La base social de la delincuencia y el dinero de abajo

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La estrategia de seguridad consiste en atacar las causas que originan la inseguridad y la violencia a fin de quitarle la base social a la delincuencia. No es la única acción, desde luego, pero sí la más relevante, de acuerdo con el presidente López Obrador, quien así lo reiteró en su conferencia mañanera del jueves 7 de noviembre. Resulta irrefutable la afirmación de que “la paz y la seguridad son frutos de la justicia”, no obstante, y habida cuenta de los enormes rezagos sociales, la inequidad y el déficit institucional que el país padece, llevará mucho tiempo lograr que los mínimos de bienestar alcancen a toda la población y, con ello, el acceso a la justicia esté garantizado.

Tiempo, se necesita tiempo. En abril de este año el presidente se comprometió a que en un plazo de seis meses se verían resultados en materia de seguridad: “En la medida que se vayan consolidando tres acciones, como son: eliminar la base social juvenil de la que echaba mano la delincuencia organizada, los programas de apoyo y bienestar, y la Guardia Nacional, la violencia disminuirá” (https://www.contrareplica.mx/nota-Resultados-en-seguridad-se-veran-en-6-meses-AMLO201922442). Pasado el plazo de seis meses, la violencia no sólo no disminuyó, sino que incluso fue a más, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que puede usted consultar en la siguiente liga: (https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es). Después de los acontecimientos del 17 de octubre en Culiacán, AMLO pidió un año más para que el país cambie por completo: “Espero cuando mucho en un año más ya estén establecidas las bases de la vida pública de México, nada más eso pido, un año más para que esto cambie por completo, ya hemos avanzado, hoy cumplimos 11 meses y se ha avanzado muchísimo" (https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-ano-cambie-operativo). No parece que los plazos trazados sean el resultado de análisis y diagnósticos precisos, por lo que sorprende que el presidente se ahorque solito con fechas muy difíciles de cumplir.

A la luz de los resultados obtenidos en materia de seguridad, de los plazos prolongados nuevamente y, sobre todo, del miedo que cotidianamente atenaza a millones de mexicanas y mexicanos, insistir en que no habrá cambio de estrategia envía una muy mala señal al país y coloca a la 4T en una situación crítica, habida cuenta de la crispación que priva en amplios sectores sociales: la esperanza de cambiar pacíficamente al país se ve erosionada rápidamente por la contundencia de los miles de asesinados, por la categórica merma económica y emocional derivada de las extorsiones, por la brutal realidad y el dolor de los secuestros. No se puede pedir más tiempo a la vez que se reitera que no habrá cambios en una estrategia que no está dando resultados en el corto plazo. Esta desesperación ha llevado a que algunos grupos de la sociedad mexicana, proclives a las opciones bélicas, han comenzado a coquetear abiertamente con la posibilidad de que los Estados Unidos intervengan en nuestro país. En este sentido, es imprescindible revisar la estrategia, sin que esto signifique regresar a la “guerra contra el narcotráfico” que costó tantas vidas (“daños colaterales”, les llamaba Calderón) y que no sólo demostró su ineficacia, sino que incluso se tradujo en el crecimiento exponencial de las bandas delincuenciales. Pero es necesario revisar las premisas para hacer los ajustes necesarios.

En esta tesitura, la premisa de que los programas sociales le quitarán la base social a la delincuencia, debe ser afinada. No se trata solamente de un problema de pesos y centavos, que sin duda lo es, sino también de (re)construcción de trayectorias biográficas en escenarios de oportunidades, de reconocimiento de las múltiples identidades colectivas (juveniles, feministas, indígenas, adultos mayores, etc.), de (re)valoración de saberes y prácticas comunitarias, de respeto a los territorios indígenas y campesinos, entre muchos otros ángulos de un problema muy complejo. No hay una relación causal entre pobreza y delincuencia, por lo que los programas de becas Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro no pueden ser, por sí solos, la respuesta que buscan y necesitan miles de jóvenes en todo el país. Diversas investigaciones académicas han documentado que muchos chavos que se incorporan a la delincuencia no lo hacen exclusivamente por motivos económicos, lo hacen también por una necesidad de pertenencia grupal, por sentirse poderosos y admirados, por acceder a una subcultura (la del narco), en una palabra, por poder. Las becas, por sí solas, no son suficientes para contrarrestar la influencia de la narcocultura, ni la Cartilla Moral va a inculcar los “valores” que los alejen del delito y las drogas, y tampoco la llamada Nueva Escuela Mexicana (que es un champurrado de frases rimbombantes y poco más) va a evitar que muchos jóvenes abandonen sus estudios para incorporarse a las filas de la delincuencia. No estoy diciendo que las becas no sirven, simplemente señalo que no hay una relación causa-efecto para restar base social a las bandas y los cárteles.

