Federico Anaya Gallardo
En la República del Ecuador, desde 2018, el Lawfare ha permitido la ilegalización facciosa de las candidaturas “correístas” más conspicuas: la de Rafael Correa Delgado (n.1963) en la elección presidencial ordinaria de 2021 y la de Jorge Glas Espinel (n.1969) en la elección extraordinaria de 2023. La semana pasada repasé en este espacio el mecanismo a través del cual la Derecha ecuatoriana armó la trama judicial en contra de sus oponentes. Lo resumo en cinco pasos: (1) un referéndum convocado por el presidente Lenín Moreno Garcés –pero NO validado por la Corte Constitucional– decapitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCyCS); (2) esa consulta autorizó que un “consejo que asumió transitoriamente las funciones” del CPCyCS evaluara a las autoridades cuya designación correspondía al CPCyCS; (3) se autorizó a ese consejo provisional a que “anticipara la terminación de los períodos” de quienes estaban entonces en funciones en otros poderes; y (4) de este modo se cambió la composición del Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General, la Fiscalía General, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Aparte, (5) al cambiar el Consejo de la Judicatura, la Derecha pudo colonizar los tribunales y asegurar que sus enemigos fueran tratados con dureza.
Debo subrayar que la Derecha ecuatoriana no considera lo anterior como intrínsecamente ilegítimo. Tan le parece “bueno” que cuando en 2021 el Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas cuestionó esa macro-maniobra de “renovación institucional”, el gobierno de Quito admitió lisa y llanamente que, gracias a la designación del “consejo provisorio” que sustituyó al CPCyCS, habían sido nombrados nuevos miembros principales del Consejo de la Judicatura y se había exhortado a ese órgano a evaluar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
No es solamente que el abuso y manipulación de las instituciones constitucionales se haya normalizado en el pensamiento de la Derecha ecuatoriana. Hay algo más. Los operadores del polo conservador del espectro político ecuatoriano no son únicamente “malvados cínicos” que aprovechan su paso por el poder público para “hacer trampa”. Si escuchamos con atención la entrevista dada por Daniel Noboa Azín, actual presidente del Ecuador, a la cadena de televisión australiana SBS hace unas semanas, veremos a un hombre sinceramente convencido de que está luchando en contra de un monstruo terrible formado por una alianza de narcotraficantes, políticos de Izquierda y gobiernos extranjeros (México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Brasil…).
Es muy triste la situación cuando debemos preguntarnos ¿qué cosa es peor? ¿un político malvado que cínicamente abusa de las instituciones constitucionales ó un verdadero creyente en la cruzada contra el “narco-comunismo”? Estamos, para usar términos bíblicos, atrapados entre los fariseos (hipócritas cínicos) y los zelotas (verdaderos creyentes fanatizados).
Pero hoy quiero llamar tu atención, lectora, acerca de otra dimensión del problema del Lawfare. Paradójicamente, la “guerra judicial” también se ha usado contra los presidentes ecuatorianos de Derechas. En medio del escándalo provocado por el allanamiento de la embajada mexicana en Quito, tanto la opinión pública como la opinión publicada hemos olvidado que Guillermo Lasso Mendoza (n.1955), político conservador electo para el periodo presidencial 2021-2025, no pudo terminar su mandato –porque también se aplicó en su contra un procesamiento judicial.
Veamos los hechos. La Administración Lasso inició en Mayo de 2021 y debía terminar cuatro años más tarde (Mayo de 2025). En Julio de 2021, Lasso nombró a Hernán Modesto Luque Lecaro como titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). EMCO es una corporación paraguas creada en 2015 (es decir, en la última Administración Correa) para planificar, articular, coordinar y controlar políticas y acciones de todas las empresas públicas ecuatorianas. Luque Lecaro es un egresado de la Florida State University (EUA) y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México). Exitoso empresario, había sido “gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil, gerente general de CreditLine S.A., y vicepresidente de negocios del Banco Amazonas. También ocupó varios altos cargos en el Banco de Guayaquil”. (Liga 1.) Luque duró en el encargo apenas año y medio, saliendo en Diciembre de 2022.
En Enero de 2023 empezaron a filtrarse a las redes sociales ecuatorianas audios de conversaciones que incriminaban a Luque Lecaro como centro de una red de corrupción. El medio digital La Posta (hoy Café La Posta), fundado en 2017 y quien fuera pionero en las acusaciones de corrupción contra el expresidente izquierdista Rafael Correa Delgado, fue el primero en difundir esos materiales. Luque habría cobrado por colocar a ciertas personas en las empresas públicas y habría recibido pagos mensuales millonarios a cambio de sus favores. (Liga 2.)
El Comercio de Quito –que es un medio de Derechas y neoliberal– reportó que en la trama corrupta de Luque Lecaro estaba implicado un cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera Drouet (n.1938). Carrera y Lasso habían fundado en 1981 la compañía Financiera del Sur, S.A. (Finansur) que luego se convirtió en el poderoso Banco de Guayaquil –adonde trabajó Luque. El escándalo era tan grande que el presidente Lasso envió dos cartas públicas a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en las que señaló que su Administración perseguiría a los funcionarios señalados. Luque Lecaro ya había escapado a Argentina –adonde aún se sigue tramitando su extradición (Mayo de 2024). Carrera Drouet fue arrestado y dada su avanzada edad (86 años) fue puesto en prisión preventiva domiciliaria. (Liga 3.)
