En la perspectiva de los posibles debates entre las corcholatas presidenciables resaltan tres temas que uno esperaría, sería deseable, fuesen abordados para conocer en detalle sus propuestas al respecto. Son tres temas-problema cuyos saldos para la 4T son más bien deficitarios y que quién pretenda dar continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener propuestas claras y viables: i) la seguridad pública y la militarización del país; ii) la educación; iii) la salud. En esta entrega aludo al primero de ellos, en específico, a la Guardia Nacional (GN) militarizada como eje de la estrategia de seguridad pública y que, a la luz de los datos disponibles, no ha dado los resultados esperados ni ha estado a la altura de las expectativas generadas.
Hasta el momento, las corcholatas presidenciables han externado algunas pocas, y pobres, ideas sobre la militarización de la seguridad pública a través de la GN. Hasta donde es posible apreciar, sus concepciones están a tono con las iniciativas del presidente, sin que se introduzcan ni variables ni atenuantes. Más que por estrategia, es posible que no conozcamos claramente sus posiciones al respecto por puro sentido común: saben que, si contradicen, o al menos acotan las ideas del presidente, bien podrían caer en desgracia y quedar marginadas del proceso electoral de 2024. Así, es muy poco lo que conocemos sobre las concepciones que sobre los militares y la militarización del país tienen Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López (corcholatas punteras), pero tampoco de las otras dos personas que han sonado para encabezar la elección por parte de Morena y sus aliados, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal.
Claudia Sheinbaum calificó de “hipócritas” a quienes cuestionaron la militarización del país y agregó: “Cuál es el papel de las fuerzas armadas: patrullar, vigilar, con inteligencia, con respeto de los derechos humanos. Qué pasaría si dejaran de hacer labores, dejarían a la indefensión a millones de mexicanos, sobre todo a los más pobres”. Marcelo Ebrard, por su parte, defendió los “muy altos estándares” en materia de derechos humanos que ha demostrado la Guardia Nacional y añadió “que el cuerpo de seguridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido un número de quejas “mucho más bajo que cualquier policía del país”. Adán Augusto López dijo que el “fantasma de la militarización no existe”; “hablan que se está militarizando al país, y nada más lejano de la realidad que eso” Asimismo, afirmó que si bien fue un gran avance lo que se aprobó en marzo de 2019, que fue la creación de la Guardia Nacional (GN) y la prestación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, desafortunadamente no alcanza el plazo que se fijó en ese entonces, que fue a marzo de 2024, por lo que es necesario ampliarlo”. El diputado Gerardo Fernández Noroña clamó “no señores de la oposición, no somos iguales. Nosotros no usaremos nunca a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo” Y tal vez dominado por la emoción, lanzó loas a las Fuerzas Armadas: “¡Larga vida al Ejército y a las Fuerzas Armadas! Sirviendo a la patria en labores de paz. ¡Larga vida a las Fuerzas Armadas! Sirviendo al pueblo de México, en los planes de emergencia.” Finalmente, Ricardo Monreal se ha expresado en estos términos: “estoy en contra de la militarización” pero se pronunció a favor de extender la presencia de la Guardia Nacional hasta el 2028. Y añadió: “… imagínense ustedes, marzo de 2023 regresan a sus cuarteles, pero es la época más álgida en materia político-electoral porque estará la campaña para elegir presidente de la República, (…) es decir, se contaminará el ambiente político sobre este tema, por eso es oportuna la discusión en este momento sobre la ampliación del plazo de que el Ejército y la Marina preste y auxilie labores de seguridad pública mientras que concluye la transición de una Guardia Nacional que sea la garante de la seguridad pública en el país”.
Como podemos observar, las corcholatas presidenciables coinciden en el modelo militarizado de seguridad pública, lo que no han dicho, al menos hasta el momento, es cómo proponen transitar hacia un modelo civil.
El tema no es menor y trasciende los marcos de la seguridad pública en la medida en que la presencia verde olivo en el país es una amenaza latente a la democracia, toda vez que, en tanto instituciones totales, tanto el Ejército como la Marina, están del lado del borramiento de las diferencias, de la ausencia de diálogo y la construcción de consensos, de la pluralidad y el respeto a las minorías. De allí que lo suyo sea uniformizar, estandarizar, que las jerarquías se respeten y sus órdenes se obedezcan sin dudar un segundo. Y ni qué decir del inminente riesgo que implica para los derechos humanos. La función principal de las fuerzas armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, para lograrlo, sus integrantes están entrenados y capacitados para la guerra, para el exterminio del enemigo, no para la vigilancia, la seguridad pública y la protección de los derechos humanos. Está visto que desde que Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles, el número de personas asesinadas ha ido en constante incremento, en particular, en la actual administración cuatroteísta. ¿Cómo se posicionan las corcholatas ante esto?
En la medida en que la Guardia Nacional ha pasado a formar parte del Ejército y su presencia en las calles del país está aprobada legalmente hasta 2028, es necesario que quien compita por la presidencia de la República en las elecciones de 2024 presente sus propuestas para transitar hacia un modelo civil de seguridad pública, al menos que pretenda extender el plazo más allá de 2028; de ser así, también sería deseable que las corcholatas lo manifestaran abiertamente desde ya. Algunas posibles preguntas que requieren respuestas son las siguientes: ¿Cómo se plantea la desmilitarización de la seguridad pública? ¿Cuáles son sus propuestas para construir una Guardia Nacional civil? ¿Cómo se concibe su capacitación, distribución territorial y financiamiento?
De igual manera, es necesario que las corcholatas presidenciables se manifiesten en torno al proceso de justicia transicional sin el que México no podrá dejar atrás un pasado rebosante de violaciones a los derechos humanos cometidos por sus fuerzas armadas, desde cuando menos el 2 de octubre de 1968, y hasta la actualidad, destacando momentos muy oscuros de nuestra historia, como la Guerra Sucia de los años setenta y ochenta, la represión en Chiapas ante el levantamiento zapatista, la masacre de Acteal (cometida por grupos del PRI entrenados por militares), la masacre cometida en Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y, por supuesto, los cientos de personas inocentes acribilladas por balas militares, torturadas y desaparecidas en la fallida “guerra contra el narco”. Sin un proceso pleno, amplio y muy honesto de justicia transicional entendido como “una serie de mecanismos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición posterior a periodos de conflicto, represión y/o niveles de violencia a gran escala y de alto impacto, que llevaron a la comisión de violaciones a derechos humanos de forma tan grave y masiva, que el Estado no puede dar respuesta con el sistema de justicia ordinario”, es imposible que México arribe a una época de paz, seguridad y democracia. ¿Qué tienen que decir las corcholatas al respecto? Hasta el momento es muy poco, y muy preocupante, lo que conocemos sobre sus concepciones y puntos de vista. Esperemos que en los debates profundicen en el tema.