Algo similar ocurre con el dinero de abajo. Luego de que el INEGI diera a conocer que el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior tuvo un descenso de .3 % durante el mes de agosto, el presidente AMLO dijo: “tengo otro dato. Abajo, en el pueblo, tiene afortunadamente recursos; desde luego que hay pobreza, muchas necesidades, pero ahora hay más dinero circulando abajo que antes, y eso lo puedo probar, primero porque se están dispersando fondos en beneficio de los pobres, como no se hacía antes. Este año se van a destinar 300 mil millones de pesos” (https://www.proceso.com.mx/606191/amlo-desestima-caida-en-el-consumo-privado-hay-mas-dinero-circulando-abajo-dice). Sin entrar en discusión de montos y porcentajes, aceptemos que 300 mil millones de pesos se han dispersado entre la población más necesitada. ¿Cuántos de esos recursos han ido a parar a manos de la delincuencia organizada? No lo sé, y creo que el gobierno federal tampoco lo sabe; sin embargo, las condiciones en rancherías, pueblos y barrios posibilitan albergar la hipótesis de que una parte de ese dinero ha ido a parar a manos de los delincuentes. Las estructuras económicas, sociales, gremiales, policiacas, etc., de México en prácticamente todos los municipios del país facilitan que recursos obtenidos lícitamente a través de actividades productivas, remesas, créditos y apoyos gubernamentales terminen en poder de los cárteles del narco y otras agrupaciones delictivas.

Saldos del neoliberalismo: el 60 % de la economía mexicana es informal y, al menos en parte, tiene incidencia o se encuentra controlada por la delincuencia. Piense usted en los miles de puestos informales que hay en el país (tianguis, mercados establecidos, puestos callejeros) cuyas mercancías son de procedencia ilegal, bien por importaciones pirata, bien porque son robadas. Además, muchos de estos comerciantes son obligados a pagar extorsiones: el llamado “pago de piso”. Piense usted en un joven, en una chica, que recibe su beca como estudiante o como aprendiz, acude al comercio informal a comprar tenis, mochilas, ropa, música, películas, etc., y con ello, sin proponérselo, una parte de su beca termina en manos de alguna banda de delincuentes que, muy probablemente, está ligada con alguno de los cárteles que ocupan buena parte del territorio nacional. En el mundo rural y campesino las circunstancias no son muy diferentes: los coyotes, el abigeato, las extorsiones son prácticas comunes que lesionan la de por sí frágil economía campesina, con el agravante de que los precios de muchas mercancías son más altos en los pueblos que en las ciudades.

Qué bueno que abajo, en el pueblo, como dice AMLO, los recursos comienzan a fluir; para miles de familias ese apoyo marca una enorme diferencia, sin embargo, debido a las condiciones estructurales resultado de décadas de neoliberalismo y corrupción, una parte de ese dinero podría terminar fortaleciendo a la delincuencia organizada. Esta situación amerita un cambio de estrategia, no para eliminar los apoyos sino para que poco a poco, en todo el país, el estado de derecho sea vigente. Los esfuerzos de la 4T para acabar con la corrupción han tenido avances muy significativos en el gobierno federal, pero escasamente a nivel estatal y menos aún en el municipal, incluso en gobiernos morenistas. El Sistema Nacional Anticorrupción es un esfuerzo hasta el momento más formal y de orden burocrático que aún no impacta en las realidades locales de cada estado y de cada municipio del país. Hace falta mucho: mejor coordinación interinstitucional, contralorías ciudadanas plenamente autónomas y con dientes legales, mecanismos de transparencia eficaces, y mucho más: hace falta que la 4T se haga plenamente responsable de la conducción de la transformación con la que se ha comprometido y cambie su estrategia de seguridad. No para regresar al pasado bélico, sino para transitar realmente hacia la construcción de la paz.

No se puede acabar con el círculo de la violencia y la inseguridad con fórmulas fáciles. Quitar la base social a la delincuencia mediante transferencias de dinero al pueblo responde a una lógica causal esencialmente errada. Quizás es necesario recordar a Edgar Morin y su concepto de ecología de la acción: “... toda acción escapa cada vez más de la voluntad de su autor a medida que entra en el juego de las inter-retro-acciones del medio en el cual interviene” (https://es.scribd.com/document/38049501/MORIN-2004-EL-METODO-6-ETICA). Esto significa, que los efectos de acciones e iniciativas no dependen exclusivamente de la voluntad o las buenas intenciones, sino también de las condiciones en las que se desarrollan esos efectos. Entonces, si las condiciones del medio en el que circula el dinero allá abajo, en el pueblo, como dice AMLO, están teñidas por la corrupción y la violencia, es imposible mermar la base social de la delincuencia. Por más dinero que circule allá abajo, los efectos no serán los esperados, los anhelados, los que el país requiere. Y transformar el medio obliga a un cambio de estrategia.

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