Está preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa; a esas acusaciones se suma la vinculación a proceso por desaparición forzada. Sin embargo, no parece probable que Javier Duarte de Ochoa (JDO), el gobernador del estado de Veracruz entre 2010 y 2016, vaya a ser sentenciado y, por lo tanto, purgue condena por este último delito. A pesar del dolor causado en la sociedad veracruzana, de los miles de personas desaparecidas, de la violencia desatada por los cárteles durante su mandato, del robo al erario y de las muchas otras irregularidades y delitos cometidos al amparo del poder político, Javier Duarte saldrá libre una vez que cumpla su condena de 9 años (ha cumplido 4) por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El sexenio de Javier Duarte fue de sangre y muerte y miles de personas desaparecieron, sin que hasta el momento se tenga información de dónde están, ni quién y por qué se las llevaron. Es difícil de establecer con precisión el número de personas desaparecidas durante el duartismo puesto que las cifras difieren y oscilan entre las 3600 y más de 20 mil. En cualquiera de los dos escenarios, a la “baja” con 3600 o con los números más elevados de 20 mil, el hecho es que quienes vivimos en Veracruz recordamos con mucho miedo, y con mucha rabia, aquellos infaustos años; evidentemente, para los miles de familias que perdieron a uno o más de sus integrantes su recuerdo es mucho más ominoso, por lo que la noticia de la vinculación a proceso por desaparición forzada de Javier Duarte ha sido recibida como una bocanada de aire fresco y una mínima posibilidad de acceso a la justicia.
Sin embargo, hay que señalar que la vinculación a proceso por desaparición forzada es tan solo por un caso, un miembro de la Fuerza Civil, y la acusación contra JDO no es por su participación directa en la posible comisión del delito, sino por obstaculización de la justicia, es decir, se le señala por haber entorpecido la investigación de la desaparición de esa persona. Para profundizar en los detalles jurídicos de la vinculación a proceso por desaparición forzada de JDO, le invito a usted a ver la siguiente entrevista con el abogado David Peña, a partir de las 2’26” (dos horas veintiséis minutos): https://www.youtube.com/watch?v=_t18ovXKtcY&ab_channel=RompevientoTV
Al menos hay dos circunstancias que, desgraciadamente, abonan a la hipótesis de que Javier Duarte de Ochoa no será sentenciado por desaparición forzada: la primera es la señalada anteriormente, en el sentido de que la acusación de la Fiscalía de Veracruz es por entorpecimiento de la investigación, esto es, no se le acusa de ser responsable directo de la desaparición, o de haberla ordenado, sino de haber obstaculizado las indagatorias. La segunda es que el entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusado por desaparición forzada de 15 personas, está libre y en libertad sigue el proceso en su contra, esto es, a Bermúdez Zurita tampoco se le han podido fincar sólidos procesos judiciales que demuestren su participación en la comisión del delito de desaparición forzada.
En Veracruz es secreto a voces que Bermúdez Zurita cobijó a verdaderos delincuentes con placa de policía, como Marcos Conde, jefe policiaco acusado de la desaparición de personas en Tierra Blanca, en La Antigua, en Úrsulo Galván, en prácticamente todo el estado. Marcos Conde fue el responsable directo de cientos de delitos en Veracruz, desde el trasiego de droga y la desaparición de personas hasta robo, homicidio y vaya usted a saber cuántos delitos más. El siguiente reportaje de Miguel León Carmona y Adriana Carreón permite un acercamiento al criminal “comandante” Marcos Conde, quien operó al amparo de Arturo Bermúdez Zurita: https://piedepagina.mx/el-exterminio-que-dirigio-marcos-conde-en-veracruz/.
En el estado de Veracruz hay decenas, quizás cientos de casos de jóvenes “levantados” por policías, torturados, tableteados y, en algunas ocasiones, entregados a la delincuencia organizada, en particular, a los zetas, cártel dominante en aquellos años. Asimismo, hay experiencias y testimonios de jóvenes “levantados” un día por los zetas y entregados a sus familiares días después por las autoridades del gobierno o por la entonces Procuraduría de Veracruz, gracias a las presiones ciudadanas y sus marchas, bloqueos y otras formas de protesta. Esto es, hay innumerables evidencias de los fluidos lazos entre la delincuencia y las fuerzas policiacas, y entre los policías y la clase política, ya sea presidentes municipales, diputados, secretarios de gobierno, inclusive, al menos a nivel de hipótesis, con el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Sin embargo y como bien sabemos, una cosa son las experiencias en calle y las razones políticas, y otra muy diferente y no necesariamente coincidente, las razones y los argumentos jurídicos. Judicializar esas experiencias de abusos y torturas por parte de policías, conformar en denuncia judicial esos vasos comunicantes entre delincuentes y servidores públicos, sustanciar los expedientes de las indagatorias para demostrar, con evidencias legalmente válidas, la colusión de funcionarios y delincuentes no es tarea fácil y requiere, además de la mínima voluntad política, impecable técnica jurídica que permita construir casos sólidos que culminen con el castigo a los culpables. Ahora que, si la voluntad política es débil, la técnica jurídica deficiente y, por si fuera poco, las fiscalías están saturadas de trabajo, el resultado inevitable es que la justicia prácticamente no tiene cabida.
Para el caso de Javier Duarte de Ochoa y su vinculación a proceso por desaparición forzada, es de suponer que la “autónoma” Fiscalía del estado tiene la mínima voluntad política de sacar adelante el expediente, pero de acuerdo con la información dada a conocer y toda vez que solamente se le acusa de obstaculizar la investigación por la desaparición de una persona, el expediente quizás adolece de la técnica jurídica necesaria para sustanciar los cargos. En otras palabras, a nadie extrañe que dentro de algunos meses nos enteremos por la prensa que Javier Duarte de Ochoa ha sido completamente exonerado de cualquier acusación por desaparición forzada ocurrida durante su gobierno.
Y eso concediendo de que hay alguna voluntad política porque también es de suponer que la posible fragilidad del expediente por desaparición forzada, y el hecho de que no se hayan presentado otras indagatorias al respecto, apunta precisamente en sentido contrario, es decir, a tender un manto protector sobre Duarte de Ochoa y sus cómplices en los años más nefastos para las y los veracruzanos. Si Arturo Bermúdez Zurita no ha sido sentenciado por desaparición forzada, pese a las evidencias y los muchos testimonios, difícilmente su entonces jefe, Javier Duarte de Ochoa, será castigado por ese delito.
No podemos esperar a que la Fiscalía de Veracruz tenga la voluntad política, la técnica jurídica y el personal necesario para que las carpetas de investigación por desaparición forzada lleguen a las sentencias de los acusados. No podemos, y no debemos. Estamos en la obligación de, cuando menos, acompañar a los colectivos de personas desaparecidas y sus muchas denuncias, algunas presentadas inclusive ante tribunales internacionales. Las siguientes son palabras de Lucy Díaz Genao, del Colectivo Solecito, en la Corte Penal Internacional de La Haya: “Para nosotros es muy importante porque desde las instancias internacionales, como la Corte, podemos tener un poco de presión al gobierno mexicano para que se decida a terminar con esta impunidad tan lacerante que hay en los casos de violaciones a los derechos humanos, porque el Estado mexicano ha sido negligente, ha sido omiso en tratar de hacer justicia y de buscar a los desaparecidos, que es lo más importante para nosotros. Creemos que instituciones como éstas, tan prestigiosas, pueden hacer que México reaccione y resulte en respuestas para nosotros, nuestros familiares desaparecidos que esperan que les hagamos justicia y que los encontremos”. (https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/10/19/denuncian-desapariciones-en-veracruz-ante-la-corte-penal-internacional/).
La tragedia de Veracruz es representativa de la tragedia de México y no puede haber Cuarta Transformación, sin justicia. Por eso es de enorme relevancia para todo el país que los crímenes cometidos durante el duartismo sean juzgados y los culpables sentenciados. El de Javier Duarte no es un caso más, es un caso emblemático de la impunidad que campea en todo México.
La desaparición es un delito que afecta no solamente a la persona desaparecida, sino también a su familia, a su centro de trabajo o de estudio, a su comunidad. El dolor por las personas desaparecidas es colectivo y de impacto transgeneracional; no puede haber una sociedad medianamente saludable e integrada mientras ese dolor esté presente, mientras no se hayan restañado las heridas dejadas por la cauda de violencia criminal e institucional desatada en nuestro país. Y no puede haber otra forma de salir del horror más que a través de la justicia. Veracruz es paradigmático de ese dolor y de esa ausencia de justicia, una justicia que hoy, está desaparecida.
