Por Marco Castillo
La reciente implementación de nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos que sustituyen al llamado Título 42, establecido por la administración de Trump, es la más reciente prueba del nativismo y conservadurismo que predomina los mismo en el partido demócrata y que en el conservador partido republicano.
Y es que luego de ofrecer durante su campaña que desmontaría la política anti inmigrante de Donald Trump, con la promesa de sustituirla por políticas humanas y empáticas con las causas de la migración, el gobierno de Joe Biden no sólo ha estado muy lejos de cumplir su palabra, sino por el contrario, está profundizando varias de las decisiones del exmandatario republicano.
Desde el arranque de su administración, Joe Biden nombró a la Vicepresidenta Kamala Harris como la responsable de encabezar los esfuerzos para atacar las causas de la migración forzada en la región. Estos esfuerzos fracasaron desde el primer día de su gestión por la falta de un diálogo democrático y un diagnóstico regional con enfoque de derechos humanos y políticos, reduciéndose a la promesa de establecer empresas trasnacionales que “detonarían” polos de desarrollo económico y el fortalecimiento de los sistemas de justicia. Contrario a sus promesas la vicepresidenta Harris, terminó amenazando a la población de la región con un doble discurso, por un lado, aparentando una supuesta preocupación por la vida e integridad de los migrantes, pero por otro lado, advierte que no deben visitar los EE.UU, pues “pueden enfrentar muchos peligros, incluyendo la muerte”.
Por si esto no fuera suficientemente vergonzoso, la administración de Biden, dio por terminado el Título 42, que por tres años causó más de 13 mil episodios documentados de tortura, secuestros y otros ataque brutales, y terminó restableciendo el Titulo 8, que entre otras cosas mantienen la discrecionalidad de las autoridades fronterizas para deportar de forma inmediata y obliga a las personas a usar una aplicación para solicitar el asilo, además de enviar a mas de 1,500 elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos a la frontera con México.
Es muy probable que el plan de atacar las causas del problema seguramente fracasará, particularmente porque son las mismas trasnacionales las que históricamente han sido las responsables del extractivismo, de la explotación laboral y de la persecución de líderes sindicales. El fortalecimiento de los sistemas de justicia difícilmente rendirá frutos si no incluye la discusión de los paradigmas de seguridad que han desangrado a la región, por medio de unidades policiales y militares que, lejos de proteger la ley y el orden, se articulan con el crimen organizado y la corrupción gubernamental, para amenazar, criminalizar, encarcelar y asesinar a la población regional. Por el otro lado, mantener el esquema de cuello de botella en la frontera sólo profundizará la injusticia que pesa sobre las comunidades e incremetará la vulnerabilidad a la que son expuestas las personas migrantes. Obligar a las personas a aplicar por asilo a través de una aplicación es una forma de discriminación. Enviar a la Guardia Nacional, es construir condiciones de una desigual guerra frente a una situación de emergencia humanitaria.
Finalmente, obligar a México y a los países de la región a operar la política migratoria de los Estados Unidos, es una decisión intervencionista y de corte facista, que la administración de Trump implementó con amenazas de guerra fiscal, amenazas que el gobierno de Joe Biden debió haber desinstalado de inmediato.
Es necesario convocar a un gran diálogo regional para avanzar en la implementación de la ciudadanía regional, ampliar la capacidad de asilo de los gobiernos de la región y nivelar a la movilidad humana con el comercio regional.
La falsa dicotomía de muros o caos, es falsa. Muchas regiones del mundo tienen acuerdos de movilidad regional. La única razón por la que esto no sucede, es porque Estados Unidos gana más dinero explotando a trabajadores indocumentados que regularizándolos. La perversa estrategia gubernamental alimenta los sentimientos nativistas del electorado en aquel país, promoviendo el discurso mediático de “la amenaza que viene de la frontera sur”, justificando la aplicación de severas políticas restrictivas en la frontera, logrando mayores controles sobre la vida política de la región.
En el asunto migratorio, demócratas y republicanos son de los partidos políticos más conservadores del mundo, ni uno ni otro van a salir por sí mismos de esa posición. Esos cambios deberán ser impulsados a través de la organización y articulación de los pueblos.
