Michael W. Chamberlin
Rompeviento.TV a 15 de junio de 2021
Si el sistema de partidos en México genera dudas en la representación política, los menos representados en nuestra limitada democracia son los pueblos indígenas. El sistema electoral sigue siendo para ellos una forma más de colonización que atenta contra su derecho a la libre determinación, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
Desde una perspectiva inclusiva, la legislación electoral ha ido introduciendo cuotas de género y, poco a poco, otras formas de diversidad: cuotas de personas con discapacidad, cuotas de género en razón de su pertenencia LGBTTTI+, y también cuotas por representación indígena, como “acciones compensatorias” o “medidas afirmativas”, a grupos considerados vulnerables o en desventaja. Estas medidas, sin embargo, no están enfocadas en la inclusión de los derechos e intereses de estas poblaciones en el debate republicano, sino en incluir obligatoriamente a personas que, teniendo alguna de estas condiciones de “desventaja”, puedan acceder a cargos de elección popular.
Y es que la legislación electoral se ha preocupado más por la diversidad en el derecho a ser elegido, que en el derecho a ser representado, donde los intereses de las diversidades se diluyen en el monopolio de los partidos para la toma de decisiones. No se busca una representación de estas poblaciones en desventaja sino acaso una representatividad; una suerte de muestrario de la diversidad, antes que una verdadera inclusión en un sistema político que mantiene en desventaja o vulnerabilidad a esas poblaciones precisamente por esa exclusión del poder.
Si el sistema de cuotas es insuficiente para garantizar la representación de los derechos e intereses de grupos considerados vulnerables o en desventaja, en el caso de los pueblos indígenas es un error. Para estos, como decía, la inclusión tiene que ser vista desde su carácter de pueblos. Se trata, entonces, no de postular personas indígenas en el sistema de partidos, sino de respetar y fortalecer los sistemas de representación y gobierno indígenas.
A diferencia de las identidades individuales definidas por la autoadscripción, la identidad de pueblo está definida por una historia común y valores socialmente compartidos, incluida la lengua, con referencia a un territorio determinado. El territorio es el espacio donde se recrea la cultura y vive el pueblo.
En México existen diversos ámbitos de representación y gobierno. Las jurisdicciones y circunscripciones tienen una referencia territorial definida. En el caso de estados y municipios, por razones históricas, normalmente dirimidas entre vencedores y vencidos, y en el caso de los distritos electorales y judiciales, por un número equitativo de habitantes. Aunque el INE estableció en las pasadas elecciones que el número de candidatos indígenas postulados por los partidos pasaría de 13 a 21 distritos, los límites de estos con las demarcaciones agrarias y jurisdicciones se cruzan y se sobreponen de tal modo que, en el caso de los pueblos indígenas, la supuesta representación además se dispersa.
El ámbito que ha fungido para muchos pueblos indígenas como el espacio de participación política, es la asamblea comunitaria o ejidal, pero se limita a cuestiones de ordenamiento territorial y a veces de policía rural; el artículo 2 de la Constitución reconoce su participación por medio de una representación en el cabildo, y, como gran avance, en pleno siglo XXI y a 500 años de la conquista, en los distritos indígenas, aunque postulados por los partidos.
Lejos estamos de la demanda de territorios autónomos para el ejercicio de gobiernos indígenas postulados en los Acuerdos de San Andrés y de circunscripciones autónomas para la representación efectiva de los pueblos en el parlamento de la República. No debe extrañarnos que cada vez más pueblos indígenas se den cuenta de que el sistema de partidos no los representa y reivindiquen por la vía del amparo o por la vía de los hechos, su propia autonomía. Este fue el caso en las pasadas elecciones, donde más de 20 comunidades indígenas en Michoacán se declararon autónomas siguiendo el ejemplo de Cherán y de otras más en el estado de Guerrero, que se van sumando a los municipios indígenas de Oaxaca y autónomos de Chiapas, en una conquista de derechos políticos que va para largo.
Si los indígenas en su mayoría viven en desventaja es porque se les ha negado a sus pueblos el control de sus territorios, por medio de sus propias formas de representación y participación política, para la toma de decisiones sobre los asuntos que les incumben. Ya no hablemos de su inclusión en un proyecto de nación. Las llamadas “acciones afirmativas”, por lo pronto, sólo reafirman sus desventajas. Lejos estamos de una verdadera democracia.
