Michael W. Chamberlin
@Chamberlin_MW
Rompeviento TV a 20 de septiembre de 2022
Ayer dio a conocer la organización civil México Evalúa un informe cualitativo sobre extorsiones y cobro de piso en Tijuana, llamado “Extorsión Empresarial y Seguridad Pública en Tijuana. ¿Quién protege a quién? Es un estudio de campo que mira las dinámicas específicas entre empresarios grandes, medianos y pequeños, la autoridad y el crimen, y el impacto en la economía y en la vida diaria de quienes lo padecen. Un estudio que es un botón de muestra de lo que sucede en muchos municipios y alcaldías del país.
Según informa, su principal hallazgo fue que “para la relación ‘cobro de piso-protección’, es central la construcción de un ambiente violento que estimule la necesidad de protección…” Esto es exactamente lo que pasa con el discurso gastado de todos los gobernantes, desde Ernesto Zedillo, pasando por Calderón hasta López Obrador, para justificar el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Si uno lo mira en el conjunto, el ambiente de violencia y la sensación de urgencia que vivimos en el país vuelve extraordinario, una y otra vez, el llamado al Ejército en tareas de seguridad pública. No importa que haya evidencia en contrario. El domingo El Economista nos recordó que mientras que el total de elementos del Ejército en las calles pasó de 37,253 a 90,023 elementos (141%) entre 2006 y 2021, las muertes violentas pasaron de 10,452 a 35,625 (241%). Esto no quiere decir que el Ejército sea el único responsable de todas esas muertes; lo que quiere decir es que la estrategia de seguridad es fallida.
Nos han vendido la solución a un problema cuando en realidad ahora tenemos dos. La criminalidad es una empresa transnacional que controla bastos territorios de México y de otros países. “Los cárteles mexicanos dominan cada vez más extensas zonas de nuestro territorio ejerciendo un control político de la población que obstaculiza la construcción de paz”, señala un diagnóstico del presidente Petro en Colombia revelado por la Revista Proceso este fin de semana, tal como sucede en México. El propio Petro ha privilegiado la construcción de la “seguridad humana”, empoderando a las comunidades, eliminando la idea del enemigo interno (como sí lo sostuvo el General Crescencio Sandoval en su discurso del 13 de septiembre) y desmilitarizando, es decir, deteniendo la confrontación violenta.
En México, mientras tanto, no sólo se reproduce la estrategia fallida. El nuevo problema es que el mismo Ejército de la contrainsurgencia en Guerrero y Chiapas y el de la guerra contra el Narco de Tlatlaya, Ayotzinapa, los estudiantes del Tec en Monterrey, Allende, y un largo, largo etcétera, ahora tiene facultades de primer respondiente, pero manteniendo la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas: es decir, las condiciones para la tormenta perfecta como señalamos la semana pasada, para la corrupción y los crímenes atroces.
No es que los civiles sean mejores que los militares (o viceversa); el tema es que las instituciones civiles y las militares tienen tareas y propósitos diferentes, que mal utilizados pueden ser catastróficos, como la historia nos lo ha mostrado. Es como si nos pidieran confiar en los ingenieros mecánicos para llevar a cabo cirugías porque tienen buena aceptación. El argumento se cae por sí solo, pero en la emergencia vende. La confianza es importante, pero requiere fortalecerse con evidencia, transparencia y rendición de cuentas; de lo contrario, perece.
Esto lo saben los políticos de todos los partidos quienes se oponen en la oposición, pero se someten siendo gobierno. Lo sabe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien en una vergonzosa abdicación se negó a ejercer una acción de inconstitucionalidad por la militarización de la Guardia Nacional (por decisión de Francisco Estrada, el secretario ejecutivo que tiene secuestrada a la presidenta Rosario Piedra. O eso quiero pensar, porque de otra forma no entendería una abdicación a su propia historia como hija de Rosario Ibarra y hermana de Jesús Piedra, desaparecido por este mismo Ejército en el contexto de una estrategia de seguridad interna, que a la fecha permanece sin esclarecer y en la impunidad).
Pero también lo saben las propias Fuerzas Armadas que han sufrido la exposición a la corrupción y a la violación de derechos humanos a costa de su propio desgaste interno y externo. Sólo les conviene a quienes lucran con el crimen y a quienes, por encima del interés común de la paz y el estado democrático de derecho, nos extorsionan con la violencia para vendernos una seguridad que inquieta, como retoma el informe de México Evalúa, en un ciclo infinito.
Este lunes se discutió en Comisiones del Senado la reforma que extiende el uso de las fuerzas armadas en seguridad pública hasta 2029, otra vez. El argumento reeditado es que las instituciones civiles no están listas para asumir la tarea. Sin embargo, nadie propone qué hacer para crear una institucionalidad de seguridad pública que prescinda de las Fuerzas Armadas y un plan efectivo de seguridad ciudadana que acabe con la violencia y reconstruya la convivencia democrática. Al igual que en el cobro de piso, en una relación desigual de poder, los de arriba nos venden seguridad y mantienen la violencia.
