El lobo feroz de la militarización (ojo: el lobo sí existe)

26 septiembre, 2022

Federico Anaya Gallardo

En el debate sobre la Guardia Nacional (GN) y si esta es ó no es parte de un proceso de militarización hemos descubierto lo poco que sabíamos (y lo poco que aún conocemos) acerca de las fuerzas armadas mexicanas. En su artículo “La tormenta perfecta” publicado en este espacio (Liga 1), Michael Chamberlin nos dice que no es verdad que la GN “sustituirá a los militares en las calles porque, siendo ellos mismos, no tienen a quién sustituir”. Elegante argumento formado por una verdad y una falsedad que se desliza casi sin ser notada. La verdad: la GN son las mismas fuerzas armadas que llevan mucho tiempo haciendo tareas de seguridad pública. La falsedad: la actuación de las fuerzas armadas en esa función, antes y después de la GN, es exactamente lo mismo.

Michael tiene razón material. La semana pasada te decía, lectora, que el 75% de la tropa de la GN proviene de las policías militar y naval. Y este personal ha recibido apenas 8 semanas de entrenamiento específicamente policial. Si revisas la Ley de la GN de 2019 encontrarás, en los artículos transitorios, la consecuencia legal de esta realidad. Cuatro de las catorce normas transitorias se ocupan de cómo se trasladará el personal militar a la GN y cómo el tiempo que pasen en ella será contabilizado como parte de su carrera militar. La lectura de estos artículos deja un mal sabor de boca: si lo que deseamos es una GN profesionalizada y seria ¿por qué estamos poniendo reglas para el regreso de sus elementos fundadores (pie veterano) a sus corporaciones de origen?

El pie veterano de la GN es militar pero debe reeducarse y adaptarse a la misión que la República les encomienda ahora. Por eso es grave que al personal de origen militar sólo se les otorguen ocho semanas de capacitación. Si esto es grave para la tropa, es más complicado con la oficialidad y mandos. El artículo tercero transitorio de la Ley de la GN (la ley, no la reforma constitucional) ordenó que en los siguientes cinco años (2019-2024) los titulares de las coordinaciones territoriales de seguridad –que son el pivote táctico de la estrategia de seguridad obradorista– serían militares de carrera. Se trata de mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. (Detalle interesante, en las coordinaciones territoriales se exige más edad y experiencia que en las coordinaciones estatales, una señal de lo importante que es la territorialización de la GN.)

Pero fíjate lectora, cómo es que al debatir estos detalles podemos referirnos a un marco normativo. Enredado y oscuro, si quieres, pero más desarrollado que en los intentos de policía federal previos. Esto se debe a que la Administración López Obrador empezó desde un lugar distinto a sus predecesoras. De Zedillo a Peña Nieto se nos hizo pensar que la intervención militar en esta materia sería excepcional y temporal. La formación de una policía federal completamente civil fue de fracaso en fracaso y su dependencia de las fuerzas armadas cada vez más notable. El obradorismo de 2017-2018 empezó desde el otro lado. Cuestionó la pertinencia de sostener fuerzas armadas para objetivos innecesarios (defensa exterior en una guerra extranjera improbable) ó esencialmente injustos (represión de la oposición política) y llamó a utilizarlas abiertamente en lo que son necesarias: protección civil y seguridad pública.

Las nuevas tareas implican un cambio de naturaleza y por ello es que uno de los voceros de la tradición castrense más conservadora (que existe), el comentócrata Raymundo Riva Palacio, habla de una “manzana envenenada” al analizar la transferencia de la GN a la SEDENA.

Chamberlin pretende asustarnos al enunciar las muchas atribuciones de la GN. Son 43 y se enlistan en el artículo 9 de la Ley de la GN. Van desde verificación para la prevención de infracciones administrativas hasta la generación de inteligencia preventiva; pasando por tareas de tránsito en vías federales de comunicación y aplicación de las leyes migratorias; hasta llegar al auxilio del ministerio público en la preservación de escenas de crimen e investigación de delitos. De hecho todo lo anterior es razonable y necesario si pensamos el gigantesco abanico de materias que debe atender la fuerza de policía federal que ordena el Artículo 21 Constitucional. Michael nos asusta señalando que “todo eso” lo hará el “lobo militar”. (En la misma frecuencia que la manta de la suavicrema habló de un “golpe militar”.)

