Hacking Team al servicio del espionaje

Aleida Calleja

Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia

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Organizaciones defensoras de los derecho digitales denunciaron a principios de julio la compra de software de espionaje por parte de varios gobiernos en América Latina a la empresa italiana Hacking Team, que en el año 2013 fue calificada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras como uno “de los enemigos en internet”.

 

De acuerdo a los datos dados a conocer por la Electronic Frontier Foundation (EFF)[1], México es el principal cliente y ha gastado cerca de 6 millones de euros a través de la Secretaría de Gobernación; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y los gobiernos estatales del Distrito Federal, el Estado de México, Durango, Querétaro, Puebla, Campeche, Baja California, Tamaulipas y Yucatán.

 

La compra y uso de este tipo de herramientas de vigilancia sin control podría configurarse como un espionaje ilegal, ante la revelación el Secretario de gobernación declaró que el software se había comprado en la gestión de Felipe Calderón, pero la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) de México mostró una factura en la que constaba que fue adquirido en esta administración[2].

 

La EFF reveló que los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá también adquirieron el programa de espionaje, por lo que 13 organizaciones[3] de la región denunciaron el riesgo que puede significar para los derechos humanos el uso indiscriminado de la vigilancia informática por parte de los gobiernos sin ningún tipo de control, ya que puede ser utilizada en contra de activistas y disidentes, como lo muestra la evidencia empírica con el programa DaVinci que fue usado para el espionaje de activistas políticos en el Medio Oriente.

 

Lo que esta en juego en toda esta situación es la violación a la intimidad, a la protección de datos personales y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derechos que están reconocidos en diversos tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos. En México el artículo 16 de la constitución establece sanciones penales a quien atente contra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, pero algunas leyes secundarias van en contra de este principio como la Ley Federal de Telecomunicaciones a través de sus artículos 89 y 90.

 

El software que Hacking Team vende a los gobiernos es altamente invasivo: a través de documentos falsos con virus se puede controlar el equipo de manera remota para hacer búsquedas de información, enviar correos desde las cuentas del equipo infectado contagiando a otras personas, además puede abrir el micrófono o prender la cámara de manera remota para observar y espiar a voluntad a la víctima. Otra característica perversa del programa es que una vez que se cumplen los objetivos del espionaje se cierra la manipulación y se desinstala sin dejar huella, por lo que una persona no podría demostrar haber sido vigilada y espiada.

 

Bajo el argumento de que este tipo de software es utilizado para la seguridad nacional y/o combatir la delincuencia, gobiernos en todo el mundo lo adquieren sin ningún tipo de salvaguarda para proteger los derechos de las personas y evitar su uso indebido.

 

Por eso el pasado 23 de junio el Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David Kane, presentó un informe ante el Consejo General de Derechos Humanos en Ginebra Suiza, para solicitar la protección internacional para las garantías a la privacidad de la información y la correspondencia personal y exigió a los Estados a promover la encriptación y el anonimato a través de leyes y regulaciones.

 

La encriptación o cifrado de datos impide el acceso de nuestra información privada a través de algoritmos cifrados que impiden que entes no autorizados accedan a ella, es una manera de poner controles ante los abusos que pueden tener gobiernos con la utilización de programas de vigilancia.

 

En México baja cobertura periodística se dio ante las revelaciones de la organización R3D sobre el caso, siendo un tema central para los derechos y libertades civiles y políticas.

 

En otros temas

El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió una Consulta Pública para los lineamientos sobre derechos de las audiencias, el plazo cierra el próximo 24 de agosto, sería deseable que hubiera mucha participación de los distintos sectores de la sociedad, pues si hay un ámbito que es frágil en el panorama de los medios de comunicación son precisamente los derechos de las audiencias.

 

[1] https://www.eff.org/es/deeplinks/2015/07/raiz-de-la-filtracion-de-hacking-team-eff-y-grupos-de-sociedad-civil-en

[2] http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2015/07/07/segob-compro-hacking-team-gobierno-pena

[3] ACI-Participa (Honduras), Asociación por los Derechos Civiles - ADC (Argentina), Artículo 19 (México y Centroamérica), ContingenteMX México), Derechos Digitales (América Latina y Chile), EFF, Enjambre Digital (México), Hiperderecho (Perú), R3D - Red en Defensa de los Derechos Digitales (México), Fundación Karisma (Colombia), RedPato2 (Colombia), Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP (Colombia), Fundación Acceso (Centroamérica).