco Cajeme nos hace llegar esta solicitud:
"A los pueblos, a mis conocidos, a los ciudadanos mexicanos, a los Yaquis de nuestra tropa yoemia y de los 8 pueblos.
A las asociaciones civiles, a la gente en general.
Les quiero pedir su apoyo para poder pagar el transporte de la Ciudad de México a mi Guardia Tradicional de Loma de Bácum y poder unirme a los grupos de búsqueda y de acción.
Les pido su cooperación y solidaridad para poder unirme, a nuestras tropas yaquis para poder traer de vuelta a nuestros hermanos desaparecidos.
Les pido su cooperación y solidaridad para poder unirme, a nuestras tropas yaquis y a la defensa de nuestro territorio.
Desde un peso cuenta.
Fabricio Cajeme
Tel:5523148185
BBVA-tarjeta - 4098 5130 2245 0008
