Por Marco Antonio Castillo Martínez
Hace 200 años, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, declaró la infame consigna de “América para los americanos”, y con ello marcaría el futuro de la política exterior de los Estados Unidos hacia los países al sur de su frontera.
La postura política de que todo lo que sucede en América Latina es del interés de los Estados Unidos de Norteamérica, con la consigna de detener cualquier tipo de movimiento social o gobierno que se oponga a la hegemonía de las barras y las estrellas, fue la génesis del episodio más trágico de la historia moderna de la región.
Desde que los ingleses llegaron a los Estados Unidos, tan pronto se encontraron con grupos nativos, la doctrina del “Descubrimiento”, declarada por el Papa Alexander VI para darle dominio a los colonizadores sobre las “nuevas” tierras, justificó el genocidio de los pueblos indígenas de la región. Posteriormente, la Doctrina Monroe también justificó el genocidio y la guerra de baja intensidad de Estados Unidos sobre las naciones del continente americano.
En nombre de la Doctrina Monroe, Estados Unidos intervino en el gobierno democrático del presidente Salvador Allende, en Chile; apoyó la contrainsurgencia en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, invadió Panamá, y más recientemente, apoyó los golpes militares en Honduras e intervino militarmente en Haití, y es bajo esta misma doctrina, que Estados Unidos se apropió de la mitad del territorio de México.
De acuerdo con organizaciones como el Centro de Investigación sobre Política Económica y Global Exchange, Estados Unidos opera la Doctrina Monroe por vías complementarias y contradictorias. Por un lado, ofreciendo créditos de largo alcance a través de instituciones financieras “independientes” como el FMI, que han demostrado que suben o reducen tasas de interés y plazos en función del sometimiento dictado desde los Estados Unidos. La otra vena intervencionista es a través del financiamiento a organizaciones no gubernamentales (ONG), usando agencias de cooperación internacional como la United States Agency for International Development (USAID), quien oferta una supuesta promoción de la defensa de los derechos humanos, financiando proyectos que históricamente se oponen a regímenes no sometidos a los Estados Unidos; también lo hace a través del control del comercio regional, y por último, en caso de ser necesario, a través de la intervención militar.
Por medio de estas estrategias, Estados Unidos, se viste por un lado de vecino amable y cooperador, respetuoso de las democracias, y por otro lado, profundiza la polarización política, endeuda a las naciones y finalmente, impone el brazo militar.
A 200 años de la Doctrina Monroe, debemos mirar con particular atención las recientes editoriales y declaraciones de los republicanos norteamericanos, sobre la posibilidad de una intervención militar en México, y el silencio de los demócratas frente a estos llamados. Estos argumentos, más allá de la irritación de las y los mexicanos, buscan generar las condiciones para la campaña electoral que se viene en el 2024.
Igual que sucedió con el programa Quédate en México, que terminó obligando a México a recibir a las personas solicitantes de asilo y protección internacional, mientras esperan la resolución de sus casos en Estados Unidos. Unos años después, Donald Trump intenta montar su campaña en la posible intervención militar a México, prometiendo una falsa solución a la crisis de fentanilo en su país, al tiempo que intenta intimidar a nuestro país. Al final, tal vez no habrá tal intervención ni se resolverá la crisis, pero puede abrir el espacio para negociar la presencia de fuerzas militares en México.
Por eso y por los miles de muertos del intervencionismo estadounidense, hoy América Latina debe exigir el fin de la Doctrina Monroe, y Estados Unidos debe detener esta política de muerte.
