Washington – No hace falta que un periódico extranjero nos dicte pauta citando una fuente anónima del gobierno mexicano para saber que los expresidentes pueden estar involucrados en delitos de corrupción.
La realidad económica, la inseguridad, el enriquecimiento inexplicable de políticos y de unos cuantos empresarios dueños de casi todo en México, son evidencia irrefutable de que la nación ha sido saqueada a expensas y caprichos de expresidentes en turno.
La semana pasada The Wall Street Journal, diario estadunidense especializado en temas financieros, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría tener bajo investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso de corrupción que involucra a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex capturado en España.
Es lógico que Peña Nieto y ex integrantes de su gabinete como Luis Videgaray Caso, en la Secretaría de Hacienda y luego en Relaciones Exteriores, entre otros, estuvieran enterados de las irregularidades cometidas por Lozoya Austin en Pemex. Es imposible que el entonces presidente e integrantes de su gabinete no lo supieran.
Desde épocas remotas los ex titulares del Poder Ejecutivo se han burlado de los mexicanos: Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto han sido coparticipes de todos los males que aquejan a México.
Ellos y varios de sus antecesores han sido inmunes a la justicia.
Con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, nació la esperanza de que en México empezaría el combate a la corrupción, la aplicación de la justicia y el esperado castigo a los corruptos.
El presidente López Obrador sorprendió a propios y extraños con la noticia que de no tocaría a los intocables. De inmediato especificó que su mandato no enarbolaría la cacería de brujas y se enredó en la bandera del amor y paz; en los abrazos no balazos; en el perdón y el olvido.
El viernes 21 de febrero durante su conferencia de prensa mañanera en La Paz, Baja California, el mandatario mexicano volvió a desechar la esperanza de los mexicanos de que su gobierno sometería a juicio a sus antecesores:
“No se trata de llevar a cabo una persecución, pero sí de hacer justicia. No sólo es castigar, también prevenir, que ya no haya corrupción. Es lo que más nos importa. Miren mi pañuelo blanco a los conservadores. No soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto”, declaró muy a su estilo López Obrador.
Tenemos claro que el titular del Ejecutivo no es ni se compara con sus predecesores, particularmente porque sabemos que por lo menos es un político honesto que se debe a la nación, y precisamente por eso debería demostrar que la basura en su gobierno no se esconde debajo de la alfombra. Si va a limpiar al país de corrupción como tanto lo pregona y presume, que empiece por los auténticos responsables de tanta pobreza e inseguridad.
Nuevamente el tabasqueño se salió por la tangente de posibles procesos penales en contra los expresidentes, no sin antes lavarse las manos todavía más que Pilatos al decir que si los mexicanos queremos que se proceda de otra forma nos organicemos y recabemos firmas.
Si en México la justicia se aplicara por populismo, seguro estoy de que habría más políticos y empresarios en la cárcel que delincuentes comunes.
La retórica de López Obrador duele porqué no se atreve, como han hecho los gobiernos de otros países, a someter a juicio y procesar a expresidentes corruptos. Evidencias no han de faltar en los expedientes que heredó la FGR de la desaparecida Procuraduría General de la República.
Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera puede ir atando cabos así como ha estado haciendo para completar el rompecabezas con piezas y fichitas como Lozoya Austin.
Hace falta talante para demostrarle al país que a la hora de verdad la lucha contra la corrupción del presente y el pasado no tendrá paragón.
Acostumbrados y cansados de la impunidad a los niveles más altos de gobierno, la negativa del presidente de tocar a sus antecesores se percibe como colusión y como el típico arreglo entre políticos en lo oscurito para ocultar sus fechorías y repartirse el botín.
Así como de manera apabullante se votó en el país para poner a López Obrador en la presidencia, así sería también la recaudación de firmas para procesar judicialmente a Echeverría Álvarez, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
La prerrogativa de AMLO y del congreso mexicano sería adecuar un marco legal para llevarlo a cabo a través de la FGR o cualquier otra dependencia federal, sin embargo, todo parece indicar que el presidente no lo hará.
