Para Ernesto Ledesma, con un abrazo
El general secretario Luis Crescencio Sandoval González ha trazado la ruta que los militares están siguiendo, y seguirán, en los próximos años ante los poderes civiles. Esa ruta es la de la insolencia. El general Luis Crescencio Sandoval González así lo ha dejado ver en días recientes al posponer la reunión a la que ha sido convocado por la Cámara de Diputados; ante un poder constitucional legalmente instituido, el general secretario muestra su insolencia al posponer la reunión, “hasta nuevo aviso”. Previamente, el general Sandoval había dicho que la reunión con las y los legisladores tendría lugar en las instalaciones de la SEDENA, en donde explicaría a los y las diputadas el hackeo del que fue objeto la secretaría a su cargo. Un titular de despacho que se niega a comparecer ante uno de los tres Poderes de la Unión, el legislativo en este caso. ¡De ese tamaño la insolencia del general secretario!
No está por demás recordarle al general secretario responsable principal del hackeo de #GuacamayaLeaks, que su comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados no es opcional ni sujeta a criterios que no sean los establecidos en la legislación en la materia: es su obligación presentarse dónde y cuándo lo estipulen los legisladores y en las condiciones que ellos y ellas establezcan. El general no puede imponer su voluntad ante los y las diputados, por más poderoso que se sienta por el evidente apoyo presidencial del que goza, y del que, al parecer, también se ufana.
Además de explicar quiénes conforman la cadena de mando que posibilitó el robo de 6 terabytes de información a la secretaría a su cargo (él, por supuesto, es la cabeza de esa cadena de mando) sería de enorme interés que el general Luis Crescencio Sandoval González explicara otros detalles que han sido filtrados a la prensa a través del colectivo #Guacamaya, por ejemplo y de manera prioritaria, el supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos; la información de gobiernos locales de pactos con la delincuencia organizada y por qué, si se tiene esa información, no se ha actuado conforme a derecho; las posibles ventas de armas de algún militar (o militares) a miembros de la delincuencia organizada; y por supuesto y no es un detalle menor, los obsequios del general Luis Crescencio Sandoval González, comprados con recursos públicos, y entregados a diferentes personas de los ámbitos políticos, legislativos y empresariales, como Julio Scherer Ibarra (ex consejero jurídico de la presidencia), Omar García Harfuch (secretario de Seguridad Pública en la CDMX), Daniel Jesús Chávez Morán (grupo Vidanta, uno de los que más concesiones ha obtenido en la presente administración federal), Jorge Arganis (ex titular de la SCT) y Germán Arturo Martínez Santoyo (titular de Conagua).
Tome nota general Luis Crescencio Sandoval González: esta, su primera comparecencia, podría ser el inicio de una larga serie de explicaciones que usted debe dar al país y de las sanciones correspondientes a los mandos que permitieron, por incapacidad, omisión o complicidad, el inmenso robo a la secretaría a su cargo. Es más, secretario general, su renuncia ya debería estar en el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a efecto de facilitar las investigaciones del hackeo. Ahora que cabe la posibilidad, el presidente ya lo adelantó, de que no habrá investigación alguna. Y cabe también la posibilidad de que en la cámara de diputados encuentre usted un ambiente terso, o, mejor dicho, genuflexo, por parte del partido mayoritario. No sería ninguna sorpresa habida cuenta la coraza protectora tendida desde la presidencia hacia las fuerzas armadas.
En un escenario que apunta hacia la más brutal e indignante impunidad del ejército tanto en el robo informático, como en su participación en muchos otros delitos contra la población civil (desapariciones, torturas, asesinatos), en la comisión de posibles actos de corrupción, en el espionaje (inteligencia, le llaman) de movimientos y líderes populares, en su posible protección a presuntos delincuentes, en su sistemática violación a los derechos humanos de las personas migrantes, en la capacitación y el sostenimiento de grupos paramilitares, en fin, en circunstancias que indican que el ejército no será llamado a cuentas (ni siquiera por su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzianapa), cabe preguntarnos qué podemos, y qué debemos hacer, como sociedad civil.
No hay más, no hay de otra, no tenemos opción: lo que nos corresponde es organizar la resistencia civil en contra de la militarización del país. El análisis sobre si hay o no militarización dejémosla para la discusión academia, siempre necesaria, pero ante los hechos de otorgar presupuestos millonarios a los militares, la invasión de espacios anteriormente ocupados por civiles, la protección que se les brinda desde la presidencia y a través de Morena y del periodismo palero, es imprescindible que comencemos a organizar la resistencia civil frente al creciente poder de los militares.
En realidad, se trata más bien de articular resistencias que siempre han estado allí, en los pueblos originarios y sus luchas en defensa de sus tierras, sus bosques, sus aguas; en las autonomías construidas desde hace casi treinta años por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; en las colectivas feministas que han colocado a la violencia de género como un problema nacional desatendido por las autoridades de todos niveles y de todos poderes; en los colectivos de familiares de personas desaparecidas que han abierto a los ojos del mundo entero que México es una inmensa fosa clandestina que crece día con día ante el evidente desinterés del gobierno federal, expresado en los presupuestos asignados a la búsqueda y localización de personas; en las juventudes que todos los días resisten y luchan en los barrios populares contra las mafias con y sin uniforme; en quienes ejercen el periodismo con total libertad y autonomía y sin ninguna concesión al poder.
En otras palabras, se trata de organizar las resistencias de y desde la izquierda, luego de la cada vez más evidente, lamentable y preocupante derechización de Morena, sus cuadros cooptados, sus alianzas electoreras, sus periodistas paleros, sus granjas de bots, y, por supuesto, “sus” soldados camuflados y acechantes…
Una de las primeras tareas es seguir evidenciando las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en nuestro país. Esa actividad debe ser constante y documentar fehacientemente las violaciones cometidas en el pasado y las que están ocurriendo en estos momentos. Asimismo, es pertinente y necesario ordenar y clasificar la información obtenida por el hackeo porque allí seguramente aparecerán muchas más violaciones a la normatividad institucional cometidas por integrantes del ejército. Como se ha repetido con insistencia, la información de los #Guacamayaleaks apenas comienza a salir a la luz y por lo poco que se ha visto hasta ahora, en los millones de correos electrónicos obtenidos podría haber información de posibles delitos cometidos por militares en servicio.
Otra tarea de importancia es denunciar ante organismos e instancias internacionales las repercusiones de la militarización del país en diversos órdenes: en materia de derechos humanos, en el debilitamiento de las instituciones democráticas, en la histórica opacidad del ejército que obstaculiza todo viso de justicia, en la participación de militares en actividades ilegales, en su responsabilidad en la participación de posibles delitos que están ocurriendo ante nuestros ojos, como la depredación ambiental de la Península de Yucatán.
En fin, tareas hay muchas, lo que no podemos, lo que no debemos hacer, es guardar silencio ante el avasallamiento de los militares y su vocación de muerte. El silencio nos haría cómplices y esa posibilidad está totalmente descartada.
