Juan Alberto Cedillo
Las familias que padecieron la barbarie de los Zetas en Allende y el norte de Coahuila, tuvieron que recurrir a un amparo para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con la reparación del daño a la que tienen derecho. Son familias que no solo sufren la violencia, la tragedia de contar con parientes asesinados o desaparecidos, sino también, y para colmo, con el desamparo del Estado mexicano, al grado que la sentencia ganada ya fue impugnada por directivos de la CEAV para posponer lo que les obliga la ley.
Desde el año 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10VG2018 por el caso Allende. Ordenó al Estado atender a las familias víctimas y pagar la reparación en los plazos que marca la Ley de Víctimas, es decir, en unos seis meses. Cuatro años después no se ha atendido el ordenamiento y por ello el amparo interpuesto por las familias también incluye a la CNDH, por ser omisa al no exigir que se cumplan sus propias recomendaciones.
El amparo lo presentaron en el mes de diciembre del 2022 y lo ratificaron el 21 de marzo de este año. Quedó registrado bajo el número 440/2023, ante Sandra de Jesús Zúñiga, Juez de Distrito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La jueza Sandra de Jesús Zúñiga rechazó incluir a la CNDH en el amparo, pero ya instruyó a la CEAV a rendir un informe sobre el procedimiento para la reparación del daño en un plazo que ya venció.
“A final del mes de agosto pasado, la jueza concedió el amparo a las víctimas y determinó un plazo de diez días para que la CEAV ejecute la resolución y pague por la reparación del daño”, informó a Rompeviento TV el abogado Jesús González Schmall, quien añadió que a pesar del amparo ortogado, los “directivos de la Comisión interpusieron un recurso de revisión para un aplazamiento de la sentencia, con argumentos absurdos y no válidos para salvar el pellejo”, agregó el abogado de las víctimas.
El recurso de revisión será analizado en segunda instancia por un panel de tres magistrados, que deberán emitir un fallo en un plazo aproximado de tres meses.
Para atender a las víctimas de la llamada “masacre de Allende” y el norte de Coahuila, la CEAV abrió dos expedientes (CEAV/CIE/149/2020 y CEAV/CIE/003/2021) con el objetivo de dar cumplimiento a la reparación integral del daño, pero hasta la fecha no ha cumplido.
“Desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asumió la queja por lo sucedido en Allende, emitió su recomendación cinco años después. Al demandar la reparación del daño, transfirió su cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV), como lo manda la ley, más los acuerdos internacionales firmados por México, que están agregados a la CEAV. Desde ese momento, la Comisión debió tutelar a las víctimas tanto en el aspecto material como en el apoyo psicológico y moral, ya que la mayoría son mujeres que sufrieron la peor tragedia. Es una tristeza lo que pasaron ahí, además quedaron desprotegidas en todo lo económico y emocional porque perdieron padres, hermanos, etcétera”, afirmó González Schmall en entrevista en su domicilio de Coahuila.
Destacó que la CNDH no tiene efectos vinculatorios, pero sí fuerza moral y debió asumir la supervisión y fiscalización para que se atienda la recomendación sobre el caso de Allende.
“No puede quedar en llamadas a misa, entonces tiene un recurso que otros organismos carecen, es decir, cuando la dependencia obligada a cumplir la recomendación no la cumple, la CNDH puede exigirle al Senado de la República que obligue a la autoridad responsable del incumplimiento, a comparecer para que explique por qué no ha cumplido”.
El abogado enfatizó que a más de cuatro años de que se ordenó la reparación del daño, ese mandato no se ha cumplido, y no ha existido un solo llamado de la CNDH a ninguna dependencia responsable, ninguna ha sido citada a comparecer.
“Es una vergüenza que la CNDH no actúe para que se cumplan con sus recomendaciones. Y más aún cuando se trata del mayor número de víctimas en la historia contemporánea de México, ya que en Allende se han registrado ante la CEAV alrededor de 60 familias, más otra cantidad que se registró en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del estado de Coahuila”.
Ante el incumplimiento, se tuvo que presentar el amparo ante el tribunal, por una parte, contra la CNDH al fallar en su responsabilidad fiscalizadora de sus propias recomendaciones y, por otra, contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
En el amparo que se presentó se especifican dos tipos de autoridades: una que ordena y otra que ejecuta. En este caso, la que ordena es la CNDH quien solicita que se otorgue protección a las víctimas. La que ejecuta el mandato es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La CNDH tiene un instrumento de coerción, ya que si una dependencia no quiere cumplir sus recomendaciones la puede someter a una reprobación del Senado. “Y eso no ha pasado y eso rompe toda la estructura jurídica de un proceso. Como consecuencia, hace inútil la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque de qué sirve que ella ordene y acepten su recomendación si no la cumplen”, subrayó González Schmall.
“No hace cumplir la ley que le ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas una reparación integral, como se denomina, tanto económica, social y psicológica, que es su obligación”, añadió.
“Por ello nos fuimos al amparo, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido lo que la ley le impone, de proteger a esas personas en la indemnización integral, porque esas víctimas han sufrido un menoscabo de su patrimonio y desde el principio de su inscripción ante la CEAV tienen derecho a una pensión mientras se resuelve su proceso de reparación del daño”.
Mencionó que en el caso de Allende existe una indiferencia absoluta por parte de las autoridades. Las víctimas han realizado, desde el año 2019, una buena cantidad de gestiones, mandaron cartas, documentos, e hicieron llamadas a las autoridades como Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, pero la Comisión Ejecutiva simplemente sigue sin cumplir.
“Metimos el amparo con el propósito de decirle al juez de distrito: aquí hay una ley y unos ejecutivos que no han cumplido con la ley. Así que ordénales para que la autoridad obligada cumpla su responsabilidad. Y ahora sí, un juez tiene la facultad de coacción para incluso destituir o imponer responsabilidades penales si continúan evadiendo cumplir con la ley”.
En el texto del amparo, se citan los artículos de la Ley de Atención a Víctimas que obligan a que, en un plazo de 60 días posteriores a que se ordenó la reparación del daño, se cumpla con las víctimas. No obstante, la autoridad, es decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “puede argumentar que se necesita evaluar el monto para la reparación del daño a cada afectado y puede solicitar un plazo mayor. Puede argumentar que se necesita un avalúo, consultar peritos, calcular costo de propiedades perdidas, etcétera. Ese plazo podría ser el doble o incluso un poco más de lo que establece la ley, pero nunca tantos años como los que han pasado desde que se realizó la recomendación de la CNDH”.
La manera como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evadió su responsabilidad de cumplir con la ley, fue crear un comité interinstitucional entre varias autoridades federales y del estado de Coahuila, para estudiar y buscar recursos para “reparar el daño” a las víctimas del caso de Allende.
“El Juez debe tener la capacidad de deshacer las trampas y justificaciones que ponen las autoridades para no cumplir”, concluyó Jesús González Schmall.