Lo que no nos dice Chamberlin es que a lo largo del siglo XX mexicano todas esas tareas las realizaron cuerpos especializados de policía civil ubicados en varias “gavetas” administrativas (secretarías de comunicaciones, gobernación, hacienda, economía, etcétera). Los más viejos entre mis lectores recordarán que había policía de caminos, policía política, policía fiscal y que hasta los inspectores de comercio federal podían aparecerse armados en una negociación. Chamberlin, jugando a la poca memoria histórica, olvida explicarnos que en cada una de esas experiencias la sociedad vio nacer corruptelas, abusos y desorganización.

El caos de las múltiples policías llevó al gobierno federal, a fines del siglo XX, a plantearse la formación de una sola corporación federal. Como decía mi autoritario padre: lo hizo tarde, mal y nunca. Peor, la pérdida del control territorial y los retos de la delincuencia en varias regiones llevó a usar –fuera de la Constitución y fuera de la Ley– a las fuerzas armadas que se agregaron a la nueva policía federal preventiva como “Fuerzas Federales de Apoyo” (FFA) bajo el mando de un general del ejército. Y de allí en adelante, todos los intentos civiles han seguido siendo dependientes de ese apoyo castrense –el cual, como era considerado excepcional, no se regló ni discutió seriamente en la sociedad civil.

A mi leal saber y entender, los fracasos de las policías federales previas fueron propiciados estructuralmente por un arreglo constitucional que NO preveía la existencia de un cuerpo único de policía federal. Una laguna en el marco constitucional que más bien parece un océano. Apenas estamos empezando a llenar ese gran y venerable vacío… el agujero estaba allí desde 1857.

Nos dice Chamberlin que la “reforma le otorga al Ejército la facultad de actuar por sí y ya no sólo en coadyuvancia de las autoridades”. No veo en dónde ni cómo. En este espacio he hablado de las 266 coordinaciones de seguridad. En ellas se sientan más civiles que militares. Eso, en la praxis diaria. En la norma, el arreglo mixto de responsabilidades entre SEDENA y SSyPC acerca de la GN contradice la afirmación de Michael. La Comandancia de la GN, aunque adscrita a SEDENA, tendrá que llevar a cabo las acciones e implementar las tácticas y estrategias de seguridad que decida la SSyPC. Podríamos decir que esta idea de un modelo mixto está mal concebida, pero se entiende lo que pretende: maximizar las ventajas de la disciplina militar y asegurar que la política de seguridad la lleve a cabo la secretaría civil.

Pero todas las inconsistencias del artículo de Chamberlin no implican que no estemos en peligro. Desde 1946, tanto el Ejército en SEDENA como la Armada en SEMAR han creado un espíritu de cuerpo más allá de lo previsto por nuestro marco constitucional liberal. El lobo sí existe.

Termino con una anécdota.

En 1975, en San Ignacio Río Muerto, Sonora, fueron asesinados siete campesinos en un operativo policiaco comandado por el jefe de la policía judicial sonorense Francisco Arellano Noblecía (teniente coronel del Ejército). El escandalo provocó la caída del gobernador Biebrich, pero nunca se investigó seriamente la represión. El periodista Jesús Blancornelas aseguraba que el gobernador había ordenado a Arellano no responder violentamente, aunque hubiese provocaciones. Pero el teniente coronel pidió línea en la Zona Militar adonde le transmitieron órdenes del general secretario Cuenca Díaz en sentido de reprimir. No se investigó nada más allá de la denuncia periodística de Blancornelas en Biebrich: Crónica de una infamia, (EDAMEX, 1978).

25 años más tarde, en 2000, Arellano Noblecía reapareció como comandante de las FFA en el desalojo de los muchachos del CGH en Ciudad Universitaria. La prensa reportó que se llevaron notarios. Cuando le conté a mi ciudadana madre quién era el comandante nomás dijo: “—Ah, entonces el notario estaba para que el general no fuera a masacrar de nuevo”.

¿Alguien en la sociedad civil se dio cuenta de quién era el comandante de las FFA? No. Chamberlin recordará que las ONGs nunca cuestionamos que ese personaje estuviese allí. No fue mala fé sino mala memoria (y acaso temor reverencial). Detalle: Arellano está ahora en a FGR de Gertz. No vigilamos. No aprendemos.

Como puedes ver, lectora, el lobo existe. Hay que nombrarlo. Y hay que vigilarlo.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1: