Abel Barrera, director del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
A nivel federal, los presidentes de la República de las últimas tres décadas han optado por desplegar a las fuerzas armadas en tareas propias de las policías de los tres niveles de gobierno. Lo han hecho con el argumento de que solo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina están en condiciones de enfrentar a la delincuencia organizada. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado en el centro de la lucha contra el crimen a las fuerzas armadas suplantando a las fuerzas policiacas, además les ha asignado diversidad de tareas que no son parte de la seguridad pública.
La experiencia acumulada de los impactos de la militarización pone en evidencia la falta de rendición de cuentas por parte de los miembros de las fuerzas armadas y el uso letal de su poder militar. Es preocupante que el gobierno federal impulse el despliegue militar por tiempo indefinido, con el argumento de que la disciplina militar es garantía contra la violencia y la criminalidad, sin embargo, este planteamiento es insuficiente para arribar a un clima de seguridad consolidando el estado de derecho. La vía militar no ha sido capaz de lograr resultados favorables durante estas tres décadas en cuanto a seguridad y respeto a los derechos humanos, por el contrario, vivimos un momento crítico por la expansión de grupos del crimen organizado que se han instalado en varias regiones del país, y de nuestro estado, imponiendo su ley y tomando el control de las instituciones y de las regiones. Esta crisis no solo se debe a la violencia y la alta criminalidad que caracteriza a la multiplicidad de los grupos criminales, se debe también, al clima de impunidad que persiste, por la falta de resultados tangibles en las investigaciones de los delitos de alto impacto. Igualmente se debe a esta confabulación que se ha dado entre autoridades y los grupos del crimen organizado que propician negocios truculentos y el uso faccioso de las instituciones públicas.
Este proceso de militarización ha relegado a las instituciones policiales locales y estatales, al grado que están al margen de la toma de decisiones en cuanto a las políticas de seguridad y a la implementación de los operativos, porque existe desconfianza de que sus elementos trabajan para el otro bando. Esta percepción ha debilitado el trabajo local que realizan las policías para garantizar seguridad a la población. El descuido que hay en torno al mejoramiento de las instituciones policiales forman parte de esta crisis que padecemos los ciudadanos a causa de que no existen instituciones civiles de seguridad y de justicia que sean capaces y confiables para revertir la inseguridad y la impunidad.
Desde el sexenio de Felipe Calderón la militarización incrementó las violaciones a los derechos humanos, sobre todo las torturas, las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Desde esas fechas venimos arrastrando el gran déficit de justicia porque no se investigan los delitos ni se castiga a las autoridades responsables. Actualmente los patrones de comportamiento de las fuerzas armadas se manejan con total hermetismo y opacidad, son asuntos de Estado, al grado que no hay autoridades civiles que los obliguen a rendir cuentas. En la práctica se erigen como un poder supremo que está por encima del poder civil y por lo mismo no tienen por qué rendirle cuentas. Hemos constatado que las fuerzas armadas operan sin controles civiles efectivos y que más bien las instituciones militares se resisten a cumplir sus obligaciones legales, y tampoco están dispuestas a transparentar información completa de sus actividades. Es un gran peligro la participación de fuerzas castrenses en tareas policiales porque implica un elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos, por esta razón es imprescindible que se implementen controles civiles robustos para que las fuerzas militares rindan cuentas y actúen respetando los derechos humanos.
En este sexenio la militarización forma parte de las prioridades nacionales al grado que existe un respaldo presidencial a las tareas que desempeña el ejército, siendo una de las instituciones que mayor presupuesto federal tiene asignado. En esta ruta asumida por el presidente de la República, se han diversificado de responsabilidades a la Secretaría de la Defensa Nacional, profundizando el carácter militar de la Guardia Nacional. Con esta decisión política nos alejamos de la ruta de la desmilitarización, en lugar de que entremos a un proceso paulatino del retiro de las fuerzas armadas en tareas policiales. más bien, se han sentado las bases para que el despliegue de las fuerzas militares en tareas policiales sea permanente, a contrapelo de las recomendaciones emitidos por los diferentes mecanismos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). El paradigma de la militarización de la seguridad pública no es una alternativa viable para hacer frente a la violencia, las evidencias empíricas nos demuestran que esta línea militar nos ha colocado en la disyuntiva de que solo la fuerza del ejército podrá combatir la violencia criminal.
En el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo presidencial que formalmente ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. A pesar de ser impugnado por diversos actores civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la procedencia del acuerdo presidencial. En el 2022, la facultad del presidente de disponer de las fuerzas armadas en tareas policiales fue extendida hasta el 2028 mediante otra reforma constitucional. En el 2022 el presidente López Obrador logró una reforma a la ley de la Guardia Nacional para otorgar el control operativo y administrativo de ese cuerpo de seguridad, a la Sedena, sin embargo en abril del presente año la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Guardia Nacional por contradecir el texto de la constitución donde se establece que este cuerpo de seguridad forma parte de una fuerza civil. Actualmente el 86 por ciento de la Guardia Nacional es de procedencia militar de acuerdo con información publicada por el programa de seguridad ciudadana de la universidad Iberoamericana de México.
Otro elemento de la militarización que suplanta las tareas policiales se materializa con el nombramiento de mandos militares de las instituciones de seguridad estatales y las mismas fiscalías. Es una recomendación que ha dado el mismo presidente a las gobernadoras y gobernadores de que para nombrar a los titulares de la secretaría de seguridad pública deben consultar con la Sedena y la Semar “para que se tengan personas honestas, íntegras e incorruptibles”. Actualmente la cuarta parte de las personas titulares de seguridad pública de los estados provienen de las fuerzas armadas.
De acuerdo con el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, que informó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita al estado de Guerrero, esta entidad ocupa el noveno lugar al nivel nacional por homicidios dolosos, al presentar 171.69 homicidios por cada 100 mil habitantes, de diciembre del 2018 a julio del 2023. Detalló que le número de efectivos de las fuerzas federales asciende a 11 mil 800 elementos: el ejército tiene 7 mil 244, la Guardia Nacional 4 mil 556, mientras las fuerzas policiales del estado son de 7 mil 681, incluyendo la policía naval. El total de las fuerzas federales y las fuerzas policiales es de 19 mil 987 efectivos.
A pesar del número creciente de elementos federales, la situación de violencia en el estado ha empeorado y lamentablemente está trastocando la misma seguridad de los funcionarios públicos. Son sumamente preocupantes los asesinatos que se consumaron la semana pasada. El teniente coronel del Ejército mexicano, Víctor Manuel Salas Cuadras, quien recientemente había tomado bajo su mando el cargo de fiscal regional en la zona de la Tierra Caliente, fue ejecutado a balazos el sábado 9 de septiembre en Coyuca de Catalán. Tres días después, cuando salía de su domicilio rumbo a su trabajo, fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, en la colonia Cipatli, en la capital del estado. En esta misma semana hombres armados atacaron a balazos al vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández, y al director de investigación, Rafael Sosa Lagunés, cuando se disponían a abordar sus vehículos dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. El subteniente Rafael Sosa repelió la agresión logrando la huida de las personas armadas con rumbo desconocido.
Con estos hechos de violencia queda evidenciada la fallida estrategia de seguridad coordinada por fuerzas militares. A pesar del número de elementos de las fuerzas armadas asentadas en nuestro estado, seguimos padeciendo altos niveles de violencia, criminalidad e impunidad. El panorama estatal es desolador por el poder destructor que tienen los grupos criminales y que ponen en jaque a las fuerzas de seguridad del estado que no han demostrado tener la capacidad para replegar y desarticular a las organizaciones criminales que se han multiplicado y empoderado en varias regiones de Guerrero. Las fuerzas del orden enfrentan un gran desafío, la vía militar de la seguridad pública no ha dado resultados desde hace varios sexenios, por el contrario, los homicidios se siguen incrementando en forma alarmante, y los casos de personas desaparecidas continúan consumándose.
Este proceso de militarización ha concentrado la información y la investigación de delitos en los mandos militares, así como la implementación de sus estrategias para combatir al crimen organizado. Contrario a este empoderamiento militar, las corporaciones policiacas están diezmadas y varios de sus elementos trabajan para la delincuencia. En lugar de fortalecer sus capacidades y de desarrollar un proceso de formación y rendición de cuentas, se les relega de sus tareas y se les orilla a delinquir.
En nuestro estado, además de depurar las diferentes corporaciones policiales, se tiene que dignificar el trabajo de los policías. Las mismas autoridades los han utilizado para otros fines, en lugar de abocarse a brindar seguridad a la población y establecer vínculos con organizaciones de la sociedad para implementar estrategias acordes a la problemática delictiva que enfrentan en las colonias de las principales ciudades y comunidades rurales.
Se tiene que apostar al modelo de seguridad ciudadana que prioriza la atención, prevención e investigación de las diversas violencias con un enfoque diferenciado. También es imprescindible fortalecer sus propias capacidades, rendición de cuentas, prácticas de investigación de las fiscalías ciudadanizadas, incluyendo la efectiva implementación de planes de persecución penal que priorice fenómenos criminales que derivan en actos de violencia.
La militarización de las instituciones civiles de seguridad no está dando los resultados esperados, por el contrario, hay una escalada de violencia y un incremento de las organizaciones criminales que se han asentado en varias regiones y cabeceras municipales, ejerciendo violencia contra sus enemigos. Atentan contra la población indefensa, los obligan a huir de sus comunidades; asesinan y desaparecen a hombres y mujeres que consideran como sospechosos; patrullan caminos como si fueran las fuerzas del orden, y se erigen como jefes de ciertos territorios, estableciendo pactos con presidentes municipales. Se sienten con la fuerza suficiente para privar de la vida a funcionarios públicos que consideran como un obstáculo para sus planes delincuenciales. El gran desafío es revertir este proceso de militarización que no toma en cuenta la opinión de la población ni mucho menos se abre a la sociedad para revertir esta espiral de violencia. Tenemos que apostar por el fortalecimiento de las instituciones civiles que rindan cuentas a la sociedad, que respeten los derechos humanos y que fortalezcan el estado de derecho.
