El análisis de los hechos permite confirmar:
Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas el pasado jueves 18, ha suscitado una escalada de opiniones en medios y redes que oscilan desde las descalificaciones que afirman que no se dijo nada nuevo ni hay un cambio sustancial en la “verdad histórica”, hasta las más entusiastas que confían plenamente en que el documento traza la ruta hacia la verdad, la justicia y la reparación del daño. Desestimar el informe ha sido la posición asumida por los medios y los comunicadores del viejo régimen (añorantes del chayote), así como por la famélica oposición, mientras que en el otro extremo se ubican las personas y los medios más cercanos o afines a la 4T. Miserables los primeros, zalameros los segundos, en mi opinión ubicarnos a medio camino entre uno y otro extremo quizás sea la vía para un análisis reflexivo y equilibrado del informe y sus anexos. Y por supuesto, para reflexionar sobre el informe y sus inmediatas consecuencias, en particular, la detención del autor de la infame “verdad histórica”, Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Alejandro Encinas, a nombre del Estado mexicano, reconoció que la desaparición, tortura y asesinato de los normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 (y días posteriores) fue un crimen de Estado. No es un asunto menor y aunque siempre lo supimos y así lo gritamos en las calles y las plazas del país, que se reconozca desde las más altas autoridades del gobierno federal, a partir de evidencias, es un hecho sin precedentes en el país. Afirmar que, en efecto, #FueElEstado, es una declaración esencialmente política (puesto que no existe un delito tipificado como tal) pero toda vez que los responsables del crimen tienen nombre y apellidos, las consecuencias jurídicas son inminentes. Es pronto para saber el alcance de esas consecuencias, pero no se puede subestimar la relevancia del reconocimiento de que fue un crimen de Estado, y que personas que ocupaban cargos en diferentes niveles y órdenes de gobierno de ese Estado fueron los responsables del secuestro, tortura y asesinato de los jóvenes normalistas y de otras personas que murieron o fueron heridas esa noche (y días posteriores) en Iguala y municipios aledaños.
La llamada “verdad histórica” ha sido desnudada y evidenciada como lo que siempre fue: un montaje para dar por cerrado el caso y proteger a funcionarios de diferentes niveles y ámbitos de gobierno. El informe demuestra, en esencia, que los 43 estudiantes no estuvieron juntos todo el tiempo, fueron separados en al menos 3 grupos y no fueron incinerados en el basurero de Cocula. El informe señala, también, que hay evidencias de que al menos 6 estudiantes permanecieron con vida hasta el día 30 de septiembre. Apunta, también que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos” (p. 94). Si toda esperanza de encontrarlos con vida se ha extinguido, lo menos que pueden y deben hacer las autoridades es continuar las averiguaciones para dar con los restos de los jóvenes y entregarlos a sus familiares.
Por otra parte, ha trascendido que la “verdad histórica” fue urdida por Murillo Karam en contubernio con funcionarios civiles y mandos militares en una reunión celebrada en Iguala el 7 de octubre de 2014. En esa reunión habrían participado el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, Omar García Harfuch (entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero y hoy secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México), Tomás Zerón de Lucio (entonces director de la Agencia Federal de Investigación Criminal), entre otras autoridades civiles. Es poco probable que los pormenores de la reunión para fabricar la “verdad histórica” fueran desconocidos por el almirante José Rafael Ojeda Durán, actual secretario de Marina y en ese entonces comandante de la Octava Región Naval Militar (que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas), así como por el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo. Inclusive, para nadie resultaría una sorpresa saber que tanto el almirante Ojeda como el general Saavedra, o sus representantes, participaron en la reunión para urdir la “verdad histórica”. Y qué decir del entonces secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda quién negó cualquier participación del ejército en la noche de Iguala e inclusive se negó a que sus subordinados fuesen interrogados. “No voy a permitir que interroguen a mis soldados por caso Ayotzinapa”, dijo Cienfuegos.
A reserva de conocer quiénes son los funcionarios municipales, estatales y federales investigados, hay nombres que deben estar en esa lista; si no lo están, la omisión puede dar lugar a fundadas sospechas de que el informe podría ser un paso hacia una suerte de carpetazo histórico del caso Ayotzinapa. En particular, es de enorme relevancia que los integrantes de las fuerzas armadas sean investigados a fondo a efecto de deslindar su nivel de responsabilidad en el crimen de Estado. Se habla de que hay órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y tropa de los batallones 27 y 41 destacamentados en Guerrero. Bien, es lo mínimo que se espera de una investigación seria y a fondo, pero sería una señal de alarma que sus mandos superiores no fueran llamados a declarar, cuando menos.
La investigación debe esclarecer la cadena de mandó que ordenó infiltrar a los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y por qué no se hizo absolutamente nada para rescatar al elemento infiltrado, Julio César López Patolzin, cuando cayó en manos de la policía municipal y del grupo delincuencial. López Palotzin reportaba las actividades de los normalistas al teniente de infantería Marcos Macías, del 27 batallón, quien, es de suponer, no actuaba por iniciativa propia sino cumpliendo órdenes superiores.
A la luz del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es imprescindible que los mandos navales y militares rindan su declaración sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre, también sobre la participación del ejército y la marina en la construcción de la “verdad histórica” y sobre el ominoso silencio que han guardado desde hace ocho años; un silencio que sólo se explica por su complicidad, su ineptitud o su cobardía. O por las tres razones.
El informe presentado por Alejandro Encinas nos acerca mucho a la verdad, sin duda, pero no necesariamente a la justicia. La detención del exprocurador Murillo Karam es un signo alentador, pero de eso a fincarle responsabilidades jurídicas hay una gran distancia. No será sencillo porque hay innumerables obstáculos: alteración de la escena (o escenas) del crimen, destrucción de evidencias, ocultamiento de documentos y fallecimiento (por muerte natural o por homicidio) de decenas de personas involucradas en el caso. Y, por supuesto, Murillo Karam no es el único que debe ser detenido y presentado ante la justicia, el informe señala que las indagatorias deben continuar para deslindar responsabilidades de unas ochenta personas, entre integrantes del grupo Guerreros Unidos y funcionarios municipales, estatales y federales. Por el carácter reservado de la investigación en curso, el informe omite los nombres de los supuestos delincuentes y de los funcionarios sujetos a indagatoria.
El efecto en cadena del informe ha iniciado, lo que no sabemos es hasta donde llegará. La “verdad histórica” ha sido derrumbada con evidencias, esperemos que el informe no sea el primer paso del carpetazo de Estado con el que se pretenda cerrar el caso y proteger a quienes en aquel entonces ocupaban los más altos niveles de las instituciones del Estado, en primer lugar, por supuesto, Enrique Peña Nieto.
