Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV, 12 de octubre de 2021
“¿Por qué violan, matan y desaparecen niñas en México? ¡Porque se puede!” Esta es una verdad que las víctimas y sus familiares repiten sin cesar ante la grave e indolente impunidad que vivimos en el país. El caso de Fátima tiene la oportunidad de salir de esa estadística.
Fátima Quintana tenía 12 años cuando el 5 de febrero de 2015, en la comunidad de Lupita Casas Viejas en el Estado de México, regresando de la escuela en su camino diario a casa, tres sujetos la agredieron sexualmente para luego arrebatarle la vida y desaparecerla. Su cuerpo fue encontrado tras una búsqueda de la familia y los vecinos, en una zanja cercana a la carretera Toluca-Naucalpan. Fátima fue víctima de feminicidio.
Para su familia, esto marcó el inicio de un calvario. La tardanza en la justicia y la falta de mecanismos de protección a la familia la llevó a sufrir agresiones físicas y verbales por parte de los agresores: ataques a su casa, amenazas, desplazamiento forzado y la muerte del hermano de Fátima, Daniel, de 16 años, como resultado de las secuelas físicas y emocionales de lo sucedido a su hermana y a su familia.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), que representa el caso, ha logrado desvirtuar la coartada de la defensa, demostrando que las grabaciones que supuestamente sitúan al agresor en otro lugar en esa fecha y hora “son grabaciones manipuladas y segmentadas de las que no existe un original que acredite su fiabilidad y pertinencia como prueba”. Por el contrario, hay testigos que lo vieron ese día en el lugar, momentos previos a la agresión de Fátima, y existen diversas pruebas que lo corroboran.
“Después de 6 años, y de haber estado en muchas ocasiones presente en las Salas de Juicio Oral del Estado de México, la familia vuelve a tener esperanza en que el Poder Judicial de esta entidad federativa cumpla con su obligación de impartir justicia con debida diligencia y perspectiva de género”. Este martes 7 de octubre se espera la audiencia donde el juez dictará sentencia al último de los tres agresores de Fátima.
El caso resulta relevante, además, porque se enmarca en un contexto de violencia feminicida en el país, donde cada día matan a 10 mujeres. De acuerdo con el Diagnóstico del Feminicidio y la Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado de México del IMDHD e IDHEAS, existe un alza en el número de víctimas en el Estado de México: En 2015 se contabilizaron 22 feminicidios incluyendo el de Fátima y 63 desapariciones de mujeres; en el 2016, 24 feminicidios y 153 mujeres desaparecidas; en 2017, 16 feminicidios y 206 desapariciones de mujeres. En lo que va del 2021 se han registrado ya 90 feminicidios.
Más allá de los números se encuentran vidas destrozadas que nos interpelan a no permanecer indolentes. El feminicidio es el fatídico final de un conjunto de agresiones hacia las mujeres conocido como violencia feminicida. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define en su artículo 21 como violencia feminicida: “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. Esta definición es también una fotografía de la sociedad.
El Instituto Nacional de las Mujeres señaló en 2016 que “(e)n el feminicidio se conjuntan una serie de elementos que lo invisibilizan y disimulan, tales como: el silencio, la omisión, la negligencia y la complicidad. Todo ello genera impunidad que no sólo niega justicia para las víctimas, sino que además provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores; y en la sociedad la convicción de que la muerte violenta de las mujeres, al no merecer la atención e investigación de las autoridades, refuerza la desigualdad y la discriminación de la que son objeto en la vida diaria”. Es por esto que una sentencia condenatoria para los agresores de Fátima manda un mensaje muy poderoso a víctimas y a agresores, de que el resultado puede ser muy distinto para ambos.
La impunidad de los delitos contra las niñas y mujeres los vuelve permisibles. Es una invitación a repetirla, y favorecerla es pavimentar su aceptación social. Las exigencias de la familia de Fátima son derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pero también, dignificar a las víctimas y el proyecto de vida de las personas que han sufrido la pérdida de sus hijas, hermanas y madres. Escuchémoslas y rompamos el pacto, porque no sólo el Estado tiene responsabilidad de terminar con el fenómeno de la violencia feminicida.