Otro de los acusados en esa trama, Rubén Cherres Faggioni (n.1961), empresario ligado a Carrera Drouet, fue torturado y ejecutado –junto con otras tres personas– en Abril de 2023. Así lo reportó Manuela Cano para France24. Siguiendo a La Posta, Cano aseguraba que “Cherres habría ayudado a allegados a conseguir contrataciones y ubicarse en la Administración Pública”. El caso, bautizado por La Posta como “Gran Padrino” pasó a conocerse como “Encuentro” una vez que la Fiscalía General empezó a investigarlo oficialmente. Ambos medios señalan que la trama de corrupción gubernamental se ligaba al narcotráfico a través de Cherres. (Liga 4.)
Explicado lo anterior, regresemos a la correlación de las fuerzas políticas ecuatorianas en ese momento.
En las elecciones de 2021, Andrés Arauz, el candidato de la Izquierda (amalgamada alrededor de la Revolución Ciudadana correísta), había quedado en primer lugar –con 32.72% de los votos. El segundo lugar se lo disputaban el derechista Lasso por el neoliberal Movimiento CREO –con 19.74%– y Yaku Pérez por el indianista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) –con 19.39%. (La división entre el izquierdismo correísta y el movimiento indianista es uno de los elementos más notables y dolorosos en el panorama socio-político ecuatoriano, y debería llamarnos la atención a todos los latinoamericanos, pero en especialmente a las y los mexicanos.)
Lasso ganó la elección presidencial de 2021 en segunda vuelta con 52.36% de la votación contra 47.64% del correísmo abanderado por Arauz. Pero el Movimiento CREO de Lasso no alcanzó a controlar el poder legislativo, que en Ecuador es unicameral. La Asamblea Nacional del Ecuador tiene 137 curules y la composición de la IV Legislatura reflejaba la polarización política y la fragmentación partidista. El correísta Revolución Ciudadana se quedó con 47 curules (34%, apenas un tercio de la asamblea). El indianista Movimiento Pachakutik quedó con 24 curules (17%). La tercera fuerza parlamentaria fue el partido Izquierda Democrática (que había competido con su propio candidato presidencial) con 15 curules (11%). El partido neoliberal de Lasso, CREO, apenas tenía 13 diputados (9%) y era la cuarta fuerza en el parlamento. Otros 38 curules se repartían entre diez diferentes agrupaciones políticas.
En esta circunstancia, el escándalo del caso “Encuentro” fue explotado por las dos oposiciones de Izquierda en la Asamblea Nacional (la correísta y la indianista). A principios de Marzo de 2023 la Asamblea Nacional inició un Juicio Político contra el presidente. A fines de Marzo de 2023 la Corte Constitucional autorizó el impeachment. El 16 de Mayo de 2023 el presidente Lasso compareció ante el parlamento para defenderse. La probabilidad de que se reuniesen los dos tercios necesarios para destituirlo era muy alta. El 17 de Mayo de 2023, Lasso disolvió el parlamento.
Esta última medida está permitida por el Artículo 148 de la Constitución (correísta) de 2007, pero implica la “muerte cruzada”. Lasso disolvía la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, pero entonces terminaba también su Presidencia. El movimiento –como todos las jugadas importantes del sistema político ecuatoriano correísta– debía ser autorizado por la Corte Constitucional. Esta instancia consideró válida la “muerte cruzada” y se convocó a elección extraordinaria de Presidencia y Asamblea Nacional para el día 20 de Agosto de 2023.
La caída de la Presidencia Lasso en Ecuador nos plantea la posibilidad de que el Lawfare ó guerra judicial sea un mecanismo que afecta a ambos lados del espectro político. Es decir, que no es sólo un instrumento de las Derechas latinoamericanas para derrocar a gobiernos progresistas. Por hoy, sólo señalaré el mejor ejemplo de esto. En el vecino Perú, la beneficiaria del golpe de Estado parlamentario de 2022 en contra del izquierdista Pedro Castillo, Dina Boluarte, acaba de ser acusada ella misma de corrupción en Marzo de 2024.
Parecería que la parte beneficiaria del Lawfare no es la Derecha política, sino algo más fuerte, más complejo y de mayor profundidad social: son las oligarquías que dominan las sociedades de Nuestra América. Esas oligarquías usan el Lawfare no sólo contra la Izquierda sino contra sus propios voceros, cuando estos les resultan inútiles ó molestos. El problema es que también usan el Lawfare para atacarse entre ellas –lo que causa una grave inestabilidad institucional.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://gk.city/2023/01/19/quien-es-hernan-luque/
Liga 2:
https://www.youtube.com/watch?v=CEr25o5Rll4
Liga 3:
Liga 4:
