Alejandro Saldaña Rosas
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La huelga en la UAM
Al momento de escribir estas líneas la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana continúa. Las negociaciones entre las autoridades y el sindicato no han logrado destrabar un conflicto que lleva más de un mes y aunque ambas partes han expresado su voluntad para llegar a acuerdos, lo cierto es que cerca de 60 mil estudiantes y 10 mil trabajadores manuales, técnicos, administrativos, académicos y de confianza que conforman la comunidad universitaria, no han reanudado las actividades de docencia, investigación y difusión.
Las causales de la huelga son tanto económicas como por violaciones al contrato colectivo de trabajo. En su exigencia de incremento salarial, el sindicato presentó una demanda de 20% además de la retabulación de personal de medio tiempo y de tiempo parcial, mientras que la oferta de las autoridades es un aumento salarial del 3.35% más 4% en vales de despensa. En la última negociación, el sábado 2 de marzo, las partes mantuvieron sus posiciones por lo que no hay visos de solución: las autoridades insisten en que la institución no está en condiciones de aumentar su oferta salarial, toda vez que el 86% del presupuesto se va en suelos y salarios por lo que cualquier incremento significaría reducir el dinero destinado a docencia, investigación y difusión; el sindicato, por su parte, argumenta que es factible mejorar la oferta de incremento salarial, si se disminuyen los sobresueldos y estímulos de los directivos y mandos medios.
De acuerdo al SITUAM (sindicato único que integra a personal administrativo, manual y académico) el rector percibe entre salario, compensaciones y estímulos 220 mil pesos mensuales, lo que lo convertiría en el mejor pagado de las universidades mexicanas; las autoridades afirman que la cifra es incorrecta, que su ingreso “solamente” es de 145 mil pesos y que lo ajustará para ganar menos que el presidente (no se dice cuándo se hará el ajuste). En cualquier escenario, 220 o 145 mil pesos mensuales, con relación al promedio salarial de los trabajadores, es una cantidad muy generosa, por decir lo menos. A esa cifra hay que añadir chofer, vehículos, gastos de representación, viáticos diferenciados, entre otros privilegios.
Ahora bien, es necesario señalar que estos privilegios no son exclusivos de la UAM, por el contrario, son la constante en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país (públicas y privadas), por lo que la huelga estallada por el SITAUM debe analizarse en este contexto. Si algún mérito tiene la lucha del SITUAM es haber colocado en el centro de la mesa la discusión sobre los salarios que devenga la alta burocracia de la institución.
Las remuneraciones y el conjunto de privilegios de que gozan los directivos de la UAM, no son exclusivos de esta institución, sino son parte del medio de reproducción de un sistema de castas que priva en las universidades del país y que es acorde a las tendencias globales en materia de educación superior. A esta tendencia bien podemos caracterizarla como un proceso de empresarialización de la universidad. Esto se traduce en que los servidores públicos universitarios tienen ínfulas de ejecutivos de grandes empresas, por lo que su expectativa salarial está acorde con las (infladas) expectativas acordes a su “nivel de responsabilidad”. En esta tesitura, sus salarios, prestaciones, compensaciones y otros privilegios, son apenas la mínima compensación por el esfuerzo depositado en la institución.
La empresarialización de la universidad es una tendencia global y está asociada a la precarización del trabajo académico. Lo que por una parte para muchos profesores significa bajos salarios, pesadas cargas académicas (en docencia, sobre todo), enormes dificultades para acceder a plazas con mejores condiciones de trabajo, obstáculos para acceder a los programas de estímulos, etc., por otra parte para esos mismos profesores e investigadores representa la posibilidad de mejorar el ingreso -y el prestigio- insertándose en los intersticios de la burocracia universitaria. Así, colegas que quizás no brillaron por méritos propios en la muy exigente carrera académica, encuentran un amplio alero de posibilidades de desarrollo en los meandros de la burocracia y los beneficios asociados al cargo.
Ser rector, o rectora, de una Universidad Pública es una muy buena inversión en términos de racionalidad económica individualista, sobre todo si después del periodo en funciones sigue una jubilación con salario acorde al cargo (muy generoso, sin duda) y luego otra chambita como asesor, director de algún organismo académico internacional o secretario de otra universidad. O secretario de estado. O aspirante a reconstruir lo que queda del PRI. Pocos rectores o rectoras regresan al aula, al cubículo o al laboratorio luego de su gestión. Lo mismo aplica para funcionarios menores en el escalafón universitario: buscan por todos los medios posibles seguir en la estructura, con la esperanza de pegar un brinco más allá en la próxima administración. Así, tenemos ex rectores jubilados con la misma remuneración de su último cargo: 100, 120, 140 mil pesos mensuales (al menos) más prestaciones, pero que además siguen trabajando en otras instituciones, o de asesores de algún funcionario, o de representantes de organismos más o menos prestigiados, lo que les permite ganar otro tanto o cuando menos 50 o 60 mil humildes pesos. O bien como en la UAM, cuyos ex rectores siguen con sus mismos ingresos hasta dos años después de haber dejado el cargo, lo que no les impide allegarse de otros recursos por la prestación de sus servicios.
Si de aplicar políticas de austeridad se trata, las universidades no pueden ser la excepción. Y por supuesto que hay muchísimas áreas en las que se pueden hacer sustanciales ahorros, sin poner en riesgo las actividades de docencia, investigación y difusión. Pongo solamente un ejemplo: los viáticos. ¿Por qué la tabla de viáticos para académicos y funcionarios es diferente? ¿Por qué el funcionario dispone de más recursos para una habitación de hotel que un académico? No encuentro ningún argumento sólido que explique estas diferencias.
La huelga en la UAM ha desnudado -una vez más- el régimen de privilegios que hay en nuestras universidades. La recuperación de las IES en tanto palanca del desarrollo y constructoras de ciudadanía pasa, obligadamente, por la cancelación de los privilegios de que goza la casta universitaria en todas las IES del país.
