En caso de realizarse la consulta popular en torno a la Guardia Nacional (GN) nace con los resultados cantados: abrumadoramente a favor de su desempeño, a favor de que los militares sigan en funciones de seguridad hasta 2028, a favor de que se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. No hay mucho misterio en los hipotéticos resultados y los posibles matices que arrojaría la consulta es altamente probable que no sean ni estadística ni políticamente significativos. Y no hay mayor misterio porque de hacerse la consulta la participación mayoritaria sería de personas afines al proyecto de la 4T, tal y como ocurrió en las dos anteriores consultas populares.
En todo caso, quizás el número de participantes en la consulta pudiera ser el dato más interesante, sobre todo si lo consideramos a la luz de los dos ejercicios de consulta popular realizados anteriormente: la mal llamada “consulta para juzgar a expresidentes” y la consulta sobre la revocación de mandato. En la primera consulta los resultados arrojaron que, en números redondos, 6.5 millones de personas estuvieron a favor del juicio a expresidentes, en la segunda, 15 millones votaron a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenga en el cargo. En ambos ejercicios no se alcanzó el número de participantes necesario para hacerlas vinculantes, lo que era de esperarse, pero tampoco tuvieron mayor impacto jurídico (sobre todo el juicio a expresidentes) y su alcance fue, en todo caso, un espaldarazo político para el presidente y su 4T. No hay que olvidar que ambas consultas fueron organizadas por el Instituto Nacional Electoral, cosa que, al parecer, no sucedería con la consulta sobre la GN.
El presidente AMLO propuso que el ejercicio de consulta sobre la GN y la permanencia del ejército en las calles “no se realice conforme a lo establecido en la Constitución y sea organizado por el Instituto Nacional Electoral, sino que se busque otro mecanismo legal y su ejecución recaiga en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, “aun cuando no sea vinculante”. Si de antemano se admite que la consulta no será constitucional ni vinculante cabe la pregunta, además de que posiblemente sería violatoria de la Constitución: ¿entonces para qué hacerla? El propio presidente tiene la respuesta: “para que la gente decida y no sea un asunto cupular”. Que sea una popular, y no cupular, no la hace una mejor decisión, por el contrario, la militarización de la seguridad pública con la anuencia de una parte de la población (supongamos, por conceder, que sea más del 50% del padrón electoral, cosa que no parece posible) paradójicamente puede transformarse en un duro golpe contra la democracia, contra las resistencias colectivas, contra la defensa territorial de los pueblos originarios, contra las autonomías populares, contra la diversidad sexual, contra las minorías, e inclusive, contra las mujeres. Colocarnos la soga al cuello no atenúa el riesgo de morir ahorcados.
La masculinidad militarizada está hondamente arraigada en México y se expresa, entre otras formas, en el ensalzamiento de la disciplina castrense como forjadora del carácter, en el apego al uniforme y el casquete corto como símbolos de virilidad, en la apología de la guerra como sinónimo de heroicidad, en la socialmente aceptada “pasividad femenina” y la “masculinidad conquistadora”, en la admiración de fusiles y armas como potentes extensiones fálicas de dominación. Sobre el tema le invito a ver el siguiente documental, Power on Patrol, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF). En un país en el que en promedio diariamente 11 mujeres son asesinadas, la militarización de la seguridad pública, es decir, de su seguridad, no puede ser motivo de alegría, orgullo o cuando menos de tranquilidad; basta ver la violencia en contra de las mujeres desatada en Chiapas por los militares para corroborar que el ejército no es la solución.
La militarización de la GN fue una necesidad de coyuntura ante la violencia y la inseguridad en el país, en tanto se formaban y capacitaban los elementos civiles que deberían sustituir a los militares, proceso del que, por cierto, no se han rendido informes ni se sabe nada; ahora se pretende que una medida de coyuntura sea prácticamente estructural, es decir, que la GN permanezca con un perfil militar hasta 2028, o inclusive más allá. Como bien sabemos, en realidad, el proceso de militarización de la seguridad pública inició desde el sexenio de Felipe Calderón, con los funestos resultados obtenidos y conocidos.
Sostener que toda vez que el comandante supremo de las fuerzas armadas, y por ende de la GN, es un civil, el presidente de la República, y por ello no hay riesgo de que las decisiones clave recaigan en los militares, es sumamente ingenuo, y peligroso. El presidente bien puede ordenar que se respeten los derechos humanos de la población (como AMLO lo ha hecho) pero de allí a que eso realmente ocurra hay una gran distancia. Las evidencias sobran: basta ver la represión cotidiana que sufren las personas migrantes en todo el país, especialmente en Chiapas, Tabasco y Veracruz, a manos de la GN. O bien y para no ir más lejos, el caso de Ayotzinapa y la participación del ejército en la desaparición y asesinato de los normalistas; se puede argumentar que en ese entonces el presidente era Peña Nieto, sí, desde luego, pero López Obrador dio órdenes expresas a los militares de abrir sus expedientes y entregar toda la información sobre la noche de Iguala, lo que evidentemente no ha sucedido y la población, en primer lugar las familias de los desaparecidos, se ha enterado de los detalles por las filtraciones en la prensa.
Por otra parte, llama la atención la cortedad de miras de muchas personas identificadas con la 4T cuyos argumentos de peso son que no hay ningún riesgo de militarización de la seguridad pública puesto que el presidente es un civil electo democráticamente, como si el hecho de ganar unas elecciones cambiara el carácter del Estado, y de las fuerzas armadas, de defensa de los intereses de las clases poderosas y adineradas, no de los sectores populares. El mayor riesgo de la militarización de la GN no es para los Slim, los Larrea, los Salinas, los Bailléres, los Aramburuzavala, etcétera, sino para los pueblos originarios, para los pobres, para las y los trabajadores, para las mujeres. La consulta popular sobre la GN no cambia en lo absoluto la función de los militares en la estructura del Estado.
Por otra parte, abona a la permanencia de la GN militar dos hechos en apariencia contradictorios: por una parte, la permanencia de la inseguridad y la violencia en buena parte del territorio nacional, por la otra, la disminución de los índices delictivos, en particular, los homicidios dolosos. En mi opinión no hay tal contradicción, es perfectamente posible que persista la inseguridad al tiempo que disminuyen los índices delictivos: la administración de la necropolítica lo posibilita.
Permítame una pequeña digresión y un par de citas, a fin de sustentar mi anterior afirmación. La digresión: uno de los argumentos esgrimidos en la cámara de diputados para justificar el carácter militar de la GN y su extensión hasta 2028 fue el siguiente: “se busca fortalecer la Guardia Nacional al adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque es una institución comprometida con la Patria, que resguarda la soberanía y la seguridad interior del Estado mexicano, afirmó el diputado Jaime Martínez López (Morena)”.
Resguarda la soberanía y la seguridad interior del Estado, bien, queda claro. Segunda cita. En su texto Necropolítica, Achille Mbembe escribe: “La expresión última de Ia soberanía reside ampliamente en el poder y Ia capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los límites de Ia soberanía, sus principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre Ia mortalidad y definir Ia vida como el despliegue y Ia manifestación del poder”.
La administración de la necropolítica significa tomar decisiones para atenuar, o para acentuar, la violencia y la inseguridad en diferentes zonas del país, al mismo tiempo que tal vez se reducen los índices delictivos; no hay contradicción, es posible y hay cientos de casos en todo el mundo para fundamentar esta aseveración. Lo grave es que la administración de la necropolítica quede en manos de los militares. Ninguna consulta popular puede justificarlo.
